El modelo está agotado, ya no da respuesta a la realidad que afrontamos. La relación Canarias-Estado requiere un nuevo contrato. Hay que revisar las cláusulas, los acuerdos, que marcan la relación del Archipiélago con el Reino de España.

En esa dirección, debe abrirse un proceso que, desde el diálogo y la responsabilidad institucional, marque una transición hacia otras reglas del juego. Hay que poner al día ese modelo de relación o contrato, una necesidad que hay que abordar con perspectiva histórica y huyendo de tensiones innecesarias o análisis a corto plazo.

La relación de Canarias con España ha tenido, a lo largo de la Historia, luces y sombras.

Sombras que retratan los periodos en que irresponsablemente, por desconocimiento o desgana, se dio la espalda e ignoraron las enormes dificultades que acarrea vivir en el territorio más alejado y fragmentado; sombras que condenaron a generaciones de canarios a vivir instalados en una realidad más exigente, complicada y dura que los ciudadanos de los demás territorios.

Luces que se resumen en los acuerdos alcanzados y los pasos dados para avanzar en un trato diferencial que, en ningún caso, ha podido o puede interpretarse como un privilegio sino, lejos de esto, como una respuesta diferente a situaciones igualmente distintas a las que se dan en la Península.

Ya en el siglo XVI la Corona de Castilla reconoció los condicionantes insulares del Archipiélago, dotando a las Islas de singularidades comerciales y fiscales; un reconocimiento que, posteriormente, tuvo reflejo en normas como el Real Decreto de Puertos Francos de 1852, la Ley de Puertos Francos de 1900, actualizada posteriormente, y su expresión actual, la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Convertir Canarias en un hecho fiscal diferente constituyó una decisión necesaria, un paso debido. Decisiones y pasos que, de forma efectiva pero lamentablemente insuficiente, amortiguaron las dificultades de todo orden que castigaban a nuestras Islas.

Canarias nunca lo ha tenido fácil. La dotación de servicios, infraestructuras y prestaciones que garanticen a sus habitantes el bienestar que demandan, la justicia social que merecen y la igualdad de oportunidades, son objetivos irrenunciables para el desarrollo de los pueblos; y definen una tarea siempre ardua, y aún más en el caso de un territorio fragmentado en siete islas, situadas además a más de mil kilómetros del espacio continuo del Estado.

La lejanía y la insularidad nos han marcado a lo largo de la historia, ha condicionado nuestro desarrollo y ha esculpido nuestro carácter.

Dificultades objetivas a las que, en momentos en los que las sombras han pesado más que las luces, hay que sumar la estrechez política –y la escasa visión de Estado- de algunos que desde Madrid nos miraban sin vernos y tomaban decisiones desde el desconocimiento o, a veces, desde la soberbia. Estrechez de miras que impidió durante mucho tiempo el reconocimiento de que la realidad archipelágica es diametralmente distinta a cualquier otra realidad española, y a cualquier otra realidad continental.

A pesar de esas sombras, hemos avanzado. Pero en unos momentos de extrema dificultad como los actuales nadie puede discutir que ahora más que nunca Canarias necesita medidas adecuadas a sus particularidades económicas, sociales y geográficas.

Es precisamente ahora cuando se debe abrir las puertas a un nuevo impulso a ese contrato entre Canarias y el Estado, es ahora cuando se impone poner al día ese acuerdo o contrato, ese modelo de relación, porque solo propiciando esa revisión del modelo que nos une podremos los canarios afrontar con garantías nuestro futuro a corto, medio y largo plazo.

Los canarios creemos y nos sentimos parte de la Unión Europea, de sus retos y de sus preocupaciones. Ahora bien, cabe decir que respecto a España sí, pero así no.

