Queremos nuevos instrumentos que nos ayuden a mejorar el funcionamiento de las Administraciones y a afianzar el Estado del Bienestar, a incrementar nuestra capacidad para generar puestos de trabajo y a garantizar a los ciudadanos la prestación pública de los servicios esenciales. Queremos reforzar la justicia social e igualdad de oportunidades para todos los canarios, con independencia de la isla en la que residan.

Queremos nuevos instrumentos para evitar la excesiva dependencia exterior y que nos den nuevos espacios de decisión propia para poder incentivar la economía, para crecer más y mejor.

Queremos nuevas competencias en materias estratégicas para Canarias como puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, costas, comercio y sanidad exterior. Y queremos un nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), donde se recojan todas estas aspiraciones y al que han de incorporarse mecanismos de financiación que garanticen la inversión estatal -incluso ante los tribunales-.

Y queremos avanzar en esa dirección porque estos años de dificultades económicas han puesto en evidencia determinadas carencias competenciales de la Comunidad Autónoma, limitando nuestra capacidad de acción para hacer frente con mayor contundencia a los desafíos de la recesión.

Por eso, frente a quienes dudan o pueden poner en duda la oportunidad de iniciar en estos momentos los trabajos para la reforma de nuestro Estatuto, cabe trasladarles una invitación al trabajo en común porque éste es, sin duda, el momento adecuado para afrontar un desafío de esas características.

Es precisamente la crisis económica la que nos debe estimular a ello; la que, como una espoleta, debe activar a las fuerzas políticas, a los agentes económicos y sociales, y a la sociedad canaria en su conjunto, en la defensa de nuevos instrumentos que nos permitan progresar más y mejor económica y socialmente.

Si es verdad que nada será igual después de la crisis, tendremos que ponernos a trabajar desde ya mismo para configurar esa Canarias de nuevas oportunidades a la que aspiramos todos.

Arrastramos ya más de un lustro de enormes dificultades, tiempo en el que el Gobierno de Canarias ha trabajado denodadamente para proteger los intereses de todos los canarios, especialmente de aquellos más vulnerables.

Hemos tomado medidas en todos los ámbitos posibles por aliviar los efectos de la crisis en las familias más desfavorecidas y, al mismo tiempo, hemos impulsado acciones para estimular el crecimiento económico, en un escenario generalizado de recortes en el gasto público y de limitaciones presupuestarias.

Hemos cumplido de manera escrupulosa nuestros compromisos económico-financieros, lo que ha permitido a la Comunidad Autónoma ganarse la credibilidad de los círculos económicos, como demuestran los informes publicados por diversos organismos especializados –como es el caso de Hispalink, que en su último informe de Modernización Regional Integrada señala a Canarias como una de las tres comunidades autónomas con mejor comportamiento económico, situándonos en el pelotón de cabeza de la recuperación-; o como antes lo hicieron instituciones como Funcas, el BBVA, el Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos III o la Confederación Canaria de Empresarios; o como ha hecho recientemente CEOE-Tenerife, que prevé tasas de crecimiento positivo desde el tercer trimestre de este mismo año.

Pero a pesar de este trabajo riguroso y constante, de las tendencias que apuntan a la salida de la crisis, Canarias necesita dar un paso más: para ser más fuerte, más competitiva, más internacional, más solidaria, más justa.

Necesitamos nuevas herramientas que nos ayuden a conseguir esos objetivos. Es objetivamente oportuno contar con una mayor capacidad de decisión sobre nuestros asuntos porque somos nosotros quienes mejor conocemos los problemas que nos atañen y, en consecuencia, quienes mejores soluciones podemos aportar.

En esa dirección, una de las grandes asignaturas pendientes de Canarias es, efectivamente, la reforma de su Estatuto de Autonomía, una modificación que va más allá de la renovación de su fuero político y que ha de constituirse como el pilar del desarrollo económico y social del Archipiélago. Un nuevo Estatuto al servicio de las personas y de las empresas canarias, erigiéndose en el instrumento sobre el que pivotará la Canarias que empieza a asomar tras esta feroz crisis económica.

El Archipiélago necesita nuevas herramientas para apuntalar su crecimiento, además de una mayor capacidad de decisión sobre los asuntos que le afectan directamente. Canarias necesita un nuevo Estatuto, y lo necesita para salir reforzada de esta crisis y cimentar un futuro de oportunidades, de progreso y bienestar. Y esa es una tarea de todos cuantos nos sentimos canarios o queremos a esta tierra: impulsar entre todos el Estatuto que Canarias está demandando.