En tanto un posible acuerdo entre los gobiernos de Madrid y Barcelona tendrá consecuencias en otras comunidades -Canarias entre ellas- es inadmisible que ambas administraciones, que ambos presidentes, estén negociando a escondidas.

El encaje de Cataluña no puede convertirse en un secreto de Estado; entre otras cosas, porque lo que está en juego es la relación Estado-Cataluña, pero también la relación del resto de los territorios con el Estado.

La celebración de la Diada llega en un clima de confusión política y ciudadana al que, de forma tan notable como inoportuna, ha contribuido el secretismo que está rodeando la relación del Gobierno del Estado con la Generalitat catalana.

Lamentablemente, la negociación sin luz ni taquígrafos que parecen haber iniciado los gobiernos catalán y estatal –en lo que a transparencia se refiere, el PP no predica con el ejemplo- alimenta esa imagen de improvisación, desgobierno y pocas certezas que tanto está debilitando el peso de España en la escena internacional.

¿Cómo va a generar confianza España con episodios de estas características? Porque, siendo razonable que las Administraciones mantengan reuniones de trabajo de carácter interno –como así debe ser y así ocurre en algunos ámbitos- lo que no parece admisible es que un asunto de Estado -el encaje de Cataluña, y las consecuencias que deriven en cuanto a financiación y otros aspectos- se convierta en secreto de Estado.  

Reitero que, sin negar la legitimidad de dos administraciones para establecer los cauces de colaboración y trabajo que crean oportunos, sí resulta sorprendente que lo hagan a escondidas en lo que a este proceso se refiere, hurtando al resto del Estado una información a la que tenemos derecho por los efectos colaterales que –en materia de financiación, por ejemplo- puedan tener dichas conversaciones. Y sorprende doblemente cuando el Gobierno de España lleva meses proclamando que el asunto de Cataluña no incumbe sólo a Cataluña y que, efectivamente, afecta a todo el Estado.

Cualquier cesión por parte del Estado hacia Cataluña –por legítima que sea- implicaría cambios evidentes en las reglas del juego, cambios en las relaciones de la Administración central con uno de sus territorios; algo que, sin lugar a dudas, precisaría de buenas explicaciones y mejores razones.  Canarias, en ese sentido, estará muy vigilante.

Ya he dicho en alguna ocasión desde este mismo blog que Canarias no quiere ser más, pero tampoco menos que nadie. Somos el territorio con más singularidades de todo el Estado, el que presenta mayores rasgos diferenciales por su lejanía del continente y por la fragmentación de su territorio, y seguiremos reclamando esta condición para que España asuma ese hecho diferencial como ya lo hacen los tratados europeos.

He dicho y escrito en infinidad de ocasiones, y reitero, que el Estado debe entender que Canarias es un asunto de Estado, porque de lo contrario se corre el riesgo de provocar un problema de Estado.

En lo que al encaje de Cataluña se refiere, ¿es Cataluña un asunto de Estado o un secreto de Estado? Parece que se opta por convertir la negociación en secreto de Estado, un camino que provocará –está provocando ya- recelos y tensiones en buena parte de los territorios que conforman España y en la mayoría de los ciudadanos.