Alrededor de un 5% de la población residente en Canarias salió a la calle, el
pasado sábado, para manifestarse y reivindicar la limitación del crecimiento en
las Islas, además de exigir un cambio en el modelo de desarrollo turístico del
Archipiélago.
Las crecientes dificultades para movernos por carretera, la escasez de
viviendas, las colas en los hospitales, el desbordamiento de los colegios, el
deterioro de nuestro territorio, con el consumo salvaje del suelo y el desgaste
del paisaje, los bajos salarios en el sector servicios, la paralización de grandes
proyectos turísticos en ejecución, el encaje del turismo vacacional, la demanda
de una tasa turística o, entre otros, una nueva moratoria son solo algunos de
los argumentos esgrimidos por las organizaciones convocantes, escuchados en
las calles de las ocho Islas.
No obstante, Canarias en su conjunto no es homogénea ni uniforme en el
reconocimiento de sus problemas y de sus fortalezas y debilidades.
Los problemas sufridos en La Palma, La Gomera y El Hierro nada tienen que
ver con su modelo de desarrollo, por lo que difieren del modelo y las
dificultades imperantes en las islas con mayor presión del turismo de sol y
playa, como son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y,
lamentablemente, también La Graciosa.
Las debilidades de las llamadas Islas Verdes para incorporarse al carro del
turismo de sol y playa les permite repensar ahora su modelo de crecimiento,
aprovechando la experiencia de las buenas prácticas acumuladas en los
últimos cuarenta años en las islas restantes y evitar la repetición de los errores
cometidos en el desarrollo de éstas.
El “Basta ya” escuchado ahora en las calles de las Islas es sentido y
compartido por muchas más de las casi cien mil personas que, según los datos
ofrecidos por las autoridades, salieron a expresar sus inquietudes en estas
manifestaciones.
El sentimiento generalizado de que somos demasiados dentro de un territorio
limitado en materia de carreteras, hospitales, colegios, empleo, recursos
naturales o viviendas, con una demanda creciente en todos los ámbitos. En
islas como Fuerteventura, la masiva colonización foránea condena, poco a
poco, la cultura, la idiosincrasia y la identidad del pueblo majorero.
Pasadas las manifestaciones, le damos vueltas y más vueltas al sentimiento
compartido de agobio y pérdida de bienestar y calidad de vida.
Irresponsablemente, algunos cargan contra la actividad turística. Es decir,
contra el pilar que sostiene nuestra economía. Las propuestas de creación de
comisiones de estudio, con la participación de las Universidades, vuelven a
estar sobre la mesa. Incluso, decisiones tomadas al calor de la protesta de una

parte de la ciudadanía cercenará algunos proyectos que ayudarían en la
apuesta por la diversificación económica.
Mientras tanto, muchos canarios y otros tantos ciudadanos venidos de fuera,
que viven aquí y comparten nuestros problemas, esperamos con ansiedad que
alguien ponga sobre la mesa el verdadero problema que tiene Canarias y del
cual deriva la mayor parte de las situaciones denunciadas en las protestas
ciudadanas: la superpoblación de las Islas.
Está claro que tenemos que convencer a la Unión Europea para lograr un
control efectivo y un filtro en la llegada de personas al Archipiélago. Téngase
en cuenta que cada año, el conjunto de las Islas crece a un ritmo de más de
veintitrés mil habitantes.
La dimensión del crecimiento poblacional en la mayoría de las Islas resulta,
sencillamente, inaguantable. Imaginémonos lo que significa dimensionar
carreteras, construir hospitales y colegios, habilitar viviendas o facilitar puestos
de trabajo si, como es el caso, Canarias crece anualmente como si
repartiéramos en las Islas todos los habitantes de Gáldar, Güímar, Tías o La
Oliva.
Abordar las respuestas a una buena parte de las demandas planteadas por
quienes estuvieron presentes en las calles del Archipiélago -y los que, no
habiendo estado, comparten también el espíritu de estas- pasa por afrontar con
determinación el control del crecimiento de la población.