Supremo descrédito.

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España ha vivido cuatro décadas de crecimiento continuado, de reforzamiento del bienestar social y de la calidad de vida. La Constitución del 78, la democracia y la descentralización del Estado han contribuido muy notablemente a dar formar a uno de los períodos más brillantes de la historia de este país. Herramientas político-administrativas a las que se unió el anhelo compartido de alcanzar la libertad que se había perdido con la dictadura de Franco.

Todos los pueblos, nacionalidades, regiones y territorios del Estado experimentaron de forma creciente una transformación total en sus infraestructuras y equipamientos, al tiempo que  la prestación de los servicios públicos básicos -como la sanidad, la educación, la cobertura del seguro de desempleo o los servicios sociales- se fue generalizando. Dirigentes políticos y vecinales, agentes económicos y sociales y la ciudadanía en general unieron sus fuerzas empujados por la ilusión que generaba la nueva situación política, convencidos de que contaban con los marcos necesarios para mejorar las condiciones de vida en todos los rincones del estado.

Las diferencias ideológicas no fueron un freno a los deseos de paz, libertad, igualdad, solidaridad y tolerancia que nos regalaba la Constitución y la democracia. Adolfo Suárez pilotó con maestría la difícil transición de la dictadura a la democracia, aprovechando la extraordinaria generosidad y altura de miras que muchos hombres y mujeres antepusieron a las diferencias que los habían separado en pasado en aquel momento todavía reciente. Solo el terrorismo del GAL, y especialmente el de ETA, amenazaron la convivencia en paz de la que disfrutábamos. La respuesta de las instituciones y de la ciudadanía ante el terrorismo fue siempre firme y contundente.

En el último quinquenio se ha abierto un debate -puede que minoritario- acerca de la conveniencia de llevar a cabo determinados cambios en la Carta Magna. La palanca que más se ha esgrimido para abordar una reforma constitucional ha sido el flanco territorial y el reconocimiento a los hechos diferenciales dentro del Estado. Ahora bien, plantar cara o responder al grave problema rupturista que se está generando en Cataluña con una reforma de la Constitución, que no genere agravios y rechazo en el resto del Estado, es prácticamente utópico. Cosa diferente es preguntarnos si la situación que se ha ido creando en los últimos años exige o no un proceso de diálogo que posibilite un consenso para impulsar la revitalización de la democracia en España, un reto que también exigiría, lógicamente, actualizar la Constitución del 78.

La credibilidad de la política, de la clase empresarial, de los sindicatos, de las entidades financieras y de la justicia, está bajo mínimos. El terreno se está abonando -por las torpezas de unos y de otros- de desconfianza  en las instituciones y en el sistema. La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar los gastos de las hipotecas es la gota que colma el vaso. La forma con la que la máxima referencia de la Justicia en España ha gestionado un asunto tan sensible para miles de familias, situándose al final al lado de los intereses de unas desacreditadas entidades financieras, invita a una reflexión profunda del sistema y de las herramientas que posibilitan su gestión.

La incapacidad política para hacer frente a los independentistas catalanes colocó al estamento judicial bajo el foco de millones de ciudadanos que apuestan por la convivencia en paz y por la solidaridad interterritorial. El desacierto con el que el Tribunal Supremo condujo un asunto tan sensible, ha calado negativamente en la sociedad, y afecta a muchos más que a los perjudicados por el pago de los gastos hipotecarios. El descrédito de la Justicia, la animadversión a las entidades financieras, la pérdida de crédito social de empresarios y sindicatos, el rebrote del frentismo, las provocaciones con los símbolos, la fractura política y el deterioro de la imagen de los partidos y de los políticos, exigen una reflexión responsable de los máximos representantes estatales que impulse una nueva transición para revitalizar la democracia renovando sus principales herramientas, entre ellas sin duda alguna también la Constitución. Lo del Supremo ha sido y es, a pie de calle, un golpe al crédito del sistema en su conjunto. Se está tardando en hacer los movimientos necesarios para dar la vuelta a la situación e iniciar el camino que lleve a la recuperación del crédito de las instituciones.