A medida que pasan las semanas crecen las voces que se alinean con la tesis de que las comunidades autónomas, lejos de ser las principales causantes del enorme déficit público del Estado, somos las que estamos llevando a cabo un mayor esfuerzo presupuestario. Una realidad a la que, en el caso de Canarias, cabe añadir que estamos realizando ese esfuerzo sin renunciar a nuestro compromiso de defender con uñas y dientes los servicios públicos esenciales.

Los datos provisionales publicados por el Gobierno de España -ahora mismo auditados por las autoridades europeas- así lo indican. Mientras las comunidades autónomas conseguimos rebajar el déficit del 3,3 al 1,7 por ciento entre el año 2011 y 2012, la Administración General del Estado solo pudo rebajar su déficit del 5,1 por ciento al 3,8 por ciento.

Como bien han apuntado determinados analistas económicos, si el ajuste del conjunto de las autonomías se situó en el 50 por ciento, el del Estado rondó el 25 por ciento.

Esta interpretación es sumamente esclarecedora del esfuerzo realizado por unos y otros, más aún cuando las comunidades autónomas gestionamos los servicios esenciales, como la sanidad, la educación y las políticas sociales; o lo que es lo mismo, somos responsables del 60 por ciento del gasto total de las administraciones públicas, lo que nos sitúa en una posición presupuestaria muy comprometida –especialmente las comunidades que, como Canarias, estamos cumpliendo estrictamente con las directrices-.

Hace meses que vengo demandado al Estado, en distintos foros y reuniones, un cambio en la manera de afrontar esta compleja realidad económica. De una parte, he insistido durante meses en la necesidad de articular políticas que impulsen el crecimiento y, de otra, he reiterado la reclamación de que una eventual flexibilización en los criterios de cumplimiento del déficit público se traslade a las comunidades autónomas, de manera proporcional a sus niveles de gasto.

Esa fue la posición que defendió Canarias en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado en Madrid el pasado jueves. Allí, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, dejó clara la demanda de una ampliación del objetivo de estabilidad, lo que supondría una inyección en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de unos 160 millones de euros.

Recursos, esos 160 millones de euros, que nos permitirían un impulso tan necesario como relevante a las políticas de crecimiento y generación de empleo –una apuesta firme, dichas políticas, del Gobierno que presido-.

Además, hemos solicitado que esos objetivos del déficit se individualicen para cada comunidad autónoma teniendo en cuenta sus indicadores específicos, que en el caso de Canarias se refieren a la tasa de paro, nivel de renta, contención de deuda y cumplimiento del objetivo de déficit.

Sería tremendamente injusto e inexplicable que el Gobierno del Estado no trasladase a las comunidades autónomas esa flexibilización en los plazos para el cumplimiento del déficit -especialmente en nuestro caso, habiendo cumplido los compromisos financieros rigurosamente-.

Canarias está legitimada para exigir la aplicación de esa medida porque, como ha manifestado el propio Ministerio de Hacienda, hemos cumplido en materia de déficit, deuda y reducción del sector público empresarial.

Desde hace meses vengo defendiendo esta postura. Meses denunciando que, en contra de lo que apuntan algunas voces, las comunidades autónomas estamos haciendo un esfuerzo significativa y demostrablemente mayor que el Estado.

Ahora muchos se están sumando a la reclamación de Canarias. Se empieza a entender que hablamos de una medida que se justifica por una cuestión de justicia, de equilibrio y de solidaridad.

Su aceptación implicará además un reconocimiento del Gobierno del Estado -que viene haciendo mucha falta- al papel desempeñado por las autonomías a la hora de reducir el gasto público con seriedad y rigor financiero.