De los numerosos análisis efectuados tras la abdicación del Rey, la tesis de que la sucesión en la Corona es el momento idóneo para impulsar una reforma de la Constitución no deja de sumar voces que animan a dar pasos en esa dirección.

El propio Don Juan Carlos, en su declaración institucional, señaló la necesidad de:

Emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando”.

Quienes venimos defendiendo desde hace años la necesidad de poner al día la Constitución, aquellos que siempre hemos animado a que se introduzcan las mejoras que sean oportunas para que la Carta Magna dé respuesta a una realidad territorial que ha evolucionado notablemente desde 1978, celebramos que la conveniencia de una reforma constitucional vuelva a ponerse sobre la mesa.

Ciertamente, una eventual reforma debe hacerse con tanta valentía como responsabilidad, entre otras cosas porque es mucho lo que la actual Constitución ha ayudado, ayuda y ayudará en el futuro como marco de convivencia y progreso. No deja de ser paradójico que quienes cierran las puertas a las reformas se presenten en sociedad como sus grandes valedores; nada más lejos de la realidad, porque ese inmovilismo amenaza con debilitarla. Defender la Constitución pasa, en este momento histórico, por fortalecerla mediante cambios y actualizaciones que ayuden a resolver algunos encajes territoriales y a que muchas generaciones sientan la Carta Magna como algo suyo y verdaderamente presente.

El camino no es renunciar, bajar los brazos o mirar hacia otro lado. Hace falta poner al día la arquitectura del Estado. Hay situaciones que exigen encontrar soluciones, y esas soluciones pasan por dar pasos al frente, nunca por cerrar los ojos a esa realidad.

El proceso abierto en la Jefatura del Estado debe abrir un nuevo tiempo para el consenso, el diálogo y la lealtad institucional; para poner en marcha una segunda transición –expresión que vengo utilizando desde hace unos años, y que esta semana hemos escuchado en repetidas ocasiones- que integre las diferentes sensibilidades territoriales, por un lado, y profundice en la democracia y la libertad, por otro.

Debemos aprovechar esta situación de relevo en la Casa Real para alimentar un nuevo pacto político, económico y social, del que participen todos y que a todos comprometa. Solo desde la firme voluntad pactista –que ya en su momento permitió hacer de España un Estado democrático, social y de derecho- podremos configurar un nuevo marco constitucional que garantice la convivencia pacífica y la solidaridad entre todos los territorios del Estado.

Canarias aspira legítimamente a ver reconocidas sus singularidades. Durante mi discurso con motivo del Día de Canarias volví a insistir en este asunto -que creo es de la máxima relevancia-, y comenté que debemos mejorar nuestro encaje en España para ser menos dependientes y contar con mayor capacidad de decisión y gestión de herramientas básicas como los puertos, aeropuertos, el litoral, aguas o el comercio exterior.

La nueva Constitución que surja de un proceso que no debe demorarse debe garantizar la viabilidad de un Estado asimétrico que recoja demandas que, en nuestro caso, vienen de lejos. Necesitamos actualizar el pacto Canarias-Estado y precisamos que la reforma de la Carta Magna explicite la singularidad del Archipiélago y la necesidad de aplicar políticas diferenciadas, algo que ya está recogido en los tratados europeos. Una Constitución también en la que nuestro REF salga reforzado.

Asistimos a un momento histórico que viene caracterizado, fundamentalmente, por una permeabilidad casi general a reformas de gran calado. Tenemos la obligación de promover responsablemente tales reformas, siempre bajo el estricto respeto a la legalidad, para poner los cimientos de una nueva sociedad, más justa y solidaria.