Los próximos años serán decisivos para culminar la agenda reformadora en la que trabaja el Gobierno de Canarias con el objetivo de volver a hacer de esta tierra un lugar de oportunidades para todos; una tierra con una economía diversificada, competitiva, inteligente; con un modelo de crecimiento sostenible y respetuoso con el entorno, con unos servicios públicos de calidad, con un sistema de protección social justo y solidario.

Estos próximos años serán cruciales para lograr una administración pública eficaz, racional, transparente, con un mayor peso de la voz del pueblo en la toma de decisiones. Canarias ya tiene trazada una estrategia de crecimiento con ideas nuevas y proyectos innovadores que, ahora, una vez que comienzan a superarse las dificultades derivadas de la crisis, estamos en disposición de aplicar en toda su intensidad.

Es mucha la tarea, muchas las decisiones estratégicas, que tenemos sobre la mesa, aquí, en Canarias. Pero no solo en Canarias. En apenas unos meses, de aquí a finales de 2015, los canarios debemos contar con las mejores herramientas y poner a trabajar con intensidad y celeridad toda nuestra experiencia, conocimiento de los asuntos e interlocución con los ámbitos de decisión del Estado y de la UE para que los movimientos que habrá en breve en la escena estatal –cambios en el modelo territorial o en el sistema de financiación, entre otros- y en Bruselas –presente y futuro de las RUP y de los programas vinculados a empleo- sean gestionados por Canarias con solvencia y efectividad.

Tenemos encima de la mesa una ambiciosa agenda de cambios, equiparable no obstante a los retos que aun quedan por afrontar. Algunos de ellos dependen exclusivamente de nuestro ámbito de decisión, pero hay otros –tan o más importantes- que se dilucidarán a nivel estatal. Me refiero, en concreto, a las reformas institucionales que habrán de llevar a la aprobación de una nueva Constitución –vital para el reconocimiento definitivo de nuestras singularidades- o al establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica que haga justicia con las necesidades objetivas de Canarias.

Y, a pesar de que hace apenas unas horas el propio Rajoy ha dicho que cierra las puertas a cambios en el sistema de financiación, todo –incluso el malestar de muchos pesos pesados del PP– anuncia que esa puerta se abrirá más pronto que tarde.
Entretanto han surgido proyectos –yo los llamaría directamente amenazas- que pueden poner en riesgo nuestro futuro; al menos el futuro que el Gobierno de Canarias ha diseñado para garantizar el bienestar y prosperidad de las próximas generaciones de canarios: las prospecciones petrolíferas y la privatización de nuestros aeropuertos son las más cercanas.

Tanto para la gestión de aquellos asuntos que dependen directamente de los canarios como para la defensa de nuestros intereses en aquellos otros que se resolverán en el conjunto del Estado, es preciso tener una visión clara de lo que debe ser la Canarias del año 2020.

El Gobierno del Estado sabe cuál es nuestra posición en los distintos asuntos, porque así se lo hemos hecho saber en estos últimos años, y sabe que hay determinadas líneas rojas que no vamos a consentir que se crucen. Hemos defendido otra manera de hacer política; hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera, protegiendo a los más débiles, garantizando la prestación de los servicios básicos esenciales.

Tenemos la autoridad política y moral para exigir que se cumpla con Canarias, porque nosotros hemos cumplido con el Estado (a pesar de sus recortes y, en muchos casos, de su prepotencia). El Gobierno de Canarias seguirá manifestando la firmeza y el coraje político necesarios para salvaguardar el interés general de los canarios de todas las Islas. La batalla que tenemos por delante se seguirá librando en los próximos años y no nos moveremos un milímetro en la defensa de ese interés general, para lo que se precisa convicción, conocimiento y experiencia.