El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 aleja aún más a Canarias de España, generando una enorme preocupación y un malestar compartido en los últimos días –públicamente- por los agentes sociales y económicos de las Islas.

Lamentablemente, con estos Presupuestos el PP pone a los canarios fuera del mapa.

Los números son incontestables. Es cierto que se exigen sacrificios a todas las comunidades autónomas. Nadie discute que la coyuntura económica impone unos presupuestos muy restrictivos a todas las administraciones. Ahora bien, no es menos cierto que en el caso de Canarias se exigen más sacrificios a la comunidad que más esfuerzos ha hecho -a pesar de ser en la que menos invierte el Estado-.

Comenté el domingo pasado que el Estado cuenta con dos herramientas fundamentales para generar equilibrios y cohesionar social y territorialmente.

Una es el sistema de financiación. He afirmado, y reitero, que hemos ganado una batalla al incluir en la declaración final de la conferencia de presidentes la necesidad de evaluar y corregir dicho sistema -alusión que días y horas antes parecía imposible por la negativa del PP a poner este asunto sobre la mesa-. En esta dirección, seguiremos sumando a otras comunidades autónomas a nuestra de demanda de corregir el modelo, y defenderemos en todos los ámbitos la oportunidad de acelerar el calendario para la evaluación y corrección del sistema porque los servicios públicos de Canarias no pueden esperar.

En lo que se refiere a la otra herramienta, a los Presupuestos Generales del Estado, es enormemente significativo y revelador que los agentes sociales y económicos exijan como una sola voz –junto al Gobierno y los grupos parlamentarios, excepto el del PP- que se cumpla con Canarias. En este punto, cabe pedir al PP canario que tome nota de sus compañeros en Baleares, Valencia y otras comunidades y que, lejos de limitarse a actuar como delegados del Gobierno del Estado, defiendan el interés de los canarios.

Los PGE ponen a Canarias fuera del mapa porque, más allá de los ajustes obligados en todos los presupuestos, dan la espalda a necesidades que exigen ser atendidas. Con estos Presupuestos el PP condena a Canarias a más pobreza y menos empleo, condena a los canarios a pagar más por viajar y a que el recibo del agua pueda incrementarse en hasta un 50%, deja a miles de mujeres y hombres sin la posibilidad de formarse en las escuelas taller y paraliza una infinidad de obras con el impacto que esto tendrá en el empleo; y así un largo e inaceptable etcétera que anima a que unamos fuerzas en defensa de nuestra comunidad.

Tristemente, el PP canario calla y mira hacia otro lado.

Como único argumento –sin llegar a serlo- en el PP piden más ahorro. Olvidan que somos la comunidad que está cumpliendo las directrices presupuestarias, la primera en poner en marcha medidas de ahorro y ajuste.

Es más, cabe responder a esa demanda que sobran ministerios, sobran delegaciones del Gobierno, sobran altos cargos en la Administración del Estado –reduce el número de funcionarios, pero no el de altos cargos-, sobran gastos millonarios de los Ministerios en propaganda. Las comunidades ya estamos adelgazando nuestra estructura y reduciendo gastos, ¿cuándo lo hará el Estado?

El Estado no puede reducir su tarea a repartir facturas. Su función es reequilibrar y cohesionar a los distintos territorios.

Cuantitativa y cualitativamente, el PGE revela un desconocimiento y una total falta de compromiso del Gobierno del PP con un territorio especialmente necesitado de medidas que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo.

Con estas cuentas, el Estado se desentiende de Canarias. De sus problemas, de su gente, de su presente y de su futuro.

A la comunidad autónoma que más esfuerzos requiere en políticas de empleo se le recortan 32 millones de euros del Plan Integral de Empleo (de 42 millones de euros a 10 millones). A la comunidad autónoma más alejada se le arrebatan once millones de euros para subvencionar el transporte de pasajeros (de 191 a 180); dos millones al de mercancías (que pasa de 20 a 18) y cinco al terrestre (de 30 a 25); 53 millones para el convenio de carreteras (que pasa de 207 a 54) u 8 millones para vivienda (de 9,8 a 1,6).

Son algunos ejemplos, dolorosos ejemplos. ¿Y el PP canario? En la defensa de Canarias, ni están ni se les espera.

Llueve sobre mojado. Estos recortes se suman a los que ya se practicaron en las cuentas de este mismo año y a las cantidades que podríamos haber percibido de contar con un sistema de financiación autonómica justo y equilibrado.

Decisiones que vienen a completar el catálogo de despropósitos con el que en los últimos meses el Gobierno del PP ha mirado hacia Canarias, como la eliminación de las bonificaciones a las energías renovables o la de las tasas aeroportuarias, la obligatoriedad de usar el certificado de residencia para viajar o la más que presumible modificación del descuento para residentes.

Ante ese cúmulo de arbitrariedades –más injustas aún si se tiene en cuenta el grado de cumplimiento de esta comunidad autónoma con los criterios del déficit y con la contención de la deuda- no queda otra que la denuncia pública y la exigencia de una rectificación en los PGE.

Como presidente del Gobierno de todos los canarios no puedo quedarme callado ante decisiones que pueden hipotecar nuestro desarrollo y que, hoy por hoy, atentan tanto a nuestras especificidades económicas y fiscales –recogidas en el REF- como a nuestro presente y futuro.

Canarias no se merece el trato que está recibiendo del Estado, algo que ya está generando la denuncia unánime de las fuerzas políticas, económicas, sindicales o sociales de las Islas, y la defensa cerrada de nuestros derechos.

Nadie que viva y sienta Canarias puede dar por bueno el tratamiento que reciben nuestras Islas.