Hoy han publicado varios medios canarios este artículo de opinión que también quiero compartir por aquí:

Durante los últimos años he venido insistiendo en la necesidad de revisar la arquitectura constitucional e institucional del Estado, de modo que ésta se adapte plenamente a los nuevos tiempos que afrontamos, a una realidad social y territorial que ha cambiado de forma significativa desde 1978. Las aspiraciones, inquietudes y demandas de la ciudadanía y de los pueblos que conforman el Estado bien merecen poner al día nuestro marco de convivencia; otras son las preguntas, otras deben ser las respuestas.

Nunca he creído, ni creo, que la solución a los retos que tienen planteados territorios como Canarias sea el inmovilismo o un buenismo que renuncia a la firmeza aunque el interés general –de los canarios, en nuestro caso- sea claramente golpeado por políticas injustas e insolidarias. El buenismo es sinónimo de entreguismo, es tanto como tirar la toalla y abandonar la defensa de nuestra sociedad.

Canarias debe seguir tendiendo la mano –como así hemos hecho estos años, a pesar de la intransigencia del Estado-, pero sin tirar la toalla porque la demanda de mayor solidaridad y justicia es irrenunciable.

En política no se está para quedar bien, sino para en la medida de lo posible hacer las cosas bien. Partiendo de esta premisa, hace falta diálogo y colaboración, sin duda, pero también firmeza aunque en ocasiones la defensa de una posición desemboque en conflicto. Así debe ser en la relación del Estado con los distintos territorios –con Canarias sin duda, siendo como somos el pueblo con mayores especificidades del Estado-; y así es como debe encararse un proceso de reforma constitucional, desde la serenidad, la lealtad institucional y el respeto a los cauces legalmente previstos para ello.

La Constitución siempre fue un punto de encuentro entre personas y territorios del Estado. Hemos de trabajar para que las cosas sigan siendo así, excluyendo comportamientos tramposos e irresponsables en torno a la infalibilidad de la norma. Es posible, con un diálogo sincero, avanzar en propuestas que permitan su modificación y mejoren el encaje de los distintos territorios.

De unos años a esta parte se han venido formulando distintas propuestas que persiguen, precisamente, la revisión del actual modelo de Estado. La última de ellas ha sido la expresada por el lehendakari Íñigo Urkullu, quien en la apertura del debate de política general del Parlamento vasco –en fechas recientes- abogó por un nuevo modelo basado en la “soberanía compartida”.

Urkullu volvió a demandar una reforma de la Constitución para dar cabida a un nuevo estatus del País Vasco, apelando a la “altura política y a la visión de Estado” para que se reconocieran los derechos históricos vascos. En esta dirección, señaló el lehendakari que el verdadero debate está en reconocer a Euskadi como nación “frente a la concepción estatalista fagocitadora de toda pretensión de hacer real una verdadera democracia plurinacional”.

Es ahí donde radica la verdadera raíz del problema. Comparto con Urkullu, con quien me he reunido en varias ocasiones estos últimos años, la necesidad de avanzar hacia un modelo que ampare la diversidad territorial del Estado y donde los hechos diferenciales sean asumidos con la naturalidad propia de las sociedades democráticas maduras.

En ese escenario, Canarias aspira a un reconocimiento expreso en la Constitución de su hecho diferencial. Así lo defiendo, y así se recoge en la ponencia ideológica de CC de 2012 –de la que rescato y destaco algunas líneas-.

Necesitamos una “Canarias fuerte, autogobernada, donde las decisiones las tomemos los canarios y las canarias”. Esta aspiración legítima y respetable se debe traducir normativamente en “la regulación de un estatus específico de Canarias en el contexto del Estado. Para ello debemos hacerle ver al Estado y a la UE que la situación estratégica de Canarias es mucho más aprovechable de lo que en la actualidad lo es y se convierte en una oportunidad privilegiada para España y para Europa, si se le reconoce y se le concede a Canarias un estatus fiscal diferenciado”.

Una fórmula posible para alcanzar ese estatus “se encuentra en la figura de territorio dotado de plena autonomía interna prevista en distintos Convenios de la Organización de las Naciones Unidas (como en el artículo 305, 1, apartado e) de la Convención del Mar, celebrada en 1982 en Montego Bay, Jamaica, ratificado por el Estado español en 1997), que dispone que pueden ser parte de la Convención todos los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, en el marco de las Resoluciones de la Naciones Unidas 742 (VIII) y 1514 (XV)”.

El camino hacia el reconocimiento explícito de nuestra realidad nos permitiría asumir nuevas competencias y fijar modulaciones en la aplicación de las políticas del Estado que nos afecten. Pero siempre con la vista puesta en ese nuevo Estatuto especial, que “debe ser la norma fundamental como Archipiélago atlántico, estableciendo un nuevo marco de relaciones con el Estado a través del ámbito competencial sobre el principio de Administración única, en el que la Administración del Estado en Canarias se limite a las Fuerzas Armadas”.

En consecuencia, debemos tender “a una soberanía que geográficamente ya poseemos, una soberanía que nos permita avanzar en las políticas propias”. Debemos trabajar por Canarias como “una Nación con capacidad para decidir su futuro”.

Ayer, domingo, España celebró la Fiesta Nacional. Bueno será que, sin traumas ni alarmismos, entre todos nos pongamos manos a la obra para poner al día la estructura del Estado, pues de otra forma difícilmente se superarán los problemas que está provocando la creciente incomodidad social y territorial.