Ahora que la apuesta independentista en Cataluña ha provocado que más allá del caso catalán se reabra el debate sobre el modelo territorial del Estado en su conjunto, hay quienes han visto en este episodio una oportunidad para poner un punto final al Estado de las Autonomías; y, en esa dirección, llegan a insinuar –o a defender, en algunos casos- la oportunidad de una reforma constitucional que desande lo andado para desembocar en una España que se gestione, decida, piense y gobierne únicamente desde Madrid.

A quienes están animando a que se emprendan reformas para volver a una centralización preconstitucional cabe advertirles de que el intento de enterrar a las autonomías desataría una tensión en algunos territorios de desenlace incierto.

En el caso de las Islas, el único camino posible es avanzar hacia un modelo con menos Estado y más Canarias, menos dependencia y más descentralización. Una vez más insistiré en que Canarias no necesita tutores sino buenos interlocutores, de tú a tú, de ahí la necesidad de revisar el contrato Canarias-Estado y de poner al día, en la dirección apuntada, el pacto histórico de las Islas con el Reino de España.

Este apetito recentralizador no es nuevo. Asistimos hace meses a una operación –urdida por la derecha y los poderes fácticos que ésta representa- según la cual las comunidades autónomas son las culpables de todos los males.

El objetivo es tan claro como doble. Al desprestigiar a las comunidades, dirigiendo el malestar ciudadano hacia los gobiernos autonómicos, se dejan en un segundo plano informativo las decisiones del Gobierno del Estado –que están condenando a los ciudadanos a pagar más y recibir menos- y de paso se avanza en el objetivo de la derecha más dura de volver al modelo centralista que responsablemente corrigió la Constitución del 78.

Esa es la operación, y esos son sus objetivos. Se están encargando de sembrar un estado de opinión hostil ante las realidades autonómicas para, consolidado ese malestar entre la población, proceder con menor contestación al desarme de la descentralización administrativa, volviendo así a un esquema de funcionamiento preconstitucional –democrático, en este caso, pero preconstitucional-.

Hay más. Cuando tantas veces se ha dicho que hay que perder el miedo a reformar la Constitución, y cuando tanto se ha pedido que se reforme la Carta Magna para mejorar y culminar ese proceso descentralizador, ahora hay quien habla de reformas para ir hacia detrás y no hacia delante.

Y sí, hay que reformar la Constitución –así lo he defendido hace años, aún consciente de que el consenso necesario entre los partidos mayoritarios dibuja un obstáculo-.
No hay que tener miedo a dar ese paso. Es necesario poner al día la Constitución. Entre otras cosas, porque si no se hace la Carta Magna se seguirá alejando de la realidad que pisa.

Una realidad plurinacional. Una realidad plural desde todos los puntos de vista.

Una realidad que, en el caso de Canarias, demanda menos dependencia del Estado y más descentralización. Hay que reformar la Constitución, sin duda, pero avanzar hacia un modelo con menos Estado.

El caso es que la disquisición abierta por el Gobierno catalán ha quitado la máscara a los que hasta ahora –bien por recato constitucional o por simple oportunismo- habían disimulado su animadversión hacia las autonomías. Así las cosas, es precisamente ahora, en estos momentos en los que arrecian los ataques hacia las comunidades autónomas desde ámbitos políticos, económicos y periodísticos –que en esta operación asoman a veces como un solo cuerpo de tres cabezas- es cuando más firmes debemos mostrarnos en la defensa de un Estado descentralizado, de un modelo que ha tenido mucho que ver con el progreso experimentado por nuestra sociedad en las últimas cuatro décadas.

La descentralización político-administrativa ha sido un factor determinante para la modernización del Estado, y será igualmente trascendente para superar la crisis. Como se dijo en la reciente reunión de presidentes autonómicos, las comunidades somos una solución y no un problema. Bien harían algunos en actuar en coherencia con esa premisa.

Las comunidades autónomas no hemos sido las culpables del cataclismo económico, cuyas consecuencias seguimos sufriendo en primera línea. No somos las que ralentizamos la recuperación. No somos las causantes de los desequilibrios financieros del Estado. Y no somos, ni de lejos, un elemento desestabilizador. Al revés, y sin entrar en el caso catalán, la apuesta por un Estado aún más descentralizado ayuda a armar el puzzle de la España del siglo XXI.

Como he dicho en alguna ocasión en este mismo blog, el Estado de las Autonomías ha funcionado razonablemente bien y ha sido una herramienta útil del recorrido democrático de las últimas décadas.

Con más aciertos que errores, el proceso descentralizador del Estado nos ha permitido avanzar hacia el objetivo de contar con más y mejores servicios y, por otro, hacia una administración más pegada a una realidad conformada por diferentes territorios y realidades.

Nadie puede demostrar que el Estado sea más eficiente que las comunidades autónomas, especialmente cuando estas últimas han demostrado –con carácter general- una gran capacidad en la prestación de servicios esenciales como la educación o la sanidad, o en la gestión de materias como las políticas sociales, la ordenación del territorio, el turismo o el desarrollo de las infraestructuras.

En consecuencia no se debe enfocar la relación entre el Estado y las autonomías desde la dialéctica del enfrentamiento, sino desde la colaboración leal y la cooperación institucional que permita la mejor defensa del interés del administrado.

Desde esa óptica, en Canarias aspiramos legítimamente a incrementar nuestra capacidad de decisión para generar economía y crear oportunidades que nos permitan ofrecer a los canarios de todas las Islas las mismas posibilidades que tienen los ciudadanos peninsulares.

En ese sentido, insistiremos en demandar competencias en puertos y aeropuertos, costas o comercio exterior, además de trabajar en la reforma del Régimen Económico y Fiscal, reclamando un cambio en el modelo de financiación autonómica, que se ha revelado como especialmente dañino para los intereses de los canarios.