Hemos conocido esta semana que, a pesar de los enormes esfuerzos realizados, Europa ha pedido a España que incremente los ajustes -o, lo que es lo mismo, que hagamos mayores sacrificios-. En concreto, los ministros de Finanzas de la Unión Europea han exigido un mayor control de las comunidades autónomas, una nueva subida del IVA, la implantación de un impuesto medioambiental, profundizar en la reforma laboral o el retraso de la jubilación a los 67 años de edad, entre otras medidas.

Todo esto, después de analizar un informe de la Troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) en el que por un lado se reconoce el avance experimentado por España hacia los objetivos trazados y, por otro, se incide en que hay margen para proseguir por la senda de los recortes y de las reformas.

Y no. No hay margen. Caso distinto es el de la Administración General del Estado –ahí sí, cabe dar pasos para adelgazar esa Administración-. Ahora bien, hay que decir bien alto que en el caso de Canarias no hay margen para llevar a cabo mayores sacrificios presupuestarios.

Ante esta nueva exigencia comunitaria, la postura del Estado español no puede ser otra que, desde el compromiso de seguir avanzando en las mejoras necesarias para reducir el déficit y superar la crisis, aplicar las directrices europeas sólo allí donde sea posible sin que supongan una merma de los ya debilitados cimientos de la cohesión política, social y territorial.

Los ciudadanos no entenderían –no entenderíamos- nuevos recortes. Con una tasa de paro que supera ya los cinco millones de desempleados y con bolsas de pobreza desconocidas en la historia de la democracia, cualquier medida en la dirección apuntada condenaría a España a una situación de fractura social irreversible.

Más ajustes, a secas, rompería aún más la cohesión social y territorial. Más recortes, sin impulsar planes de crecimiento, provocarían un mayor empobrecimiento y destrucción de empleo.

Basta volver la vista atrás, a los últimos meses y años. Se ha puesto de manifiesto que centrar todos los esfuerzos en el ajuste no ha supuesto una mejora de la economía española –más bien todo lo contrario- y que medidas como la reforma laboral, lejos de facilitar la creación de empleo, no han hecho más que acelerar los despidos.

Si algo necesita hoy Europa -y España, en particular- son planes de crecimiento y reactivación económica. Estímulos y vías efectivas para que las familias, los autónomos y las empresas puedan mirar el presente y el futuro con garantías y esperanza, de forma que el conjunto del Estado recupere la senda del progreso social, la adaptación territorial y el desarrollo económico.

¿Es esto incompatible con el cumplimiento de los objetivos de déficit y las directrices generales que marcan la Troika y la UE? En absoluto. A quienes tanto exigen cabe pedirles una mayor flexibilidad y adecuación a una realidad que en España, como en otros países de la zona euro, es ya dramática.

Resulta igualmente llamativa la reiteración al control de las comunidades autónomas y a la puesta en marcha de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuando han sido precisamente las comunidades las que mayor cuota de ajustes hemos soportado y las que, por tanto, mayores esfuerzos hemos realizado para contribuir a la mejora de las perspectivas económicas y financieras del conjunto del Estado.

Cabe recordar al respecto que, en relación a los topes de déficit, la Administración central se reservó para sí un 3,8 por ciento con respecto al PIB, imponiendo a las comunidades autónomas un injustificado 0,7 por ciento. Un criterio tan irracional como injusto, como ya escribí hace unos meses en este mismo blog, especialmente si tenemos en cuenta que el 60 por ciento del gasto total de las administraciones públicas lo gestionamos las autonomías, gastos que en su mayor parte destinamos precisamente a los sectores más sensibles de nuestra sociedad -servicios esenciales, es decir, justicia social-.

Cabe recordar igualmente que en todo este proceso Canarias ha mantenido una actitud ejemplar, situándose no solo a la cabeza de las comunidades más cumplidoras en el objetivo del déficit y del endeudamiento, sino también entre aquellas con mayor crecimiento económico y con menor destrucción de puestos de trabajo –a pesar de las enormes dificultades que tenemos para rebajar el doloroso porcentaje de desempleados-.

En Canarias estamos apostando por un modelo coherente, riguroso y decidido para afrontar los retos que la crisis y su día después nos imponen, como así acaba de reconocer la principal autoridad europea en el ámbito territorial, el comisario de Política Regional, Johannes Hahn –“Canarias es un modelo de desarrollo regional para los territorios de la UE, continentales y ultraperiféricos”, ha dicho-.

En Canarias estamos cumpliendo, priorizando la atención a los servicios básicos en nuestros presupuestos a pesar de los profundos recortes impuestos por el Gobierno central y del cada vez más clamoroso déficit de financiación.

Estamos cumpliendo y los principales analistas nacionales e internacionales no dudan en señalarnos como uno de los mejores destinos para invertir en esta década.

Estamos cumpliendo, como así lo demuestra que hayamos dado pasos en la dirección correcta antes que las demás comunidades autónomas.

Cuando nadie hablaba aún de crisis, en el año 2007, Canarias ya tomaba medidas como la congelación de sueldos públicos, la reducción de departamentos, la rebaja de sueldos de los altos cargos o la puesta en marcha de diferentes órganos, con representación de partidos, empresarios y sindicatos, para el análisis continuo de la situación y la puesta en marcha de medidas.

Canarias, por tanto, merece que se tenga en cuenta que estamos haciendo bien las cosas y que si algún territorio debe ser atendido para generar crecimiento y empleo ese es nuestro Archipiélago.

Cabe que se nos pida que sigamos haciendo bien las cosas, pero ni Bruselas ni Madrid pueden exigirnos mayores sacrificios presupuestarios. No hay margen. No tenemos margen.

Canarias precisa flexibilidad, justicia financiera interterritorial, equidad presupuestaria y, sobre todo, del máximo apoyo posible a sus planes de crecimiento y empleo en un contexto general, a escala del Estado, que debe estar marcado por una apuesta decidida por la reactivación económica.