No creo equivocarme si digo que Canarias fue una de las primeras comunidades autónomas -si no la primera- en habilitar un programa de ayudas de emergencia social para las familias más necesitadas debido a la crisis económica.

Fue en el año 2008 cuando el Gobierno impulsó esta medida, dotada con cuatro millones de euros, cantidad que fue creciendo con el paso de los años en la misma medida que las consecuencias de la crisis se hacían más patentes. El objetivo era -y es- ayudar a las familias en el pago de los recibos de la luz, el agua o los alquileres, a través de los ayuntamientos.

El programa de emergencia social, junto a otras medidas incluidas en la Estrategia Global contra la Pobreza, ha sido una constante en la gestión de mi Gobierno durante todos estos años. La protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, de los más castigados, ha constituido la gran prioridad del Gobierno que he presidido.

La defensa de los servicios públicos esenciales y el impulso de las políticas sociales, aun dentro de las dificultades derivadas de las restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno del Estado, marcó siempre la agenda del Gobierno de Canarias; y si bien somos conscientes de que cualquier esfuerzo en esta materia -por grande que sea- siempre será inferior a las necesidades de todos nuestros ciudadanos, hemos contribuido a aliviar el padecimiento de miles de familias.

En esa dirección, hasta el último minuto estamos prestando atención a quienes siguen sufriendo los embates de la crisis, una situación que, poco a poco, estamos dejando atrás.

Hasta el último minuto estamos del lado de quienes más lo necesitan. Sin ir más lejos, el pasado martes firmamos una nueva adenda al convenio entre la Comunidad Autónoma, La Caixa, la fundación CajaCanarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en materia de emergencia social. El acuerdo prevé la inversión de otros cuatro millones de euros para sufragar las ayudas solicitadas por los vecinos de los municipios canarios.

La colaboración entre instituciones -públicas y privadas- ha sido vital para el desarrollo de estos proyectos en un marco económico restrictivo. No podemos olvidar que Canarias ha perdido en los últimos años 2.000 millones de euros en recursos, ya que se ha pasado de un presupuesto autonómico de 8.000 millones de euros a otro de 6.000 millones de euros. Esa disminución tan significativa de fondos nos ha obligado a establecer prioridades claras en la gestión de los recursos y una de ellas ha sido la de mantener la cohesión social en el Archipiélago.

El rigor en las cuentas y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos nos ha permitido afrontar programas de este tipo, como el plan de empleo social, los comedores sociales en las escuelas -de los que este verano se beneficiarán unos 5.000 niños- o los citados planes de emergencia social. Un conjunto de acciones que da la medida de la sensibilidad con la que ha trabajado el Gobierno de Canarias y que habrá que seguir implementando en el futuro hasta que se borren para siempre las consecuencias de la crisis económica.