El Partido Popular ha anunciado que va a hacer una serie de propuestas para –dicen, aunque sin convicción- avanzar con algo que han dado en llamar programa de regeneración democrática, una agenda para mejorar la calidad democrática que huele más a eslogan de pre-campaña que a compromiso.

De momento, dos han sido las ideas o globos sonda. De una parte, la reducción del número de aforados y, de otra, la elección directa de los alcaldes. Aunque bien cabría empezar por lo de los alcaldes y no por los aforados, pues todo apunta a que son sus malas expectativas electorales en las municipales de 2015 la única preocupación de los populares: han echado cuentas y ante la hipótesis de perder decenas de alcaldías han vestido de regeneración algo que huele a traje a la medida para aliviar las pesadillas electorales del PP.

Es una pena, pero de lo conocido y analizado todo apunta a que bajo el paraguas de la más que necesaria calidad democrática se esconde una estricta necesidad de partido. Insisto en que es una pena, pero parece ser así.

Es bueno que el partido mayoritario en las Cortes y que el propio Gobierno del Estado –en boca de su presidente- hablen de la necesidad de aplicar reformas que fortalezcan la democracia y permitan recuperar la credibilidad de las instituciones. Es bueno que los políticos mejoren la política; entre otras cosas, porque de la difícil situación en la que nos encontramos se sale con más política, no con menos.

Nadie discute la necesidad de una agenda reformadora –ambiciosa y profunda- que propicie el reencuentro de la sociedad con los políticos, la política y las instituciones. De las crisis política, económica e institucional que debilita al Estado hace años se sale –cabe reiterarlo- con más política, con más democracia.

Avancemos pues, en esa dirección. Trabajemos para encontrar los acuerdos que hagan posible una segunda transición, proceso que habrá de culminar necesariamente con una nueva Constitución pegada a la sociedad y a la realidad territorial del siglo XXI.

Pero hagamos todo eso desde la seriedad y el rigor al que obligan las actuales circunstancias; demos los pasos que demos, hagámoslo con el fin último de perfeccionar nuestra democracia. Cualquier iniciativa que se impulse desde la política en ese sentido ha de ser leal, sincera y transparente.

De ahí la agria sensación que lo inunda todo cuando bajo la propuesta del PP se ven las sombras de los intereses del PP, y no las del interés general. Mal empezamos, porque casualmente la elección directa de los alcaldes reforzaría el poder local de este partido.

¿Cuál es el objetivo del PP? ¿Perfeccionar la democracia o apuntalar su implantación territorial ante la amenaza de perder peso en las instituciones, aislados cómo están en tantos sitios por sus errores y su falta de diálogo? Si se pretende esto último, si la estrategia es ésa y la táctica promover la elección directa de los alcaldes, el espacio para el entendimiento se va a limitar enormemente. O el PP desmiente las sospechas, y asume el compromiso de hacer propuestas verdaderamente necesarias desde el punto de vista del interés general, o cualquier conversación o negociación en septiembre y octubre sobre este particular será una farsa que solo servirá para dar cobertura a su estrategia de partido.

El Gobierno y el partido que lo sustenta podrían empezar a desarrollar su agenda de calidad democrática haciendo cumplir las leyes actuales, respetando los acuerdos firmados o dando ejemplo de lealtad institucional. Está bien que se reduzca el número de aforados, pero también estaría bien que el Estado cumpliese los convenios que tiene firmados con la Comunidad Autónoma, como el de carreteras (Canarias ha perdido 462 millones de euros entre los años 2012 y 2014) o el Plan Integral de Empleo; o que firme el Plan de Vivienda, o que respete la voluntad de las instituciones canarias en el asunto de las prospecciones petrolíferas; o que deje de poner zancadillas a las normativas aprobadas por el Parlamento de Canarias, como ha ocurrido con la Ley de Modernización Turística, o que aliente consensos en materias tan sensibles como la Lomce, o que agilice los pagos en Dependencia, o que corrija el déficit sanitario que mantiene con la Comunidad Autónoma, o que tenga en cuenta la singularidad de los aeropuertos canarios y los exima de la privatización; o que cumpla su compromiso de actualizar el sistema de financiación autonómica.

Los avances en la calidad democrática no sólo vienen de propuestas reformistas, sino que también hay un gran margen de mejora haciendo cumplir las normas actuales, las escritas y aquellas que nacen del sentido común y de la lealtad que se deben las instituciones que forman el Estado. Si el PP quiere progresos democráticos, que empiece por respetar la letra que ya está escrita.

Si el PP quiere propuestas de regeneración o calidad democrática, desde Canarias tenemos muchas; si quieren regeneración democrática que empiecen por mejorar su calidad democrática respetando a las instituciones de las Islas –por ejemplo, respondiendo formal y oficialmente sobre el referéndum sobre el petróleo- o escuchando a cientos de miles de canarios que dicen, alto y claro, que Canarias no se vende, se defiende.