Cabe recordar, ahora que el asunto vuelve a estar en lo más alto del debate político e informativo, que en el Gobierno de Canarias siempre hemos defendido el establecimiento de un objetivo del déficit individualizado en función de las necesidades de las comunidades autónomas, especialmente en razón de su situación económica, de los esfuerzos realizados y del grado de cumplimiento de los compromisos en los últimos años.

Siendo así, con la autoridad que nos otorga ser una comunidad autónoma cumplidora y fiable -y haber mantenido siempre una posición rigurosa y coherente en esta materia- estamos en condiciones de pedir alto y claro que el Gobierno del Estado actúe con flexibilidad con las autonomías que, como Canarias, hemos cumplido exquisitamente con nuestras obligaciones en la contención del gasto.

Ese déficit asimétrico, por tanto, debe ser asumido desde la perspectiva de un reconocimiento al sacrificio realizado y de una compensación a los ciudadanos de las autonomías que han soportado las mayores cargas del ajuste del gasto público. Nunca al contrario. Solo si no se llegara a un acuerdo para establecer ese déficit individualizado y compensatorio, habría que ir a uno idéntico para todas las comunidades autónomas.

En ese sentido, la decisión del Gobierno de España de establecer un margen de déficit ventajoso para aquellas que no han querido, sabido o podido cumplir sus objetivos de déficit en 2012 es inaceptable. Se habla de déficit a la carta cuando, en realidad, se tendría que hablar de que en este tema –de vital importancia- el PP está jugando con las cartas marcadas y contra el interés de los canarios.

Como así se ha podido constatar a lo largo de esta última semana, la posibilidad de que las autonomías que han incumplido los objetivos en 2012 tengan más margen que otras ha generado el rechazo –abierto y ya sin tapujos- de diversas autonomías gobernadas por el propio Partido Popular. Madrid, Galicia, Extremadura, Aragón y La Rioja han expresado públicamente su oposición a los planes del ministro Montoro y, de paso, a la petición del presidente Rajoy para que las comunidades autónomas se manejaran con “altura de miras” en este asunto.

Poco importa si después de los anuncios iniciales en el PP algunos han bajado el tono –ante la opinión pública- de sus protestas. Su rechazo es una realidad, y constituye una evidencia que no podrá desdibujar la intención de dejar de discutir en público por parte de los dirigentes populares.

La posición de Canarias ha sido, es y será clara. Estamos en contra de que el Gobierno del Estado tome una decisión de este tipo y en esa dirección.

No es justo que autonomías cumplidoras como Canarias se vean ahora sometidas a un agravio comparativo con otras que no han hecho sus deberes. El Gobierno del Estado no puede premiar el incumplimiento con una medida que poco tiene que ver con la economía y mucho con los intereses políticos. Si avanza en esa dirección, el PP estará incentivando no la economía sino el incumplimiento.

Canarias aspira legítimamente a que el Gobierno autorice un déficit que nos permita abordar nuevas políticas orientadas al crecimiento económico y al empleo.

He dicho por activa y por pasiva que sólo con el ajuste de las cuentas públicas no se sale de la crisis, que hay que poner en marcha medidas que nos ayuden a reactivar la economía. Nuestra posición en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera fue precisamente ésa: la individualización del déficit para cada comunidad autónoma teniendo en cuenta sus indicadores específicos, que en el caso de Canarias se refieren a la tasa de paro, nivel de renta, contención de deuda y también cumplimiento del objetivo de déficit.

Cuando casi nadie duda ya de la necesidad de avanzar en las políticas de estímulo económico y abandonar la doctrina única de la austeridad, sería un avance que el Gobierno del PP diera un paso al frente en esa dirección y permitiera a comunidades autónomas solventes y fiables como Canarias andar su propio camino para salir de la crisis o, por lo menos, crear las condiciones precisas para reactivar a sus sectores productivos y generar empleo.

Cualquier otra cosa sería profundizar en la desigualdad social y torpedear la cohesión territorial del Estado. El interés general de España no acaba en Cádiz. Sin embargo, cunde la sensación de que, a ojos del PP, así se entiende.