En relación a los topes de déficit para 2013, en agosto del año pasado apunté que resultaba incomprensible que el Gobierno del PP reservara para el Estado un 3,8 por ciento con respecto al PIB e impusiera a las comunidades autónomas un injustificado 0,7 por ciento. Un criterio tan irracional como injusto cuando, como así ocurre, el 60 por ciento del gasto total de las administraciones públicas lo gestionan las autonomías –dándose la circunstancia, además, de que la inmensa mayoría de esos recursos públicos se dedican a garantizar los servicios esenciales, es decir, la justicia social-.

Comenté en aquel momento que esos criterios de estabilidad no eran ni justos, ni responsables. Tampoco proporcionales.

El PP con una mano culpa a las comunidades autónomas de la crisis económica y, con la otra, asfixia financieramente a quienes estamos prestando los servicios públicos esenciales. El Gobierno de España estrangula a las autonomías y, acto seguido, lanza eslóganes para que cale en la opinión pública la idea de que el Estado autonómico está en un callejón sin salida.

Unos criterios, los aludidos, cuya injusticia crece aún más cuando el Gobierno del PP que fija estos topes es el mismo Ejecutivo que suplica a Bruselas una flexibilización en los criterios del déficit para sí; es decir, la flexibilidad que el PP pide para el Estado se la niega a las comunidades autónomas.

Estos argumentos ya los defendí, en este mismo blog, en agosto de 2012. Ahora, meses después, muchas voces apuntan en la misma dirección. Estos días muchos apuntan a la necesidad de que el Estado abra la puerta a una mayor flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos del déficit, con lo que se ampliaría el margen de maniobra de las administraciones que financiamos los servicios básicos –abriéndose así la puerta, igualmente, a que las comunidades podamos multiplicar nuestras políticas de crecimiento y empleo para ir más allá de las relacionadas exclusivamente con la austeridad-.

Resulta tan injusto señalar a las autonomías como causante de todos los males como no reconocer el esfuerzo que estamos haciendo por mejorar nuestros números, a pesar de las enormes limitaciones impuestas. Una injusticia especialmente visible en casos como el de Canarias, pues hemos cumplido de manera escrupulosa con todas las directrices -por cierto que, desmintiendo a la informaciòn desfasada ofrecida dìas atrás por Hacienda, debo recalcar que hemos trasladado al Ministerio datos que garantizan que Canarias no incurrirá en desviaciòn y cumplirá con el objetivo de estabilidad-.

Seriedad y rigor financiero que, reconocido por el Ministerio de Hacienda, no han tenido por parte del Gobierno de España la respuesta que Canarias merecía.

Es hora de que el Gobierno del Estado reconozca el papel de las comunidades autónomas y su esfuerzo en la contención del gasto, y un camino es la flexibilización del déficit.

Sería la mejor manera de lanzar un mensaje de confianza sobre las cuentas del Estado –de todo el Estado- y de lealtad institucional entre las Administraciones públicas, hoy en día bastante mal paradas en la opinión pública por culpa del discurso partidista e irresponsable del PP.

Sólo con la cooperación entre todos los gobiernos se podrá dar la respuesta debida a las demandas de la ciudadanía y podremos encarar los graves problemas que tenemos planteados.

Las comunidades autónomas podríamos hacer mucho, muchísimo, si ese estrangulamiento de facto –el cumplimiento del déficit- se relajara algunas décimas. Solo de esa manera se podrían atender situaciones que hoy por hoy son prácticamente inabordables, y que están obligándonos a enormes sacrificios.

El Gobierno del PP debe atender esta reclamación que se viene haciendo desde las autonomías por una cuestión de justicia, de equilibrio y de solidaridad.

Cualquier otra cosa será entendida como un nuevo episodio en la ofensiva recentralizadora del PP para hacer añicos el Estado de las Autonomías, precisamente el modelo que ha permitido a España su período de mayor progreso.