Ahora que sube como la espuma el apoyo social a un partido que promete la ruptura –abrir el candado del 78, han dicho-, ahora que otros se defienden de esa ola proponiendo una reforma política e institucional en profundidad, ahora que crece la percepción entre los ciudadanos de que este PP es un problema para España –y recalco que me refiero a este PP y no al PP-, es ahora cuando cabe preguntarse si no es cierto –los hechos apuntan en esta dirección- que el inmovilismo del presidente del Gobierno central está fracturando social y territorialmente España.

Hace años que vengo augurando que la actitud del Gobierno de España provocaría, más pronto que tarde, que la crisis económica se viera notablemente agravada por crisis políticas y territoriales, nacidas estas últimas al calor de un PP al que parece dar miedo la política entendida como un necesario ejercicio de diálogo y flexibilidad que dé salida a las situaciones planteadas. Sin duda en Cataluña, sin duda en Euskadi, sin duda en Canarias, y sin duda en todo el Estado, pues el deterioro social e institucional tiene en el partido que gobierna a su principal responsable y causante.

También hace años vengo defendiendo la oportunidad de dar pasos al frente, de hacer política y de cambiar las cosas para poner al día un marco de convivencia al que se le están multiplicando las humedades.

Ahora que los defensores de la ruptura –Podemos- cabalgan en las encuestas, cada semana que pasa se multiplican voces reivindicando la necesidad de iniciar un proceso de reforma constitucional que saque a España del callejón en el que se encuentra; un callejón con salidas que el PP obstaculiza, provocando con su inmovilismo –que tiene en Rajoy a su máximo exponente– que la fractura social y territorial vaya a más, o que la política y las instituciones se desplomen imparablemente a ojos de la ciudadanía.

Ahora y no antes, ahora que a ojos de muchos ciudadanos los partidos antisistema no son los emergentes sino los llamados partidos tradicionales, cada día que pasa es mayor el convencimiento de que el inmovilismo que practica el Gobierno del PP engorda la crisis institucional, la fractura territorial y la desconfianza ciudadana en la política.

Se precisa decisión y valentía para afrontar los numerosos problemas que están cercenando la credibilidad del propio sistema. Es el momento de poner en hora la política, la hora de recuperar el pulso de la política.

La inacción no resuelve ningún problema, antes al contrario los agudiza. El Partido Popular, como actual fuerza mayoritaria en las Cortes, ha de propiciar un escenario de concertación y diálogo que haga posible empezar a hablar, en serio, de la reforma de la Constitución -especialmente ahora que el resto de formaciones políticas coinciden en el diagnóstico y la opinión pública y publicada demanda cambios profundos-.

No se trata de tirar por la borda toda la experiencia acumulada en estas últimas décadas de fructífera democracia, sino de aprovecharla para ponerla al servicio de una reforma que ha de ser tan amplia como juiciosa. Este trabajo, que necesariamente habrá de articularse en las Cortes, no debe sin embargo constreñirse a los grupos parlamentarios, sino que debe extenderse al conjunto de la sociedad y de sus instituciones representativas. El proceso debe ser participativo en grado sumo para que la nueva Constitución vuelva a ser la de todos.

En esa dirección, uno de los retos más importantes tiene que ver con la propia arquitectura del Estado, con la redefinición de un modelo que dé respuesta a las necesidades de los distintos territorios.

Defiendo desde hace años una reforma de la Constitución que, entre otros aspectos, consagre el hecho diferencial canario a través de la adopción de un sistema federal asimétrico. Ahora que la cuestión catalana ha vuelto a poner de máxima actualidad este asunto, y que esta solución federal parece ganar adeptos, aprovecho para reiterar que Canarias tiene que estar al mismo nivel político que las llamadas comunidades históricas.

No hay singularidad tan evidente como la canaria, tanto desde el punto de vista geográfico como económico o político-administrativo. ¿Qué mayor hecho diferencial que el determinado por la discontinuidad física entre un terrirorio y el Estado al que pertenece y la lejanía geográfica entre ambos?

Canarias debe aprovechar la oportunidad histórica que se empieza a avistar para colocarse en el lugar que le corresponde. La nueva Constitución ha de consagrar nuestro hecho diferencial y otorgar a Canarias el máximo nivel de autogestión que sea posible en ese futuro Estado federal.

Comparto la lectura que sobre este particular viene realizando el PSOE en aras a la clarificación del mapa competencial del Estado y el reconocimiento a los hechos diferenciales tanto en la llamada Declaración de Granada como en la más reciente de Zaragoza. La música de esa propuesta reformista y regeneradora suena bien, pero la letra ha de incluir una mención explícita a Canarias.

El Archipiélago no puede perder ese tren que se ha puesto en marcha, debemos aprovechar con inteligencia cuantas oportunidades se presenten en el camino para afianzar sus posiciones.

De ello dependerá nuestra capacidad de maniobra para hacer frente a los retos a los que obligan los nuevos tiempos para ampliar ámbitos de decisión y ajustar nuestra acción política a las demandas específicas de la ciudadanía.

Tampoco resultará viable un nuevo mapa competencial si no se avanza en otro sistema de financiación autonómica más justo, equitativo y solidario. Ese abanico de reformas habrá de abarcar también aspectos relacionados con el funcionamiento de las instituciones, como el Senado -ahora mismo una Cámara prescindible- o de los partidos políticos, por ejemplo.

La acción reformista ha de sustentarse en una voluntad sincera de regeneración que permita un mejor funcionamiento del sistema aprovechando los mecanismos previstos por ese mismo sistema. No se trata de plantear propuestas irrealizables o de defender escenarios de ruptura, sino de entablar una negociación seria y constructiva para encontrar soluciones ajustadas a lo que hoy en día piden los ciudadanos, porque el reloj de la política no puede seguir parado.