Hay quienes, equivocadamente, limitándose a aplicar recortes y ajustes están sumiendo a nuestra sociedad en la pobreza y el desempleo. Ese no es el camino, así no; ese no es el camino, esa no es la dirección en la que trabaja el Gobierno canario.

Esa receta, que el PP ha hecho suya, nos aleja del crecimiento y de la generación de puestos de trabajo, debilitando aún más a las familias con menos recursos. Frente a esas políticas, hay otra forma de hacer las cosas.

Hay quienes creemos que promoviendo el crecimiento sí lograremos dejar atrás la recesión. Hay quienes, con poco margen presupuestario pero con mucha convicción, estamos volcados en proponer y hacer realidad medidas audaces pero posibles, imaginativas pero realistas; y, sobre cualquier otra consideración, medidas cargadas de justicia y sensibilidad social.

Está costando mucho –demasiado- generar una conciencia sobre la necesidad de combinar la austeridad presupuestaria con políticas de estímulo económico. Sin embargo, poco a poco se va abriendo camino la idea de que, efectivamente, otra forma de hacer las cosas es posible.

En Canarias estamos demostrándolo. No sin dificultades. A veces con la incomprensión del Gobierno del Estado o de sus portavoces en las Islas. Pero firmes. Partiendo de la premisa, una vez más, de que en política se está para hacer las cosas bien.

A quienes se sienten más cómodos dando la espalda a los que menos tienen, cabe reiterarles que en Canarias vamos a seguir levantando muros en defensa de los servicios públicos esenciales para evitar que la brecha entre ricos y pobres se haga más profunda.

Los responsables públicos tenemos la obligación de llevar a la práctica cuantas medidas sean legalmente aplicables para garantizar la cohesión social de los territorios sobre los que gobernamos, reforzando los pilares de una sociedad verdaderamente igualitaria y solidaria.

Ha quedado demostrado que la salida a la crisis no puede recaer exclusivamente en el capítulo de gastos; de persistir en esta línea solo agravaremos el problema que hoy se está cociendo y que puede provocar en España un estallido social de consecuencias imprevisibles.

En ese sentido, la aplicación de políticas que dinamiten la igualdad de oportunidades es el primer paso para la desvertebración social y la proliferación de movimientos y voces radicales que cuestionan a la propia democracia.

Canarias –y en algunos aspectos, en esa senda también Andalucía- puede ser ejemplo de esa apuesta por las personas, por la defensa inequívoca de los servicios públicos esenciales, por la pervivencia del sistema de protección social; en definitiva, por la justicia social.

Ante el discurso contumaz del Partido Popular, algunos defendemos otra manera de hacer las cosas. Algunos –cada vez más- abogamos por una política pegada al terreno, sensible con los graves problemas de la ciudadanía; reivindicamos una acción pública basada en principios hoy denostados por los abanderados del sálvese quien pueda.

Hoy, esos principios comunes e inspiradores de cualquier constitución progresista son más necesarios que nunca, porque corremos el riesgo de perderlos.

Andalucía y Canarias somos claros ejemplos de esa oposición a las recetas que representa el PP, y que tantas desigualdades e injusticias está provocando.

Luchamos, en la medida de nuestras posibilidades, por aplicar políticas de protección social y de estímulo al crecimiento económico que van justo en la línea contraria a quienes lejos de ponerse del lado de los más débiles optan por descalificarlos.

Aunque la batalla es claramente desigual, porque las comunidades autónomas disponemos de menos recursos que el Gobierno central –legales, pero sobre todo financieros- para definir una política estratégica orientada al crecimiento económico, no eludiremos la responsabilidad que tenemos contraída con nuestros administrados, especialmente aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Hace tan solo 72 horas los datos del paro han sacudido a España como nunca antes, agravando así la fractura social que afronta un Estado con 6.200.000 parados (el 27%) y con el 57% de sus jóvenes en una situación que exige otras recetas y otras soluciones. Lógica y desgraciadamente, dado que en lo que a políticas económicas y presupuestarias se refiere Estado y comunidades autónomas somos vasos comunicantes, esta dinámica está provocando una situación en Canarias muy difícil, que intentamos corregir a pesar de que nuestro margen de actuación es escaso.

De una parte, cabe reiterar al Gobierno del Estado que así no. Con medidas que lo único que están consiguiendo es destruir puestos de trabajo, así no.

En esta dirección, y tendiendo la mano a la colaboración, el Gobierno del Estado debe tomar nota de un basta ya que la sociedad española exige y la realidad impone.

Basta ya a una política, la del Gobierno del Estado, que debe cambiar de rumbo. Es imprescindible un cambio de rumbo

En esa dirección, desde Canarias demandamos la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes con un único asunto en el orden del día: plan de choque para frenar la destrucción de empleo impulsando inversión y medidas de estímulo

La situación exige colaboración, sí, pero ya sin paños calientes.

Me pregunto cuánto tardará el Gobierno del PP en rectificar, en ponerse del lado de los más frágiles o, entre otras cosas, en ver en las comunidades autónomas parte de la solución y no un problema –como así se dijo en la última conferencia de presidentes-.

En todo caso, estamos demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera si se tiene la voluntad y la audacia política precisas para ello. La pelota vuelve a estar –por enésima vez- en el tejado del Gobierno del Estado.