Los canarios nos hemos visto obligados a reducir nuestro presupuesto en los últimos años en 3.000 millones de euros. Hoy contamos con 3.000 millones de euros menos para hacer frente a las necesidades y demandas de nuestros ciudadanos, de nuestros sectores productivos; de nuestra sociedad, en definitiva-.

Traduzcamos esos 3.000 millones de euros en planes para la formación y el empleo, atenciones a las personas más necesitadas, objetivos educativos, demandas sanitarias, mejoras de los transportes, modernización de nuestras infraestructuras, impulsos a los emprendedores y apuestas por el pequeño y mediano comercio. Traduzcamos esa disminución brutal de los recursos públicos en acciones concretas, en proyectos colectivos y respuestas a necesidades ciudadanas, en iniciativas culturales o esfuerzos deportivos.

Pongamos rostro, nombre y apellidos a los problemas y carencias que para los canarios suponen unos Presupuestos Generales del Estado objetiva y demostrablemente injustos; y pongamos cara a los sacrificios y esfuerzos que conlleva para las mujeres y hombres de estas Islas un sistema de financiación que considera a los canarios ciudadanos de segunda.

Esa y no otra es la situación a fecha de hoy. Con estos Presupuestos Generales del Estado, y con un sistema de financiación claramente discriminatorio, crece la percepción entre la ciudadanía de que, en lo que a esfuerzos presupuestarios se refiere, para el PP el Estado acaba en Cádiz.

Dije hace meses que el PP va a provocar un problema de Estado si no considera a Canarias como asunto de Estado. Lamentablemente, meses después no se han dado los pasos para alejar esa posibilidad.

Esa tremenda reducción del gasto público da una idea de la magnitud de la crisis económica que padecemos desde el año 2007, así como de los esfuerzos continuados que ha tenido que hacer el Gobierno de Canarias para garantizar cada año los servicios básicos esenciales –cada año con menos dinero que el ejercicio anterior-.

Aún con todo, en el Gobierno canario hemos hecho nuestra tarea. Hemos reducido el gasto público sin socavar la sanidad, la educación o las políticas sociales. Hemos cumplido con nuestras obligaciones económicas en términos de déficit y deuda sin necesidad de tener que cerrar colegios u hospitales, y sin ejecutar despidos masivos en la administración pública. Hemos tenido que hacer de la necesidad virtud para mantener esos servicios públicos, compromiso irrenunciable e innegociable cuando se trabaja –como es nuestro caso- en defensa de la justicia social, de la igualdad de oportunidades y de la cohesión territorial, valores que deben ser bandera y aspiración de cualquier sociedad avanzada.

El Ministerio de Hacienda, y los datos oficiales, certifican que Canaria cumple y hace su tarea. Al PP canario le consta, de ahí que cuando acusan al Gobierno que presido de no haber hecho los deberes lo hacen desde la ignorancia o la mala fe.

Habla el PP de que las decisiones del Gobierno canario generan incertidumbre, y lo dice el mismo PP que provoca incertidumbres y desconfianza cada vez que falsea la realidad cuando tacha a Canarias de comunidad insolvente o poco fiable.

El PP canario ni puede ni debe tirar la toalla en la defensa del interés de las Islas. El PP canario ni puede ni debe seguir agachando la cabeza. El PP canario tiene un papel que jugar en la defensa de nuestro Archipiélago, y debe jugarlo. No es bueno que, como está ocurriendo, los dirigentes del PP en las Islas sean meros portavoces de multinacionales y ministros que `pasan´ de Canarias.

Me consta que en el PP hay gente capaz y responsable, y a ellos cabe apelar para que den un paso al frente y, como hacen sus compañeros en otras comunidades autónomas, pongan el interés de las Islas por encima del interés de partido. El PP debe ponerse en pie. Pueden y deben trabajar por Canarias y no de espaldas a las Islas.

En esta dirección, bueno será que en las Cortes apoyen las enmiendas para que se mejore significativamente el trato que los Presupuestos Generales del Estado dan a Canarias.

Nunca es tarde para que, en un ejercicio de responsabilidad, los parlamentarios del PP apoyen esas enmiendas.

