El Estado no puede mirar hacia otro lado ni desentenderse ahora que, con el cierre de Spanair, la conectividad de Canarias queda `tocada´, condenándonos por errores ajenos a dar un paso atrás en la mejora de nuestras comunicaciones aéreas.

Si la iniciativa privada no es capaz de garantizarnos una comunicación fluida y con precios razonables -sin abusos-, el Estado debe actuar activando la herramienta de la declaración de obligación de servicio público.

Con el cierre de Spanair los canarios estamos afrontando en el día a día mayores dificultades porque mayores son los problemas cuando, como así está ocurriendo, las opciones de vuelos van a menos y el esfuerzo de las familias para poder viajar –los precios– a más. Las familias y los trabajadores canarios no merecen pagar los platos rotos del cierre de Spanair.

Señalé recientemente que el cese de operaciones de Spanair es una muy mala noticia para Canarias. De una parte, por los graves perjuicios ocasionados a pasajeros y empleados de la compañía en nuestras islas; y, de otra, porque cualquier reducción del número de operadoras, vuelos y frecuencias que operan con el Archipiélago conlleva -como así se está notando ya en estos primeros días- un paso atrás en el objetivo de contar con una conectividad que fortalezca la economía de las Islas y el bienestar de los canarios.

Hablamos de un tema de especial sensibilidad para nuestra tierra, vital. Canarias depende directamente de sus puertos y, en especial, de sus aeropuertos. Por tanto, las consecuencias de un asunto como éste merecen respuesta e iniciativa política desde los ámbitos competentes, sobre todo en un momento en el que, precisamente gracias a la mejora de la competitividad de nuestros aeródromos, comenzábamos a asistir al repunte de nuestro principal recurso: el turismo. El cierre de Spanair es un paso atrás, un obstáculo en nuestro camino hacia una mejor conectividad.

Con el cierre de Spanair se reduce el número y frecuencias de vuelos, y asistimos a un movimiento muy poco alentador por parte del resto de aerolíneas que, en algunos casos, adquiere rasgos de subasta -en lo que supone un aprovechamiento muy difícil de defender de una situación crítica y, como digo, de primera necesidad para los canarios-.

Este episodio resulta especialmente duro para nuestro sector turístico tras la incertidumbre generada, de forma unilateral y quiero creer que poco meditada, por tres decisiones tomadas por el Gobierno del PP sobre la bonificación de las tasas aéreas, las prospecciones petrolíferas y la desaparición de las primas a las energías renovables.

Tres factores que, de forma directa o indirecta, tienen una importante incidencia en nuestra competitividad, nuestra imagen exterior y nuestro territorio. Claves, por tanto, para esa estrategia acordada con todos los sectores de las Islas (Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, sindicatos, confederaciones empresariales, cámaras de comercio, patronales turísticas y las propias compañías aéreas) que tan buenos frutos comenzaba a proporcionar.

La bonificación a las tasas aéreas porque es la directa responsable de que en 2011 hayamos batido los mejores registros turísticos de nuestra historia, las prospecciones petrolíferas porque no se escucha a nuestras instituciones y la desaparición de las primas a las energías renovables porque debilita la estrategia de apuesta por la sostenibilidad de un territorio especialmente dotado de ‘materia prima’ -sol, viento, etcétera- para su desarrollo e implantación, alcanzando esa ‘marca verde’ a la que aspiramos y que sería muy bien recibida en el exterior.

Por tanto, y al margen de que podamos reconducir la incertidumbre generada por esos tres anuncios a los que he aludido, en lo que al cierre de Spanair y la conectividad de Canarias se refiere, el Estado debe dar un paso al frente, con toda la urgencia que la situación requiere. Si el ámbito privado no es capaz de garantizar la recuperación del hueco dejado por esa compañía, debe activarse de inmediato la declaración de obligación de servicio público.

Estos mismos días hemos asistido al anuncio de varias operadoras que se verán obligadas a reducir sus vuelos si no se renuevan las bonificaciones de las tasas aéreas en nuestros aeropuertos.

La realidad habla por sí misma. Sin intermediarios.

Canarias no puede quedar aislada.

El Gobierno del PP no puede mirar hacia otro lado.

Fotografía: elblogdelvuelo.es