Hay que poner al día el modelo de Estado. Hay que adaptarlo a los cambios sociales y territoriales para que ciudadanos y territorios se reencuentren con un modelo que, a fecha de hoy, se presenta cada vez más desprestigiado, cada vez menos eficaz, cada vez menos eficiente, cada vez menos justo. Hay que ponerlo al día porque el actual modelo de Estado aleja a Canarias de España.

Hay que actualizarlo porque no solo Cataluña y Euskadi deben reajustar su posición. En Canarias también necesitamos poner al día el contrato que nos une al Reino de España. Hay que actualizar ese pacto porque en las actuales condiciones se están alimentando desigualdades y desafectos que pueden desembocar en situaciones no deseables.

He dicho muchas veces que el Estado de las Autonomías ha funcionado y funciona razonablemente bien, pero que este tiempo nuevo –esta nueva realidad- obliga a repensar el modelo para hacerlo mejor, más eficaz y, sobre todo, más justo. No abogamos por la confrontación. Todo lo contrario, exigimos un nuevo encaje en España para afianzar la cohesión social y territorial que el Gobierno del Estado está fracturando por acción u omisión.

Hemos defendido y seguiremos defendiendo un modelo que debe tener en cuenta nuestras particularidades. La estructura político-administrativa de Canarias es especial, diferente. Somos uno de los territorios más descentralizados del Estado -no en vano, contamos con unas corporaciones insulares que ejercen un elevado número de competencias-. Ahora bien, el futuro de nuestras corporaciones locales –cabildos y ayuntamientos- está y estará condicionado por las decisiones que, en reuniones a oscuras, sin luz ni taquígrafos, están gestándose en Madrid, Vitoria o Barcelona.

No podemos responder a la pregunta ‘¿hacia dónde van nuestros cabildos y ayuntamientos’ si no nos planteamos antes otra, ‘¿hacia dónde va España?’.

En esa dirección, no son muy alentadoras las señales que nos viene dejando el presidente del Gobierno del Estado sobre eventuales reformas constitucionales a la carta, para contentar exclusivamente a algunos de los territorios.

Hemos sabido de reuniones secretas absolutamente incompatibles con la transparencia exigible. Se han filtrado propuestas de futuros modelos de financiación que benefician a determinadas comunidades autónomas en detrimento de las demás. ¿Encajará Canarias en ese modelo de Estado que Rajoy negocia a escondidas?

Asistimos con incredulidad y creciente indignación a intentos de cambiar las reglas del juego solo con el concurso de algunos de los actores implicados -sin tener en cuenta que las reformas deberán atender muy especialmente a territorios como el canario y nuestras singularidades económicas y fiscales-.

Queda por ver si Canarias encajará en esos cambios que se están cocinando o si, por el contrario, las Islas van a estar aún más alejadas de España. El escenario que tenemos ante nosotros dibuja un panorama ciertamente inquietante.

Más de seis millones de parados que colocan al Estado al borde de un estallido social y la ausencia de políticas de estímulo al crecimiento –lo que conduce de manera inevitable a una merma de recursos públicos y un empeoramiento de los servicios esenciales- son hechos que obligan a tomar medidas con prontitud. Medidas que permitan construir un nuevo sistema de financiación autonómica –aquel por el que el Estado distribuye entre las comunidades autónomas los fondos para pagar los servicios públicos- y acometer una reforma de la Constitución que refuerce los hechos diferenciales de Cataluña, País Vasco y Canarias, amparando de esa manera las legítimas aspiraciones de contar con una menor dependencia y una mayor capacidad de decisión.

Solo de esta perspectiva reformista se podrán abordar también los cambios precisos en las administraciones públicas para hacerlas más eficaces, de manera que se adapten a unos tiempos en los que hay que hacer mucho más con mucho menos.

El compromiso debe ser –y así lo defendemos- diseñar un mapa político-administrativo que dé una respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos, fórmulas que cambien a mejor unas administraciones que deben ser más austeras pero más capaces.

Aunque desde Canarias aún estamos pendientes de los cambios normativos que habrán de producirse en el ámbito estatal en materia de administración local, hemos puesto en marcha mecanismos de estudio y análisis para avanzar en la reforma de las administraciones públicas, con la creación de un comité de expertos que está realizando interesantes propuestas en ese sentido.

Se trata, en última instancia, de aclarar el mapa competencial canario de modo que se eviten duplicidades en la prestación de los servicios, ganándose así en eficiencia.

La necesidad de promover cambios es imperativa, especialmente si tenemos en cuenta que las actuales circunstancias condicionan la disposición de recursos financieros y que la demanda de servicios públicos es igual o mayor que hace unos años.

En consecuencia, o se avanza en la dirección que defendemos en las Islas o nos enfrentamos a un doble riesgo. Por un lado, a la posibilidad de una fractura social. Y, por otro, a la ruptura de la cohesión territorial caso de no garantizarse la igualdad de oportunidades a todos los canarios, independientemente de la Isla en la que residan.

Hay que cambiar, y hay que hacerlo a mejor pero no a menos, adaptando nuestras instituciones a una realidad más exigente.

Trabajemos por unas Islas en las que jugará un papel determinante la internacionalización de nuestra economía, en la que la innovación y la investigación han de ser las piedras angulares de un crecimiento armónico, donde las energías limpias habrán de tomar el relevo a las convencionales y donde el turismo se convierta en ejemplo de calidad y sostenibilidad.

Para profundizar en esos objetivos, Canarias necesita ser menos dependiente, tanto desde el punto de vista económico como competencial. Como he dicho en alguna ocasión, necesitamos más Canarias. Hay que poner al día el modelo de Estado porque, indudablemente, el actual está alejando a Canarias de España.

Hay que tomar decisiones, y el Gobierno del Estado debe tomarlas ya. Con transparencia. Sin secretismos. Adoptando medidas para cortar de raíz la creciente desafección que algunas decisiones u omisiones están generando en las Islas.