España necesita diálogo y voluntad de entendimiento, especialmente en lo concerniente a un modelo de Estado que ha dejado de dar respuesta a muchas realidades territoriales. Hay que poner al día el Estado, y no solo mirando a Cataluña.

Es urgente acometer un diálogo tan sereno como valiente sobre la estructura territorial, abrir un proceso con el objetivo –y el compromiso- de encontrar un encaje adecuado a las diferentes sensibilidades. Siempre desde el respeto al marco constitucional y a la legislación vigente, sin duda, pero viendo en las leyes un camino y no un obstáculo. Una realidad cambiante demanda flexibilidad, disposición al diálogo y valentía para fortalecer el marco de convivencia, nunca un inmovilismo que aleja a los ciudadanos y a los territorios de la Constitución. Con la premisa del respeto al marco legal, hay que abrir puertas, no cerrarlas.

En coherencia con el análisis que he defendido públicamente en los últimos años, creo que cerrar los ojos a las cosas que pasan en algunos territorios lejos de ser una solución es parte del problema. El Gobierno de España no puede mirar eternamente hacia otro lado. No puede hacerlo respecto a las realidades que se dan en Cataluña o Euskadi, y tampoco respecto a la necesidad de poner al día la relación Canarias-Estado.

Ayer mismo, el presidente Rajoy ofrecía a Cataluña diálogo y demandaba imaginación. Recientemente, en el Congreso, abrió una puerta a la oportunidad de ponernos todos a trabajar en una reforma constitucional. Al ofrecimiento de diálogo e imaginación cabe responder demandando un calendario de trabajo para iniciar el camino de los cambios, un camino que bien pudiera iniciarse convocando la conferencia de presidentes. La voluntad de reforma constitucional exige que el PP ponga fecha y hora al proceso que debe poner al día el modelo territorial, el marco de convivencia.

A las demandas de los independentistas catalanes de los últimos años se suman ahora, con posiciones revitalizadas, las reclamaciones de Euskadi. Iñigo Urkullu, lejos de declaraciones unilaterales de independencia pretende abanderar un proceso de diálogo y negociación (“diálogo, negociación, acuerdo, ratificación”, dijo) para definir una nueva relación con España basada en el respeto a los derechos históricos, que precisaría de una reforma constitucional. La idea del PNV pasa por promover un acuerdo en el Parlamento vasco para ampliar el techo competencial del Estatuto y, al mismo tiempo, negociar con España la presencia directa de Euskadi en los órganos de decisión de la Unión Europea.

Es precisamente ese diálogo el que se demanda del Estado -a lo que cabe añadir que el afán recentralizador de algunas voces del PP avanza en sentido contrario a la realidad que pisamos-.

En este orden de cosas, hay que valorar las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores al ser preguntado por los planes del lehendakari:

El diálogo es absolutamente necesario para ir adaptando la realidad política a una realidad que cambia a una enorme velocidad; un diálogo dentro de la legalidad y que incluya a todos los territorios que forman España; el Gobierno está dispuesto a dialogar, dentro de la ley, y siempre que sea un diálogo entre todos, porque las decisiones de unos afectan a todos”

El ministro apunta en la dirección correcta.

Ahora bien, Canarias ni debe ni va a quedar al margen del diálogo o de las soluciones. Esos cambios deben hacerse entre todos y contar con todos. Especialmente con Canarias, porque si hay algún territorio singular y diferenciado, y que por lo tanto requiere ajustar su encaje territorial, ése es Canarias.

He dicho en otras ocasiones que estaremos muy vigilantes a cualquier decisión que se adopte en el futuro sobre Cataluña y Euskadi, porque si se alcanzan vías extraordinarias para otorgarles mayores capacidades, Canarias tiene derecho y razones para avanzar con ese proceso. Si el Estado va a buscar fórmulas constitucionales para reconducir los conflictos territoriales actuales o en curso, también deben entenderse y atenderse las demandas de Canarias.

Si hay algún territorio que necesite poner al día sus relaciones con España -lo que he denominado en alguna ocasión su pacto o contrato con el Estado- ese territorio es Canarias.

España debe asumir no solo como inevitable sino también como imprescindible una reforma de la Constitución que permita mejorar determinados encajes territoriales; y, sin duda alguna, también el de Canarias. El Archipiélago debe encontrar su propio espacio de proyección, de modo que ese nuevo encaje responda a sus necesidades reales como un territorio insular y alejado geográficamente del continente europeo, un territorio que precisa de medidas específicas para progresar económica y socialmente; un territorio, en definitiva, que cuenta con el hecho diferencial más evidente de todo el Estado y que ha reconocido la propia Unión Europea en su Tratado.

Canarias aspira a incrementar sus capacidades y establecer mecanismos de bilateralidad con un Estado que debe ser necesariamente asimétrico. Esa es la apuesta de Canarias y ése debe ser su futuro dentro del Estado.