El pasado 14 de diciembre, en una entrada de este mismo blog, denuncié la inacción o pasividad del Gobierno del Estado en relación con el muy preocupante incremento de los precios de los billetes aéreos entre la Península y Canarias, un asunto en el que el Ministerio de Fomento puede hacer mucho más de lo que dice y hace -especialmente cuando se le presentan datos que demuestran que las tarifas han subido un 15 por ciento entre 2011 y 2014 y que, en determinados picos de demanda, ese incremento llega a duplicarse o triplicarse-.

Malo es que los precios aéreos alejen a Canarias de España, pero aún peor es que al PP le dé igual que esto ocurra; también en esto, el PP mira hacia otro lado, se desentiende, pasa de los canarios. Como se apuntó desde la tribuna del Congreso días atrás, en el transcurso del debate de la nación, el PP gobierna contra las instituciones y contra los ciudadanos; en este caso, el PP gobierna contra los canarios.

La preocupación por este asunto no es nueva en mi Gobierno; sobre todo desde la desaparición de Spanair alerté de las posibles consecuencias que tendría para quienes vivimos en el Archipiélago la pérdida de conectividad, que se traduciría en una merma de frecuencias y en una subida de precios.

El Ministerio se escuda en conceptos como la libre competencia para escabullir su responsabilidad, pero sabe perfectamente que hay mecanismos e instrumentos que se pueden utilizar para modular los precios con el fin último de garantizar las conexiones aéreas entre el territorio continental y un Archipiélago considerado región ultraperiférica por la Unión Europea -precisamente, gracias a ese estatus jurídico, los canarios no tenemos por qué ser las víctimas de unas leyes de mercado que, en este caso, se pueden flexibilizar-.

En reiteradas ocasiones he pedido al Estado la declaración de obligaciones de servicio público en las conexiones aéreas entre Canarias y la Península, un mecanismo que, además de permitir un mínimo de conexiones, también podría fijar un precio máximo para los billetes. No es en modo alguno una demanda caprichosa, no exigimos un trato de privilegio, sino que se garantice el derecho efectivo de los canarios a viajar a la Península en la mismas condiciones que los ciudadanos residentes en territorio continental.

No habrá cohesión social ni convergencia económica con el Estado si no se garantiza este derecho básico a quienes residimos en Canarias. El Gobierno del PP no parece entender el carácter estratégico del transporte aéreo en un Archipiélago que se encuentra a más de 1.200 kilómetros del continente europeo. También en esto pretenden dejar en manos de los mercados la regulación de un sector que, insisto, en este caso, ha de estar vigilado para que cumpla su función socioeconómica.

Es lamentable que el Gobierno del Estado también se desentienda de Canarias en esta materia. Cuando no es el rechazo a la bonificación de las tasas aéreas es la exigencia de presentar el certificado de residencia o la privatización de los aeropuertos. La política del PP en materia de transportes con respecto a Canarias constituye una irresponsabilidad respecto al territorio más vulnerable del Estado.

No se puede entender tal empecinamiento y tal abuso con una tierra a la que se le debería tratar no sólo con la justicia debida, sino con una mayor complicidad dada sus propias debilidades estructurales. Para el Gobierno del PP el Estado parece acabar en Cádiz, para los canarios el desafecto con el Estado empieza en el mismísimo aeropuerto.