A tan solo cuarenta y ocho horas de una sesión parlamentaria en la que el PP canario debe plantarse y exigir mejoras en los Presupuestos Generales del Estado –como así están haciendo sus compañeros en otras comunidades autónomas-, los crecientes problemas de conectividad que sufren las Islas imponen una reflexión inaplazable y multiplicar esfuerzos para corregir algunas decisiones.

Lamentablemente, la reducción de rutas y frecuencias de las compañías aéreas que operan entre nuestro Archipiélago y la Península o el extranjero están alejando aún más a Canarias de España y del resto del mundo, poniendo las cosas aún más difíciles a las economías de las familias y empresas.

Con la obligación de servicio público sobre la mesa, esas reducciones de rutas y frecuencias –que desembocan en precios abusivos- pueden y deben tener respuesta; es más, van a tenerla si no se corrige y mejora la situación.

Es incontestable que Canarias debe contar con conexiones aéreas adecuadas a los derechos de familias o empresas, y adaptadas a las demandas propias de nuestro desarrollo socioeconómico -una conectividad que responda a nuestra internacionalización económica y a su creciente peso en nuestro el espacio geopolítico-.

Es imposible avanzar en estos aspectos si se permite o consiente una progresiva fuga de compañías, que plantean reducciones de costes olvidando que el caso canario es diferente y requiere soluciones –y decisiones- igualmente diferentes.

Precisamente por eso, porque Canarias es un caso distinto, la normativa actual prevé la actuación de la Administración Pública para garantizar una correcta prestación del servicio, una `legítima´ injerencia de lo público en el mercado para salvaguardar el interés de los canarios.

Eliminando rutas o abusando de los precios, a los canarios se les está negando el derecho a viajar en condiciones razonables, y desde lo público debe garantizarse que eso no ocurra.

El Gobierno canario seguirá trabajando en esa dirección, y así es y seguirá siendo tanto si hablamos de rutas aéreas como si lo hacemos de problemas en las rutas y frecuencias marítimas interinsulares.

Con este punto de partida, cuando se da el caso de que el mercado es incapaz de dar respuesta a la necesidad de un determinado territorio por ausencia de competencia –lo que se suele traducir en esas subidas de precio y reducciones de rutas u horarios- cabe obligar a la cobertura de determinadas rutas bajo estrictas condiciones.

Las administraciones deben fijar un precio máximo y un mínimo de rutas y frecuencias. Son las llamadas obligaciones de servicio público, aprobadas para el tráfico Península-Canarias desde el mismo momento en el que se aprobaron para los tráficos interinsulares, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 1998 -un texto en cuya aprobación y tramitación tuve la oportunidad de participar en mi etapa como diputado en el Congreso-.

Como se sabe, las obligaciones de servicio público Península-Canarias están aprobadas pero no están activas. Pues bien, ahora que están produciéndose recortes de frecuencias con Canarias e incrementos de las tarifas, es necesario realizar un análisis tan riguroso como rápido de la situación para, en su caso, proceder a la activación de las obligaciones de servicio público.

No vamos a mirar hacia otro lado ahora que las compañías eliminan rutas o disparan los precios.

Las administraciones competentes tenemos la obligación de terminar con esta dinámica. Es vital para Canarias que se garanticen las comunicaciones aéreas con el exterior, independientemente de los devaneos del mercado.

Por eso, el Gobierno de Canarias está estudiando dar el paso y solicitar formalmente al Estado la activación de las obligaciones de servicio público en determinadas rutas que se consideran imprescindibles para la correcta conectividad de las Islas.

Por cierto que, en este orden de cosas, cabe aludir a determinados anuncios respecto al futuro inmediato del órgano de gestión de los aeropuertos –AENA-.

El pasado martes, la ministra Ana Pastor anunciaba la entrada de capital privado en el ente para el próximo año. Es conocido que Canarias aspira a la gestión de su sistema aeroportuario; una aspiración justa y lógica, porque los aeropuertos son, junto con los puertos, los principales instrumentos para garantizar nuestra cohesión social y económica.

A nadie se le escapa que no tienen nada que ver los aeropuertos de un archipiélago ubicado en el Atlántico con los aeropuertos del continente y, por lo tanto, es precisa una política diferenciada para captar clientes.

Canarias tiene que participar en la gestión de sus recintos aeroportuarios. Y la entrada de capital privado –de forma algo atropellada, porque el Gobierno del Estado necesita ingresos- significaría un paso atrás para Canarias si no se garantiza un modelo de gestión diferente para nuestros aeropuertos.

Como apunté en las primeras líneas, a la espera de saber si el próximo martes el PP canario da un paso al frente u otro paso atrás en la defensa de las Islas, la inquietud ante la reducción de frecuencias o rutas, y el malestar por el abuso de los precios para poder viajar, han estado, están y estarán en lo alto de la agenda de mi Gobierno.

Caso de pedir la activación de las obligaciones de servicio público, bueno será que el Estado dé un paso adelante y no otro paso atrás en la defensa de los más de dos millones de ciudadanos que vivimos en Canarias.

Fotografía: Wikipedia