Canarias está afrontando unos meses y años que van a marcar, de forma muy significativa, el futuro de las Islas a corto, medio y largo plazo; y, precisamente porque es mucho lo que en estos momentos está en juego, ahora más que nunca debemos colocar la necesidad de consensos, diálogo y trabajo en común por encima de siglas o estrategias de partido.

Junto a la acción integral para el diseño de un modelo económico que promueva el crecimiento y la generación de empleo de forma inteligente y sostenible -para lo que están en marcha un sinfín de líneas de trabajo dentro y fuera de las Islas-, sobran razones para concluir que el Archipiélago necesita un nuevo encaje en el modelo territorial del Estado, otro contrato o pacto con el Reino de España que ponga al día y dé respuesta de forma efectiva, razonable y responsable a nuestras singularidades y a nuestro incontestable hecho diferencial.

El primero de los aspectos, esa acción integral a la que he aludido, exige seguir multiplicando gestiones y actuaciones porque la difícil coyuntura económica y social así lo imponen. De ahí que, conscientes de esta realidad, esta meta se encuentre ya encauzada con la puesta en marcha de la Estrategia Canarias 2020, una hoja de ruta que cuenta con el total respaldo de la Unión Europea y que centra sus objetivos en la diversificación e internacionalización de nuestra economía como piedras angulares para la creación de puestos de trabajo.

Ahora bien, no podemos dejar de lado ni aplazar el debate acerca de la reforma de una Constitución que, si bien ha servido para dotar a la ciudadanía de un marco democrático que ha permitido un desarrollo económico y social sin precedentes, da evidentes muestras de agotamiento en aspectos esenciales, especialmente en lo que se refiere al encaje de las distintas nacionalidades que integran el Estado.

Aunque los sectores más conservadores no tiran la toalla en su empeño de promover una recentralización que nos devolvería a épocas que tantas décadas nos ha costado dejar atrás –sectores que han encontrado en la crisis una coartada para desprestigiar los avances alcanzados desde los ámbitos autonómicos de decisión-, se impone un consenso para adecuar la Carta Magna a las necesidades de los distintos territorios que conforman el Estado; se impone, en definitiva, adaptarla a la nueva realidad política y territorial del siglo XXI.

Habrá quien diga que en estos momentos otras son las necesidades, que otras son las urgencias; y a esas voces cabe hacerles ver que esas otras necesidades ni son ni deben ser un obstáculo para que, paralelamente a las distintas reformas que se están abordando, se ponga al día la Carta Magna.

Entre otras cosas, porque difícilmente pueden cambiarse las cosas si no se toca la Constitución –o dicho de otra forma, si no se actualiza la Carta Magna el proceso de reformas quedará claramente incompleto-. En esa idea, no dar respuesta a esta necesidad objetiva provocará –como así está ocurriendo- tensiones y divergencias de consecuencias imprevisibles en distintos territorios del Estado.

En este orden de cosas, la propuesta de modelo territorial aprobada recientemente por el PSOE puede llegar a constituir un paso razonable en esa dirección. La música suena bien, y cabe pensar que la letra apuntará en el camino adecuado.

Situándonos muy por encima de las siglas e intereses partidistas, estamos ante un asunto esencial para la cohesión y el progreso del Estado. Algo a lo que todos, con el debido debate, con el necesario consenso y con el objetivo de cambiar las cosas a mejor, debemos contribuir.

En ese marco, Canarias seguirá reclamando su condición de comunidad singular -sin lugar a dudas, la que presenta mayores rasgos diferenciales por su lejanía del continente y por la fragmentación de su territorio-. Rasgos que, paradójicamente, han sido reconocidos y debidamente valorados por la Unión Europea -tanto en el reconocimiento a su carácter de región ultraperiférica como en la dotación de fondos de compensación- pero que España se resiste a asumir.

Canarias exige una reforma de la Constitución que garantice el reconocimiento de sus singularidades y que articule las medidas necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos del Estado, vivan en el territorio en que vivan.

Es algo que he venido defendiendo de forma continuada en los últimos años. Tal y como tuve la oportunidad de expresar esta misma semana, creo en un Estado federal y asimétrico, con reconocimiento a los hechos singulares y diferenciados porque si hay un hecho diferencial sobre cualquier otro ése es el de la insularidad, la lejanía y la fragmentación.

En estas semanas y meses tan convulsos, hay que dejar que los jueces hagan su trabajo; ahora bien, la política también debe hacer el suyo, y esa tarea solo cabe abordarla desde la altura de miras, la responsabilidad y el diálogo.