Preguntas sin respuesta en inmigración


La afirmación de que la ruta canaria se ha convertido en la vía migratoria más peligrosa ya no es solo una apreciación generalizada de quienes la conocen bien, es un hecho constatable, como lo demuestra que uno de cada cinco muertos o desaparecidos –o contabilizados– en el mundo por la Organización Internacional para Migraciones en 2021 pereció en el mar rumbo a las Islas.

Canarias fue en 2021 la puerta de entrada a Europa del 11,5% de todos los migrantes que accedieron de manera irregular a la Unión Europea por las fronteras terrestres o por las costas. Si el foco se restringe a la llegada por mar, las islas recibieron en su territorio al 17,7% de las 126.493 entradas contabilizadas el pasado año.

En la ruta Atlántica hacia Europa no solo se dejan la vida los adultos. Las cifras de la OIM también incluyen al menos a 26 niños y adolescentes muertos tratando de llegar a Canarias en 2021, siete de ellos en el primer trimestre de 2022. Las entradas de inmigrantes por Canarias han crecido más de un 59% en los primeros tres meses y medio de 2022 en relación al mismo periodo del año anterior, al pasar de los 3.980 contabilizados en 2021 a las 6.359 registradas ahora, según los datos del Ministerio del Interior.

Ante los dramáticos datos oficiales expuestos, llama poderosamente la atención la pasividad con la que el Gobierno de España y la Unión Europea están abordando la insostenible situación que se está creando. Es muy probable que las consecuencias derivadas de la pandemia y, más tarde, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, estén difuminando esta auténtica catástrofe humanitaria que está sufriéndose en el Atlántico. 

Muchos esperábamos que el encuentro que llevaron a cabo a primeros del pasado mes de abril Pedro Sánchez y Mohamed VI iba a servir, entre otras cosas, para concertar una serie de medidas que atenuaran el drama que se viene viviendo en el mar de Canarias. Ha transcurrido un mes y la salida de cayucos de las costas de Marruecos y los muertos y desaparecidos en el mar sigue produciéndose ante el silencio de las autoridades competentes.

¿Qué ha pasado con los convenios de cooperación impulsados en su día, dentro del Plan Africa II,por el exministro Miguel Ángel Moratinos con, entre otros países, Marruecos, Senegal y Mauritania? A través de estos convenios España cooperaba en infraestructuras y servicios en estos países y éstos se comprometían a llevar a cabo un mayor control de salida en origen. Y, ¿qué ha pasado con las patrulleras mixtas formadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad de estos países africanos y la guardia civil española que controlaban a las mafias en aguas territoriales mauritanas, senegalesas y marroquíes?

También cabría preguntarse por qué no está operando en el Atlántico  la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). Sin duda, la acción combinada entre cooperación en origen, control en las fronteras de los países emisores y medidas disuasorias en la proximidad de la mediana entre Canarias y Marruecos ayudaría a que las tragedias humanitarias que se están produciendo en el mar menguaran de una forma significativa.

El Gobierno de Canarias focaliza el problema en las autoridades europeas y demanda una mayor implicación de la misma. No le falta razón.

Con la misma contundencia el Gobierno del Archipiélago debe exigir al Gobierno de España una mayor implicación en las demandas ante Bruselas y también a un compromiso real en la derivación de migrantes adultos a la Península y al reparto equitativo entre las comunidades autónomas de los menores acogidos en Canarias.