Acontecimientos de enorme gravedad están convulsionando España –especialmente en el transcurso de los últimos días, pero desde hace meses y años-, provocando que en la calle se diga, cada vez con mayor insistencia, que es necesario dar una sacudida a las instituciones (electoralmente hablando).

Cada vez más voces hablan, en público y privado, de que estamos a las puertas de lo que podríamos denominar una ciclogénesis política; y, así las cosas, no cabe mirar hacia otro lado. No basta con pedir perdón, como ha hecho el presidente del Gobierno de España. No basta con buenas palabras. Es imprescindible actuar, adoptar medidas. Hay que dar la cara, sin duda, pero también hay que impulsar reformas que permitan reconducir la situación y recuperar la confianza en las instituciones y en la política.

La situación es tan extremadamente delicada que anima a pensar que, además de medidas legislativas para combatir más eficazmente la corrupción, debe acelerarse un proceso que vengo demandando hace años, y que pasa por poner al día la Constitución, revisar y actualizar el marco de convivencia que surgió de la transición e introducir los ajustes que sean necesarios en el modelo territorial. En otras palabras, hay que apuntalar el edificio del Estado porque de lo contrario la estructura corre el riesgo de empezar a ceder.

En ese proceso que ahora más que nunca cabe calificar de inaplazable –ganar tiempo, como suele hacer el presidente del PP, es perderlo- todo indica que se ajustará también el marco de convivencia de los diferentes territorios que conforman el Estado. De ahí que la sociedad canaria deba abrir una reflexión serena sobre el papel que debe desempeñar el Archipiélago en el nuevo modelo de Estado que empieza a pergeñarse a distintos niveles.

Al sumarse la crisis política y territorial a la crisis económica, hay coincidencia en la necesidad de promover cambios institucionales que permitan mejorar el encaje de los distintos territorios, por una parte, y que respondan a las nuevas demandas de una sociedad en plena transformación, por otra.

A las conocidas aspiraciones de Cataluña o el País Vasco, se han sumado aportaciones políticas particularmente interesantes, como la defendida por el PSOE para avanzar hacia un estado federal donde se recojan adecuadamente los hechos singulares.

En ese tablero de juego se definirá, más pronto o más tarde, el nuevo modelo de Estado, y Canarias debe mover sus fichas con la suficiente determinación e inteligencia para ganarse el futuro.

En muchos ámbitos y asuntos, en muchas cuestiones, el presente y el futuro de Canarias no deben decidirse en Madrid. Hay que avanzar hacia un modelo que abra las puertas a que cada vez más decisiones se adopten en Canarias y cada vez menos en Madrid, cada vez más capacidad de gobierno en manos de los canarios y cada vez menos en manos de quienes a veces no atienden y otras no entienden las necesidades de quienes vivimos en las Islas. Hay que avanzar hacia un modelo que implique más Canarias y menos Estado.

De la misma forma que un análisis de las relaciones Estado-Canarias durante las últimas décadas –y especialmente en el transcurso de los últimos años- invita a pensar que debemos ir a más y no a menos nacionalismo, ir a más en la férrea defensa del interés general de nuestras Islas, hay que apostar por un modelo que permita más decisiones desde Canarias y menos desde Madrid, hay que ir a más y no a menos en la firme defensa de nuestra tierra.

Constituimos el ejemplo más claro de “hecho singular” de todo el Estado. Esa realidad incontestable debe tener su traslación normativa en la Constitución del siglo XXI, la misma que legitimará otro modelo de Estado y que recogerá un nuevo contrato o pacto del Reino de España con Canarias.

Entre el centralismo y la independencia hay un enorme espacio político que debemos aprovechar. He dicho y mantengo que, siempre en el marco de la Constitución, Canarias debe dar pasos hacia un mayor autogobierno.

En esa dirección, la conformación de un Estado federal asimétrico sería el encaje ideal para que Canarias pueda desarrollar toda su potencialidad. Necesitamos, básicamente, más Canarias y menos Estado.

Los canarios debemos tener capacidad de decisión sobre los asuntos que nos afectan y sobre aquellas materias que son esenciales para nuestro desarrollo económico-social. Tenemos necesidades diferentes y diferentes han de ser las respuestas que nos proporcione el Estado.

Por ejemplo, debemos reclamar esa capacidad de decisión para gobernar nuestros aeropuertos, sometidos a la amenaza de la privatización, o para garantizarnos un marco financiero estable que nos blinde de la discrecionalidad de los gobiernos de turno, o para tener la libertad de elegir el modelo de desarrollo que queremos para el futuro.

Canarias tiene que ser menos dependiente del Estado y asumir más competencias para ajustar su marco normativo a una realidad muy diferente a la de los territorios continentales.

Está claro que la uniformidad de las políticas estatales supone un enorme perjuicio para los canarios de las ocho islas y que solo una adaptación reglada de las mismas a nuestra realidad geográfica, económica y social nos permitirá avanzar por una senda de progreso.

No somos ni mejores ni peores que otros, simplemente somos diferentes; y no hay mayor injusticia que tratar como igual a quien tiene unas necesidades objetivamente diferentes. Somos nosotros, los canarios, los que sabemos cuánto daño puede ocasionar una política que no atienda o entienda nuestra singularidad. Somos nosotros los que deberíamos tener la capacidad para corregir ese error histórico.