Ahora que Canarias avanza hacia la recuperación –que no solo debe ser económica, sino también social-; ahora que cerraremos el año con el mayor crecimiento de todo el Estado –así lo apuntan todos los informes conocidos, y así lo ha reconfirmado la propia patronal-; ahora que el Archipiélago está en condiciones de colocarse en el pelotón de cabeza de las comunidades autónomas con mejor comportamiento en el año 2015, es ahora cuando adquiere mayor valor el esfuerzo que todos, y sin duda el Gobierno de Canarias, hemos hecho por amortiguar las consecuencias de la crisis y, en ese orden de cosas, por blindar los servicios públicos que ahora más que nunca demandan quienes menos tienen y peor lo están pasando. Una tarea en la que, a diferencia de otros gobiernos, nos hemos volcado; un compromiso y un trabajo al que seguiremos prestando la máxima atención.

Mientras otros gobiernos han mirado hacia otro lado cuando tocaba defender los servicios públicos -como así lo confirma el cierre de escuelas y hospitales en otras comunidades-, el Gobierno de Canarias ha trabajado siempre en la defensa de unos servicios dignos, apuntalándonos con inmensas dificultades por los recortes sociales del Gobierno del Estado.

Los datos son incontestables, y ni toda la demagogia –cuando no falsedades- de algunos sumisos orgánicos del PP puede ocultar la realidad de los hechos.

Frente al PP de las desigualdades –con los populares en el Gobierno las desigualdades se han multiplicado como nunca antes había ocurrido-, en Canarias, desde el Gobierno pero con el concurso de todos, hemos defendido los servicios públicos contra vientos y mareas presupuestarias.

Ejemplos hay muchos, el último podemos rescatarlo de estos últimos días. Esta misma semana la Consejería de Sanidad presentó el nuevo calendario de vacunación, uno de los más avanzados de España y de toda Europa. Este programa, cuyo coste asciende a dos millones de euros, permitirá, entre otras cosas, que los niños puedan vacunarse gratis contra la neumonía o meningitis.

Hasta ahora, los padres debían comprar las dosis en las farmacias por unos 70 euros. Pretendemos, con esta medida, que la capacidad adquisitiva de los padres deje de ser un obstáculo a la hora de vacunar a los más pequeños; la salud y las prestaciones sanitarias no deben estar limitadas por criterios económicos o de renta, pues entendemos que es un servicio que la Administración debe prestar garantizando la igualdad de acceso a todos los ciudadanos.

El calendario, además, adelantará el suministro de la vacuna contra el virus del papiloma humano en las niñas de los 14 a los 12 años. La población adulta también se beneficiará de alguna de estas medidas, porque la llamada Prevenar 13 también se empezará a suministrar a mayores de 18 años con factores de riesgo o las embarazadas podrán proteger a sus recién nacidos de la tos ferina vacunándose en el último trimestre.

Es un ejemplo, uno más. Es una muestra de la acción política que ha caracterizado al Gobierno de Canarias en los últimos años. A pesar de la crisis económica, a pesar de la enorme disminución de fondos a disposición de las administraciones canarias, a pesar de las deudas históricas que mantiene el Estado y de los obstáculos que nos ha puesto en el camino durante todos estos años, no hemos cedido un milímetro en la defensa de los servicios públicos.

Hemos cumplido los estrictos deberes económico-financieros impuestos por el Estado y, al mismo tiempo, hemos blindado nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras políticas sociales. Desgraciadamente, dada la insensibilidad e incumplimientos del Gobierno del PP deberemos seguir haciendo frente a esta situación con nuestros propios recursos el próximo año.

Canarias recibirá del Estado a través Fondo de Garantía de los Servicios Fundamentales 2.322 millones de euros, mientras que el coste de estos servicios asciende a 4.334; es decir, el Gobierno de Canarias debe suplir ese déficit con 2.012 millones de euros, una cantidad que se eleva a 7.700 millones de euros si se amplía el análisis a los años 2012-2015.

Estas cantidades dan fe de las dificultades a las que estamos haciendo frente todos los canarios, pues hemos tenido necesariamente que detraer fondos de otras partidas para garantizar esos servicios fundamentales. Pero esa es precisamente la línea roja que no cruzó ni cruzará nunca el Gobierno que presido: la de deteriorar los servicios públicos esenciales, la de añadir más sufrimiento a quienes ya lo están pasando mal.