A mediados de la semana pasada se reunió en Madrid el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para determinar los nuevos techos de gasto de las comunidades autónomas y distribuir el esfuerzo entre la Administración General del Estado y las Autonomías.

Canarias, como es conocido, votó en contra de la propuesta del Ministerio de Hacienda que nos asigna un déficit del 1,2 por ciento para 2013.

Entendemos que ese límite, que se aleja mucho del 2 por ciento que habíamos reclamado, es injusto e insuficiente. Además, es inferior a la media resultante para el conjunto de las comunidades autónomas, un 1,3 por ciento.

No hay razones objetivas que puedan explicar esa decisión del Ministerio de Hacienda, tanto más cuando Canarias está perdiendo al año 800 millones de euros por efecto de un sistema de financiación autonómica realmente perjudicial.

Precisamente, el nuevo techo establecido en el CPPF supone 480 millones para este año a diferencia de los 800 que habíamos solicitado para compensar esa misma cantidad que el sistema de financiación nos resta anualmente solo para alcanzar la media de lo que recibe el resto de las autonomías.

Canarias ha venido haciendo sus deberes en materia económico-financiera en los últimos años de manera ejemplar, con lo que aspirábamos –legítimamente- a mejor trato del que finalmente nos han dado.

Hemos hecho las cosas bien, pero desgraciadamente no hemos visto que se recompense a los dos millones de habitantes del Archipiélago que son, en última instancia, los afectados por los ajustes de los presupuestos autonómicos a los que nos hemos visto obligados en los últimos años.

Porque aun manteniendo a salvo los servicios públicos esenciales –una cuestión irrenunciable para el Gobierno de Canarias- es indudable que una merma en las cuentas públicas repercute en la capacidad inversora de la Administración autonómica. Confiábamos, pues, en una decisión más favorable a nuestros intereses que finalmente no ha llegado.

En esa reunión también mostramos nuestro desacuerdo con el reparto entre el Estado y las autonomías, ya que del 6,5% autorizado por Bruselas, la Administración central se reserva el 5,2% y solo cede el 1,3% a las comunidades autónomas cuando son éstas las que soportan el gasto social.

La sanidad, la educación o las políticas sociales corren a cuenta de las autonomías, con lo que habremos de seguir cuadrando el círculo para garantizar el carácter público de estos servicios esenciales.

Por si todo lo anterior fuera poco, el Ministerio de Hacienda dejó abierto un interrogante sobre el destino de 93 millones de euros que el Estado debe transferir a Canarias este año a través de las conferencias sectoriales. Hoy por hoy, el Estado no ha realizado tal transferencia ni nos ha dado garantías de que lo vaya a hacer. De esos 93 millones, 76 están presupuestados en políticas de empleo.

El resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha sido decepcionante para Canarias, aunque lamentablemente tampoco esperábamos un volantazo en la política del Ministerio de Hacienda.

Dispondremos ahora de 200 millones más que necesariamente irán destinados a políticas que contribuyan a mejorar la cohesión social de las Islas a través del crecimiento económico y la creación de empleo: unos objetivos que constituyen la razón de ser del Gobierno de Canarias y de los que nadie nos va a alejar.