El tiempo nos ha dado la razón

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Entre los principios que deben marcar el camino para buscar acuerdos están los de voluntad de entendimiento, respeto y lealtad. Estos pilares nos sirven de guía para propiciar acuerdos entre personas y empresas y, además, en cualquier ámbito de la vida cotidiana. También entre instituciones y gobiernos. Sin duda, es más fácil que haya voluntad de entenderse desde el respeto y la lealtad al otro cuando los actores implicados se necesitan mutuamente. Cuando una parte no necesita a la otra y se carece de una cultura democrática sólida se puede caer en el abuso, la soberbia y el desprecio. Cuando eso ocurre la fuerza se impone y el diálogo entre iguales se convierte en una auténtica quimera.

En las relaciones Canarias-Estado, a lo largo de los casi 36 años de los que gozamos de nuestra autonomía, hemos tenido períodos de entendimiento entre los gobiernos y también tiempos políticos en los que hemos tenido que alzar la voz y defendernos de los atropellos del Gobierno de España. En general, el diálogo ha sido más propicio cuando el Gobierno central ha estado en minoría y depende matemáticamente de los votos canarios, de los escaños nacionalistas en las Cortes. Cuando en Madrid se han dado mayorías absolutas la distancia entre Canarias y el Estado se multiplicado y el diálogo respetuoso y leal se hace imposible.

En la legislatura que comenzó el 13 de diciembre del 2011 y terminó el 13 de enero de 2016, el PP gobernó con una cómoda mayoría absoluta. Los 186 diputados que obtuvo el partido de Rajoy en las elecciones del 20 de noviembre, el pésimo resultado obtenido por los socialistas y la recurrente situación de crisis dispararon de soberbia, arrogancia y altanería a su Gobierno. Todo se justificaba por la situación de crisis social y económica en la que estaba inmerso el país. La ruptura total del diálogo con otras fuerzas políticas, las leyes contestadas y los recortes marcaron esta etapa.

El escenario era el propicio para imponer las prospecciones petrolíferas en el mar de Canarias porque la situación de crisis lo justificaba todo y Repsol y sus amigos iban a resolver el problema del paro en las Islas. Poco les importaba poner en riesgo el patrimonio natural de de Canarias, principal soporte de nuestra economía. Ni siquiera contaron, en un alarde de incomprensión hacia nuestra tierra, con el alzamiento masivo de las instituciones y los ciudadanos de las Islas.

Especialmente propicio fue para Rajoy y su Gobierno la apelación a la crisis para incumplir con los compromisos firmados  con el Gobierno de Canarias. Contaron, pero se equivocaron, con una actitud sumisa por parte de los canarios.. No esperaban nuestro rechazo y nuestro compromiso firme en la defensa de nuestros derechos ante la Justicia. Entre los compromisos rotos unilateralmente por el Gobierno de España estaba el convenio de carreteras.

De acuerdo con el convenio firmado entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento hasta el año 2017 y actualizado en una adenda al mismo en el año 2009 -fruto de uno de los compromisos recogidos en el llamado Plan Zapatero- el Ministerio de Fomento debería  haber destinado a inversiones en carreteras en las islas 207 millones de euros en los presupuestos del Estado del 2012, pero solo consignó una tercera parte: 65,54 millones. El Gobierno central justificó su decisión en los recortes del gasto público que se había visto obligado a introducir para sanear las cuentas del Estado.

La Sala del Supremo ha admitido que se podrían haber modificado las cantidades, pero a través de acuerdo de las partes en la Comisión Bilateral Estado-Canarias. Según ha señalado la Sala, esa  parecía la solución más adecuada; pero no el puro y simple incumplimiento del convenio. Además, según recuerda el magistrado ponente, se hizo en el 2010 -con el Gobierno de Zapatero- cuando ambas partes acordaron reajustar las anualidades de inversión.

Con esta sentencia, Canarias no solo recupera 138 millones de euros para sus carreteras del año 2012 sino que también  se abre la puerta para que se compensen el resto de las anualidades incumplidas. Sin duda, mereció la pena sacudirse de la tiranía del Gobierno de España defendiendo los intereses de los canarios. Enhorabuena al consejero responsable de Obras Públicas de entonces, Domingo Berriel, y a los Servicios Jurídicos dirigidos por Rosa Martinez.