El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobará previsiblemente el próximo viernes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y, ni que decir tiene, Canarias va a seguir muy de cerca la tramitación de las cuentas estatales. El Estado debe compensar en los PGE la desinversión de los últimos años, y debe hacerlo porque los canarios merecen que así sea.

Lamentable e injustificadamente, cuando más necesitábamos la solidaridad del Estado, cuando la crisis ha golpeado con más fuerza a decenas de miles de familias y a las empresas de las Islas, el Gobierno central no ha atendido ni entendido las demandas de los canarios. De ahí la necesidad de que ahora se compense esa desinversión.

Los Presupuestos Generales de los últimos años nos han obligado a realizar un esfuerzo titánico con recursos propios para mantener los servicios públicos esenciales, para seguir ofreciendo una educación y una sanidad dignas, para proteger con nuestras políticas sociales a los más vulnerables.

Es imprescindible que en los PGE se atienda al principio de solidaridad interterritorial, y que no se incurra en discriminaciones que alimenten el desapego de los canarios con España.

Las cifras hablan alto y claro de la situación que ha padecido el Archipiélago en los últimos años. Desde el año 2010, el Estado ha aplicado un tijeretazo en las partidas que recibe Canarias de 700 millones de euros. O lo que es lo mismo, en solo tres años ha perdido el 48,8 por ciento de los recursos procedentes del Estado.

En políticas activas de empleo, por ejemplo, hemos visto reducida nuestra asignación en 72 millones de euros. En 2013 la inversión media per cápita se situó en Canarias en 170 euros mientras que la del conjunto del Estado alcanzó los 228 euros.

A todo lo anterior se suma el reparto de los fondos del sistema de financiación autonómica, que cada año nos cuesta más de 800 millones de euros.

La hoja de ruta de Canarias respecto a los PGE de 2014 es nítida. En primer lugar, los Presupuestos estatales habrán de contemplar los fondos derivados del nuevo sistema de financiación autonómica, de modo que el Archipiélago pueda disponer de esos más de 800 millones de euros que hemos perdido anualmente desde que entró en vigor el modelo vigente. En esta dirección, debemos tener presente que esa cantidad va destinada a sufragar los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y las políticas sociales –no olvidemos que ese es el espíritu de la Ley de Financiación Autonómica: que todos los ciudadanos, vivan en el lugar que vivan, disfruten de las mismas prestaciones en servicios básicos-.

Cabe recordar las veces que sean necesarias que Canarias ha podido mantener el nivel de estas prestaciones gracias a recursos propios que, en otro escenario, se podrían haber destinado a políticas económicas productivas.

De cara a los próximos Presupuestos estatales, Canarias aspira a tener una participación similar a la que ya tuvo en las cuentas de 2010, aprobadas por el anterior Gobierno de España -en un escenario económico que ya era restrictivo-.

Las demandas del Archipiélago se cuantifican en casi 1.265 millones de euros -en el año 2010 recibimos del Estado 1.230 millones-.

Exigimos, por tanto, una mejora en la práctica totalidad de aportaciones por una cuestión de justicia y equidad. También por la responsabilidad y seriedad en el cumplimiento de todos nuestros compromisos económico-financieros, lo que nos ha consolidado como una comunidad autónoma fiable, la de menor endeudamiento per cápita de todo el Estado.

Canarias, en consecuencia, reclama esas mayores cantidades porque lo merece y se lo ha ganado a pulso. Pedimos mejoras en las partidas vinculadas al REF (entre ellas, las subvenciones al transporte marítimo y aéreo, las bonificaciones por residencia o las plantas potabilizadoras de agua), reclamamos los 82 millones del PIEC (incluida la inversión de 40 millones para infraestructuras educativas) así como dinero para actuaciones en la costa, en puertos y aeropuertos y para investigación científica. También exigimos las cantidades de las obras prefinanciadas del convenio de carreteras o de aguas.

El Estado debe compensar en los próximos presupuestos la desinversión de los últimos años.

Los datos llenan de razones a Canarias en nuestras demandas. O Madrid mejora el tratamiento que Canarias recibe en los PGE o provocarán que Canarias siga alejándose de España.