El Gobierno del PP ha encontrado en la crisis la coartada perfecta para intentar el desguace del modelo descentralizado que consagra la Constitución y que, a la vista está, tanto incomoda a quienes aspiran a una España sin más gobierno ni ámbito de decisión que los despachos de Madrid. Con esa ambición, abonan un discurso que tiene dos objetivos. De una parte, alimentar una cortina de humo para ocultar decisiones que, adoptadas en el Consejo de Ministros, están rompiendo la cohesión social y territorial. De otra, construir un escenario presupuestario que condene a las comunidades a una situación financieramente insostenible, para acto seguido argumentar que el modelo autonómico es inviable. O lo que es lo mismo, no es descabellado pensar que están llevando a las comunidades hacia un callejón sin salida para, un minuto después, decir que el Estado autonómico esta en un callejón sin salida.

Al Gobierno del PP se le llena la boca hablando de la elefantiasis autonómica cuando la gran megaestructura burocrática del Estado se encuentra en la propia Administración central.

La huida hacia delante del ala más dura del PP supone, juegos florales a un lado, un salto atrás de treinta años. Ya está bien de que se culpe a las comunidades autónomas de todos los males que nos aquejan, incluso a aquellas que como Canarias han cumplido escrupulosamente todos sus compromisos en austeridad y contención del gasto.

Analicemos por un momento las cifras y comprobemos cuál es la responsabilidad del Estado en esta ceremonia de la confusión alimentada por los promotores de la cortina de humo. El 60% del gasto de todas las administraciones públicas españolas lo gestionan las comunidades autónomas, gasto que se destina a sanidad y educación; pese a ello, el endeudamiento medio de las autonomías es del 16%, frente al 72% del Estado. Sin embargo, el objetivo de déficit marcado por el PP para 2013 reserva un 3,8% del total respecto al PIB para el Estado y limita a un 0,7% el objetivo de estabilidad de las comunidades autónomas. ¿Es eso justo? ¿Es eso proporcional? ¿Es eso responsable? La respuesta en todos los casos es no, porque el Gobierno de España, gestionando el 40% del gasto público total, quiere un nivel de déficit y de deuda desorbitado respecto a las autonomías, que gestionan el 60%.

Tanto en déficit como en deuda quieren cinco veces más que las comunidades autónomas. Consideremos también que en estos momentos el déficit estructural del Estado (el gasto sin considerar los efectos de la crisis) está fijado en el 2,8%, mientras que a las CC AA se nos obliga a acabar con un balance positivo, para hacernos una idea de la desfachatez de los argumentos del PP.

Aun con todo, Canarias cumple al cien por ciento con sus obligaciones y lo seguirá haciendo. El problema habrá que buscarlo, entonces, en otro lado, y la respuesta también. Acaso en la existencia de una Administración central desfasada, burocratizada y sobredimensionada que tiene que ajustarse a una nueva realidad y someterse a una reforma en profundidad que la ponga al servicio de una estructura política que consagra a las comunidades autónomas como las prestadoras de los servicios públicos esenciales.

El Gobierno del PP debe acometer de manera urgente esta reforma, que podría concretarse, por ejemplo, en la eliminación de varios ministerios cuya existencia es totalmente prescindible puesto que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Basta con echar un vistazo a los tres Reales Decretos aprobados por el Gobierno del PP entre diciembre de 2011 y febrero de 2012 por los que se determina la estructura de los departamentos ministeriales para comprobar hasta dónde llega el nivel de burocratización de la Administración del Estado. Un solo ejemplo: la División de Estudios y Publicaciones dependiente de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dependiente a su vez de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Más allá de la anécdota, el Gobierno del PP mantiene una estructura organizativa propia de un Estado centralizado, como si las comunidades autónomas no existieran. ¿No sería mucho más apropiado mantener un número de ministerios mínimos con competencias exclusivas y eliminar otros que realmente sobran en el actual mapa político-administrativo?

No sobran las comunidades. Sobran muchas estructuras del Estado, entre otras, cabe plantearse la eliminación de buena parte de la Administración periférica del Estado.

Y si damos por bueno que la Administración debe adelgazar para responder a nuevos y exigentes criterios de austeridad, ¿no debería quizás el PP empezar la dieta por la que es hoy su propia casa?

Hablemos de adelgazar la Administración, de acuerdo. Pero es el Estado el que más tarea tiene por delante en ese objetivo.