Canarias avanza hacia la recuperación económica más rápido que el resto del Estado. Estamos demostrando que puede impulsarse dicha recuperación con políticas diferentes a las que está llevando a cabo el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, políticas –las del Partido Popular- que no son las que la situación requiere y la ciudadanía demanda.

Hay otra forma de plantar cara a la crisis desde lo público. Hay otro camino. Frente a la quiebra social y territorial que el PP está provocando, en Canarias estamos demostrando que es posible hacer las cosas de una manera distinta; de tal forma que, aunque en las Islas seguimos padeciendo enormes dificultades, todos los datos apuntan a que estamos más cerca de la recuperación.

Ni ha sido ni está resultando fácil. Pero, a pesar de que el PP ha dado la espalda a Canarias, mantenemos los servicios públicos esenciales. A pesar del PP, hemos cumplido y cumplimos con los compromisos económico-financieros. A pesar del PP, el rigor y la responsabilidad en la gestión de los recursos nos ha consolidado como un territorio fiable -ahí están los indicadores que dicen, alto y claro, que Canarias es la comunidad que más confianza genera-.

Entre otros factores decisivos, Canarias precisa de la combinación de tres elementos para consolidar los avances que ahora estamos afianzando: un buen Régimen Económico y Fiscal (REF), una aportación adecuada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y un nuevo sistema de financiación autonómica.

Así las cosas, a la espera de conocer con qué REF contaremos a corto y medio plazo, y en tanto los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno del PP han vuelto a dar la espalda a Canarias –poco les importa la unanimidad con que dichos PGE han sido durísimamente criticados en las Islas-, debemos insistir en reclamar la urgente revisión del sistema de financiación autonómica -método por el cual el Gobierno del Estado reparte entre las comunidades autónomas un dinero que se destina a la sanidad, la educación y a las políticas sociales-.

Canarias ha perdido muchos millones de euros (800 cada año) desde que entrara en vigor un modelo que rechaza la mayoría de comunidades autónomas -cuyos presidentes, muchos del PP, han criticado por injusto e insolidario-.

Hay quienes, para eludir esa necesaria reforma, vuelven cansinamente al argumento de si años atrás se apoyó o dejó de apoyar el modelo vigente –un modelo que, no debemos olvidarlo, nació antes de una crisis que ha obligado a revisar todo o casi todo-. En su afán de eludir la cuestión de fondo, esconden que el debate de ahora no es cuál fue el modelo de Estado sino cuál debe ser el modelo de Estado.

Promoví hace ahora algo más de un año, en una conferencia de presidentes autonómicos, analizar este asunto y avanzar en un cambio del sistema que recogiera con mayor exactitud las necesidades de cada uno de los territorios del Estado. La conferencia se celebró a principios de octubre de 2012 y a día de hoy, aunque no ha cambiado el modelo, algunas cosas sí han cambiado.

Un año después se multiplican las voces que, cada vez con mayor contundencia, claman por un cambio muy importante del sistema. Además, se da la circunstancia de que muchos de esos pronunciamientos vienen de comunidades gobernadas por el PP; y es que, a diferencia de lo que ocurre con el PP de Canarias, en otras comunidades los populares sí levantan la mano y alzan la voz cuando entienden que se está desatendiendo el interés de sus territorios.

Sea como fuere, resulta imprescindible la convocatoria de una nueva conferencia en la que se pongan todas las cartas boca arriba, en la que el Gobierno del Estado diga qué pretende hacer con ese sistema -y con la pretensión de algunas comunidades autónomas de negociar de manera bilateral-.

Sabemos que Rajoy es dado a ganar tiempo. Pero, en éste y en otros tantos asuntos, cada vez que el PP gana tiempo los ciudadanos lo pierden. Huir de las decisiones y eludir cuestiones inaplazables como el cambio del modelo de financiación es sumir a España en el desgobierno.

Gobernar es tomar decisiones, dar la cara; y, además, hay que hacerlo en los ámbitos que institucionalmente están definidos, con todas las comunidades autónomas representadas. En esa dirección, el PP no puede gobernar España negociando bilateralmente y a media luz.

Es precisamente ese foro, la conferencia de presidentes, en el que cada territorio del Estado debe manifestar su posición al respecto y en el que se deben tomar las decisiones que fueran precisas para garantizar la cohesión social y la solidaridad.

El Gobierno de Rajoy no puede ni debe entablar negociaciones secretas o bajo cuerda con determinadas comunidades autónomas –como Cataluña-, una perspectiva que ha puesto en guardia a los llamados barones del PP.

Más allá del interés partidista –allá cada cual con sus contradicciones internas- el debate es de mucho mayor calado. Está en juego un modelo de Estado, el modelo de relaciones entre el Estado y sus territorios, y en consecuencia está en juego la cohesión territorial.

Cada día que pase sin que se tome una decisión al respecto aumentará la desconfianza hacia el Gobierno del Estado.