Miles de voces. Miles de ciudadanos. Miles de familias. Miles de canarios se echaron ayer a la calle, una vez más, y participaron en las manifestaciones convocadas en todas las Islas para decir “no” alto y claro a las prospecciones petrolíferas. Para decir “no” a que el Gobierno de España vea en Canarias una colonia, un territorio donde llevar a cabo unas prospecciones que no autorizan en otras comunidades autónomas; para dejar constancia de su indignación porque, como así se ha demostrado a lo largo de nuestra historia, los canarios no toleramos los abusos ni la prepotencia.

Miles de personas se echaron a la calle, una vez más, porque a pesar de las insistentes invitaciones al diálogo que hemos hecho las instituciones canarias y a la lealtad demostrada durante todos estos años, el Gobierno del PP ha dado la espalda al Parlamento de Canarias, al Gobierno, a los cabildos, a los ayuntamientos, a los colectivos y a la sociedad en su conjunto.

Miles de personas se manifestaron ayer, una vez más, para reclamar su derecho a opinar, a que se conozca nuestra opinión sobre qué queremos para nuestro presente y futuro. Miles de canarios se preguntan por qué el PP defiende el interés de una multinacional y no el de quienes viven en las Islas.

Miles de personas se han echado una vez más a la calle porque los canarios no entendemos que el PP quiera impedir que hablemos libremente a través de una consulta absolutamente legal.

El PP se está equivocando con Canarias, ni atiende ni entiende a los canarios. Así ha sido cuando ha dado la callada por respuesta, no solo a la primera solicitud formal de referéndum sino a las incesantes peticiones de diálogo realizada por las instituciones del Archipiélago. Siempre hemos apostado y defendido los cauces del diálogo, y al otro lado solo hemos encontrado a un PP que parece preferir la confrontación.

El Estado no quiere escuchar la opinión de los ayuntamientos, de la práctica totalidad de Cabildos, del Parlamento de Canarias; no tiene en cuenta el clamor ciudadano contra las prospecciones y se ha puesto del lado del poderoso lobby petrolero.

Una falta de respeto institucional por parte del PP que llama mucho la atención, como así tuve oportunidad de comprobarlo personalmente el pasado domingo.

Ese día intercambié impresiones con algunos ex ministros, con juristas -entre ellos el reconocido constitucionalista, y uno de los padres de la Constitución del 78, José Pedro Pérez-Llorca– y constaté el enorme interés de todos ellos por conocer de primera mano qué decimos los canarios al respecto; constaté, igualmente, que a pesar de la propaganda del PP y Repsol nadie termina de entender en Madrid la cerrazón del Gobierno de España en este asunto, su negativa a establecer el más mínimo diálogo o a tender puentes de entendimiento entre dos administraciones del Estado.

Resulta difícil explicar la posición numantina del Gobierno estatal, que hace ahora diez días inició los trámites para recurrir al Tribunal Constitucional los decretos aprobados por el Gobierno canario, como si el hecho de pedir la opinión de la ciudadanía en un asunto que tiene que ver con nuestro modelo medioambiental y turístico de desarrollo fuera un misil a la línea de flotación del propio Estado. ¿Qué miedo tienen a la opinión y al sentir de los canarios?