Cómo acabar con los precios abusivos

Etiquetas

, , , , , ,

El pasado domingo sostuve que la defensa del interés púbico y social del transporte aéreo en Canarias no ha estado nunca en el ADN de las autoridades ni de los altos funcionarios del Ministerio de Fomento, y que, sin embargo, sí ha estado en las cabezas o en la agenda del Ministerio de Fomento las subvenciones el transporte ferroviario en general, especialmente al AVE, con fondos públicos que pagamos también los canarios. Garantizar su competitividad con otros modos de transporte sí ha sido una prioridad para los distintos equipos de Fomento.

El próximo año se cumplirán dos décadas del acuerdo histórico alcanzado en el Parlamento español entre el grupo parlamentario de CC y el Gobierno de José María Aznar. El acuerdo, que quedó incorporado en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1998, debe de ser el hilo conductor o el cordón umbilical al que los canaros debemos apelar para que de una vez por todas se mejore la accesibilidad entre las islas y de éstas con el exterior.

Los canarios merecemos y debemos exigir una conectividad aérea con la que estén garantizados los trayectos a cubrir, las frecuencias, la calidad del servicio y los precios. El nucleo central e irrenunciable debe ser que el precio del desplazamiento para un canario entre islas o entre éstas y el resto del Estado -por kilómetro- tiene que ser similar al costo que tiene un español peninsular de media utilizando los distintos modos de transporte.

En la Península la liberalización del sector del transporte favoreció una competencia feroz entre los distintos modos de transporte, especialmente entre el aéreo, el ferroviario y el transporte por carretera, del que salió muy beneficiado el ciudadano. En Canarias no disponemos ni de carreteras ni de trenes que nos conecten, de tal forma que en las islas somos unos clientes cautivos, especialmente del avión.

El riesgo que asumimos en el Archipiélago con la liberalización y privatización de las compañías públicas -al no estar garantizada la competencia- se atenuaba con las bases del acuerdo alcanzado en 1998 con Rafael Arias Salgado y Aznar, que posibilitaba el control público del sistema de prestación del transporte aéreo en Canarias y a Canarias.
Entre los puntos que formaban parte del compromiso anteriormente señalado estaba el de la declaración de Obligación de Servicio Público del transporte por avión en Canarias, imponiéndose así de forma inmediata la citada declaración del interés publico para los trayectos entre las islas. La declaración de OSP posibilita el control público del sistema. Para los trayectos con la Península se negoció la declaración de OSP, solo que en este caso no se activaría hasta comprobar como funcionaba el régimen de competencia teniendo en cuenta que a Iberia se sumaban Spanair y Air Europa.

El régimen de prestación del servicio de transporte aéreo bajo la declaración de Obligación de Servicio Público no impide, en absoluto, que exista competencia en el sector. De hecho, durante algún tiempo las compañías Binter e Islas competían en la prestación del servicio entre islas. De esa competencia se beneficiaban los ciudadanos que encontraban ofertas muy competitivas. Así las cosas, la desaparición de la competencia real en la prestación del servicio de transporte por avión entre las islas hace aún más necesaria la intervención activa de los poderes públicos para que no se produzcan situaciones de abuso en los precios y en los servicios que se prestan en el Archipiélago.

Por lo que respecta a lo vuelos que cubren los trayectos con la Península es necesario activar la OSP para atajar los abusos que se están produciendo en los costes de los billetes. El control de los precios abusivos no se consigue -como pretendió la anterior ministra, Ana Pastor- hablando con las compañías para que se comprometan a no incurrir en abusos. El control efectivo de los precios máximos se puede imponer por parte del Gobierno de España activando la Obligación de Servicio Público. El Gobierno de España tiene la herramienta para evitar posibles abusos. Canarias tiene la obligación de exigir que se active.