En la política española, hace mucho tiempo que no cuenta ni la justicia ni la solidaridad
ni la equidad. Lo único que vale es el número de parlamentarios que tengamos en el
Congreso de los Diputados y la posición estratégica de cada uno de ellos a la hora de
decidir mayorías de gobierno. Todo lo demás son monsergas y ruido.
La súbita empatía surgida entre Pedro Sánchez y el Partido Nacionalista Vasco, desde
que ambos se necesitaron para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa, ha tenido
continuidad con el nuevo lehendakari, Imanol Pradales.
Con el tiempo, el interés del primero por seguir contando con ese respaldo y
mantenerse al frente del Gobierno, ha dado alas al PNV para continuar exprimiendo al
Estado. La aparente sintonía entre ambos líderes se materializa con acuerdos muy
ventajosos para la histórica comunidad vasca.
De la reciente reunión celebrada en Madrid, en el marco de la Comisión Bilateral de
Cooperación Estado-Euskadi, presidida por Sánchez y Pradales, la delegación vasca
arrancó diez nuevos acuerdos que, sin duda, refuerzan su autogobierno. De todos
ellos sobresale el compromiso para que el País Vasco participe en la gestión de sus
aeropuertos, además del impulso a su pequeña y mediana empresa industrial o el
refuerzo de la seguridad pública en aquel territorio.
¿Debe estar un Gobierno estatal condicionado de forma exclusiva a la dictadura
surgida de la necesidad de los votos? ¿Dónde quedan la equidad, la solidaridad o la
justicia?
Canarias lleva décadas reivindicando la administración de sus aeropuertos, para la
gestión o cogestión de unas infraestructuras vitales para el desarrollo social y
económico de nuestra tierra. De modo que, una vez abierto el melón de la
participación de Cataluña y el País Vasco en dicha materia, cabría preguntarse si
existe una sola razón para que Canarias no lo haga también.
Territorios continentales como el País Vasco, Cataluña o Andalucía están conectados
interior y exteriormente a través de distintos modos, como la carretera, el ferrocarril o
el propio transporte aéreo. En todos los casos, el avión surge como un valioso medio
para complementar el automóvil y el tren.
Si nos referimos a un archipiélago, como es el caso de Canarias, con el añadido de su
lejanía, la dependencia del avión y del barco resulta absoluta. La cohesión territorial,
social y económica de las Islas depende irremediablemente del transporte por mar y
por aire. Sin más alternativas.
Por si fuera poco, el transporte aéreo es el pilar sobre el que se apoyan las Islas para
que el turismo sea la industria que sostiene su economía, las oportunidades de trabajo
y, consiguientemente, el bienestar de la población. Los ocho aeropuertos canarios
movilizan cada año a cerca de 60 millones de pasajeros. El País Vasco, con la misma
población y parecido territorio, apenas se acerca a los 8 millones, sumando sus tres
aeropuertos (Bilbao, San Sebastián y Vitoria).
Con todo lo expuesto, en modo alguno se trata de negar al País Vasco, Cataluña o
cualquier otra comunidad autónoma su derecho a intervenir en la gestión

aeroportuaria. Se trata de exigir al Gobierno de España la participación total o parcial
de Canarias en la gestión de nuestra red insular.
Hasta ahora, el Gobierno suele sacudirse la presión de otras comunidades
escudándose en el carácter privado de AENA, el órgano gestor de los aeropuertos.
Pero, realmente no es así: el 51 por ciento del capital de AENA lo ostenta una
empresa pública, como es el caso de Enaire, por lo que argumento citado vale como
excusa, pero la realidad es que su control está en manos del Gobierno.
Habrá que aguardar hasta conocer la reacción de los vascos tras el anuncio de AENA
de emprender acciones legales contra el acuerdo sellado por Sánchez y Pradales para
que el País Vasco entre a participar en la gestión de sus aeropuertos. Es probable que
entonces el presidente acuda al mismo recurso que usó en 2019 para responder en
una entrevista, cuando se le inquirió sobre su compromiso de traer a España al
prófugo Puigdemont. “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”.
Acudiendo al mismo subterfugio, en este caso para sellar el acuerdo con los vascos
sobre la gestión aeroportuaria, Sánchez podría lanzar al aire una pregunta similar: ¿De
quién depende el presidente de AENA? Pues eso, del propio presidente del Gobierno
y de aquellos destacados socialistas catalanes que lo han arropado durante su
trayectoria política.