Ni los esfuerzos realizados, ni la seriedad en el cumplimiento de nuestras obligaciones, ni siquiera las necesidades objetivas de un territorio alejado y fragmentado como Canarias, han sido tenidos en cuenta por el Gobierno del PP en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

Antes al contrario, estas cuentas vuelven a castigar a todos los canarios con nuevos e injustos recortes, decisiones que atacan directamente a las ayudas al transporte de mercancías y pasajeros, a la desalación de agua de mar o, entre otros, a nuestro desarrollo energético.

Como apunté el jueves pasado, es la primera vez que un proyecto presupuestario vulnera de manera tan flagrante nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). Nunca nadie había llegado tan lejos. Porque si bien es cierto que tradicionalmente no se han cumplido los artículos del REF que exigen que se invierta en Canarias la media del resto del Estado, el ataque frontal a nuestros mecanismos de cohesión social y territorial es inaceptable.

Es también la primera vez que un Gobierno –en este caso del PP- incumple acuerdos firmados con financiación plurianual comprometida entre el Estado y Canarias. El convenio de carreteras, que pasa de 207 millones de euros (la cantidad comprometida en su momento para cada anualidad) a 57, o el Plan Integral de Empleo, que pasa de 42 millones a solo 10.

Cuando el Gobierno de España ha de dedicar esfuerzos a ayudar a quien más lo necesita, el PP toma decisiones exactamente en el sentido contrario; decisiones que hacen que los canarios se sientan más lejos de España, provocando que los ciudadanos perciban que el PP los está poniendo fuera del mapa.

Las políticas del PP están ya generando problemas que afectan a la cohesión social y que podrían afectar igualmente a la cohesión territorial del Estado.

Si no corrige y mejora los Presupuestos, el PP castigará a los canarios y a sus administraciones, a todos y a todas sin excepción.

Debemos defender todos a una nuestros intereses, exigir justicia y equidad en las cuentas públicas, demandar el cumplimiento de los acuerdos firmados. Dicho con otras palabras, todos sin excepción debemos luchar por poder viajar a precios competitivos, batallar por tener una cesta de la compra o una factura de agua más barata o reclamar fondos imprescindibles para una formación laboral eficaz.

Todos los canarios debemos dar un paso al frente. También el Partido Popular de las Islas, que en octubre de 2010 abandonó el Gobierno de Canarias supuestamente irritado por el maltrato del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a las Islas en los Presupuestos del Estado de 2011. El presidente regional del PP, José Manuel Soria, llegó a justificar así su decisión: “…Y la responsabilidad de tales presupuestos no es solo de quien los elabora. También son responsables quienes los apoyan. Porque ese apoyo prolonga la agonía de la economía española, también de la canaria. Y si, además de todo ello, resulta que a cambio de tal apoyo Canarias queda aún peor que antes, es evidente que Canarias sale perdiendo doblemente: porque no se resuelve el desempleo y porque además se nos reduce las inversiones del Estado. Porque todos los canarios deben saber es que para el año 2011 el Estado va a invertir en las Islas 216 millones de euros menos que en 2010”.

Veamos con detenimiento las cifras. Canarias recibió de los Presupuestos Generales del Estado en 2011 la cantidad de 1.235 millones de euros. Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 prevén partidas por solo 746 millones. Es decir, el PP ha recortado los recursos para Canarias en más de un 40 por ciento. En este orden de cosas, hay que tener en cuenta que en el año 2011 ya estábamos inmersos en la crisis económica, con lo que no se puede decir que aquellos fueran unos presupuestos expansivos.

La realidad es que Canarias es una de las autonomías peor financiadas de España; que cada canario recibe 384 euros menos que la media del resto del Estado y que si no se corrigen estos Presupuestos pondrán en riesgo la calidad de los servicios públicos que podamos prestar en el futuro.

El Gobierno de Canarias no puede asumir como inevitable una serie de decisiones que comprometen nuestro futuro y que tendrán graves consecuencias. Por eso, la primera medida que hemos tomado ha sido la de demorar la aprobación de los Presupuestos autonómicos en tanto no se debatan y voten en el Congreso de los Diputados las enmiendas que presentarán los grupos a los Presupuestos estatales y se compruebe la sensibilidad del Partido Popular con las demandas y las necesidades del territorio más alejado del Estado.