La llave está en el aire

Muy oportuna y acertada la iniciativa impulsada por el senador de la Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea, al solicitar la comparecencia en la Cámara Alta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Esther Sánchez, para que informe sobre las medidas que ha tomado el Gobierno de España para controlar el precio de los billetes de avión. La propuesta de Chinea vuelve a colocar en el centro del debate uno de los asuntos más trascendentes para el futuro inmediato de la economía de las islas: el abusivo precio de los billetes de avión entre La Península y Canarias.

El precio del transporte entre Canarias y el exterior es el factor que más puede afectar al turismo y, por lo tanto, al conjunto de la economía isleña. Llama mucho la atención que perdamos el tiempo en temas ampliamente superados en la cultura europea, como el pago de una tasa por ocupación turística, y que prestemos tan poca atención al elemento más limitativo que tiene la llegada de visitantes a las Islas, como es el costo del transporte: el precio de los billetes de avión nos acerca o nos aleja del continente.

Canarias compite con los mejores con su planta turística y con sus infraestructuras, también con la calidad media de los servicios que se prestan a los visitantes; además, el clima y el paisaje isleño marcan la diferencia con otros destinos turísticos, tanto en Europa como en el Caribe. El único factor que verdaderamente nos puede penalizar respecto a la competencia es el precio del transporte aéreo.

El cierre definitivo de Spanair, el 28 de febrero del 2012, fue una muy mala noticia para las islas; tampoco nos ayudará la absorción de Air Europa por parte de Iberia porque seguirá limitando la competencia en los tráficos con el exterior y nos seguirá acercando a ponernos en mano de un monopolio privado.

Es aquí donde debe intervenir el Gobierno de España, competente en la materia. La esencia del libre mercado se fundamenta en la competencia, partiendo del principio de que garantiza una mejora en la calidad de los servicios que se prestan y un abaratamiento de los precios. Desde el momento que se produzcan restricciones a la competencia podremos estar cayendo en manos de monopolios privados.

En el caso del transporte entre Islas, en el año 1998 Canarias logró un acuerdo histórico con el Gobierno de España al conseguir que el sistema se declarara como Obligación de Servicio Público, estableciéndose que una comisión mixta Gobiernos de España y Canarias fijan trayectos, frecuencias y precios en las comunicaciones interiores. El acuerdo también contemplaba que el control público también pudiera extenderse a los tráficos con Península, si se producían unas determinadas circunstancias —estamos muy próximos a ello—.

Hace más de dos años -coincidiendo prácticamente con el inicio de la pandemia- los gobiernos de Canarias y Baleares, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se reunieron en Las Palmas de Gran Canaria y acordaron demandar del Gobierno de España un seguimiento y control del precio de los billetes entre la Península y los territorios extrapeninsulares. Que se sepa, el Gobierno de España no ha hecho absolutamente nada.

Sin duda, ante la imparable e injustificada subida de los precios de los billetes de avión la comparecencia de la ministra de Transportes debe servir para conocer que acciones ha emprendido -o va a emprender- el Gobierno estatal para modular los precios de los billetes aéreos. Esperemos que las propuestas que haga Esther Sánchez sean menos cándidas que las que hizo la vicepresidenta segunda de su mismo gobierno para controlar ls precios de la cesta de la compra. Canarias se la juega en el aire, la llave que nos abre o cierra la puerta del empuje económico está en el precio de los billetes aéreos.