Es hoy cuando los canarios necesitamos sentirnos más arropados por el Estado; no con buenas palabras o mejores intenciones, sino con hechos que certifiquen esa voluntad de cooperación. La actualización del modelo de financiación, la reforma de algunos aspectos del Régimen Económico y Fiscal -que nos permitan crear riqueza y trabajo para los canarios-, la defensa de nuestros intereses ante la Unión Europea e incrementar nuestra capacidad de decisión para generar economía y puestos de trabajo son algunas cuestiones que habrán de resolverse, desde la lealtad y la altura de miras, a la mayor brevedad posible.

Lo he dicho en muchas ocasiones y no me cansaré de repetirlo cuantas veces sean necesarias: Canarias no reclama privilegios, exigimos llanamente atender de forma diferente una realidad diferente. Los canarios no pedimos generosidad, pedimos justicia.

Desde ese convencimiento, y con la lealtad institucional que siempre ha guiado la acción de mi Gobierno, seguiré trabajando por defender los intereses generales de todos los canarios y evitar, de esa manera, que Canarias pueda convertirse en un problema de Estado.

Una demanda, desde Canarias, que hacemos en positivo y con la fuerza y autoridad que nos da ser una comunidad cumplidora, solvente y fiable, como así ha reconocido en numerosas ocasiones el Ministerio de Hacienda; reconocimiento que, lejos de ser caprichoso, se apoya en datos objetivos, en hechos que confirman que en Canarias estamos haciendo bien las cosas, que en las Islas hacemos la tarea que nos corresponde. Siendo así, quien diga lo contrario falta a la verdad o, directamente, miente para desprestigiar a los canarios.

Un trabajo, un rigor, que se traduce –entre otras realidades- en ser la comunidad que en mayor medida ha cumplido con las directrices presupuestarias o la menos endeudada –proporcionalmente-; o, por ejemplo, una comunidad que en 2011 fue capaz de crecer tres veces más que el Estado.

Llegados a este punto, me gustaría extenderme algunas líneas en analizar el asunto de la financiación autonómica. Sin entrar de lleno en el análisis técnico de las cifras, debemos tener claro algo, y es que un canario está recibiendo hoy en día 383 euros menos de lo que recibe de media un ciudadano peninsular para hacer frente a los gastos que genera la sanidad, la educación o las políticas sociales –diferencia que supera los 800 euros en comparación con los ciudadanos de las comunidades que reciben el trato más favorable- .

¿Es eso justo? ¿Por qué esa diferencia? Si el reparto de la financiación autonómica fuera realmente equitativo no necesitaríamos recurrir al crédito. ¿Por qué? Porque Canarias ha gestionado eficazmente sus recursos y ha cumplido sus propios deberes y aquellos otros impuestos por el Estado en materia de deuda y déficit público. En ese sentido, debemos recordar una vez más que el Archipiélago es la comunidad autónoma peor financiada de todo el Estado, con un déficit en nuestra contra que supera los 800 millones de euros.

Reitero, porque es de justicia decirlo, que hemos hecho los deberes. Canarias es la comunidad que más se ha acercado al objetivo del déficit, la de menor deuda por habitante, la única donde se generó empleo en 2011 o la que, gracias a una eficaz política aeroportuaria, logró un récord histórico para el sector turístico.

Las cifras avalan el trabajo realizado y nos confieren autoridad para reclamar al Estado lo que nos corresponde en justicia. Canarias ha cumplido, que cumpla ahora el Estado.

En esa dirección, no dudaremos en mover cielo y tierra para promover la convocatoria de la Comisión Permanente de Evaluación del Sistema del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la posterior corrección de la distribución de fondos.

Canarias está siendo tratada injustamente. Y haría una dejación inadmisible de mis responsabilidades si no hiciera cuanto esté en mi mano para revertir una situación que penaliza a más de dos millones de canarios y, lo que puede resultar aún más grave, a las futuras generaciones. No se puede reprochar a un Gobierno que defienda el interés de los ciudadanos a los que representa.

Definitivamente, debe abrirse un proceso que, desde la responsabilidad, la lealtad y la perspectiva histórica, nos permita revisar y poner al día la relación, el contrato, Canarias-Estado.