El próximo miércoles finaliza la ayuda de 400 euros mensuales destinada a desempleados de larga duración que habían agotado todas las prestaciones. Será en estos días cuando el Gobierno del PP se pronuncie sobre la prórroga o no de una medida que viene ayudando a miles de personas sin ningún tipo de ingresos. Personas castigadas como ninguna por una crisis feroz y sobre las que se cierne la amenaza cierta de la marginación.

Con este asunto, el Gobierno del PP tendrá la oportunidad de demostrar su grado de sensibilidad, su solidaridad y su apuesta por la justicia social. Hablamos de situaciones extremas, de familias sin ingresos –no olvidemos el elevado y dramático número de familias españolas que tienen a todos sus miembros en el paro- cuya única tabla de salvación es esta ayuda de 400 euros; y no ya para llegar a fin de mes, sino para llegar a mañana.

El Gobierno no puede dejar a miles de familias abandonadas a su mala suerte sin ningún tipo de ingresos. Es responsabilidad de las administraciones velar por la justicia social, defender la solidaridad y propiciar un reparto equitativo de los recursos, especialmente en situaciones de crisis. Es en estos momentos cuando más se precisan políticas públicas a favor de aquellos que menos tienen, cuando el valor de lo público ha de primar claramente sobre el interés particular.

El Gobierno del PP debe prorrogar esa ayuda de 400 euros. Y lo debe hacer no por altruismo, sino porque es su obligación, ni más ni menos. Nadie entendería que se eliminase esa ayuda, imprescindible, y que en cambio se sigan articulando medidas de apoyo a las grandes corporaciones financieras.

Rajoy y su Gabinete tienen que volver su mirada hacia los que más sufren la crisis, a los desempleados, a las familias que tienen a todos sus miembros en paro, a los autónomos que no cobran, a las pequeñas empresas a las que les falta el crédito. Tiene que mirar más al ciudadano de la esquina de al lado que al ejecutivo de la ‘city’ financiera. Si existe un bolsa de fraude en las percepciones por desempleo –del tipo que sean-, el camino no es agravar el problema de miles de familias sino combatir esas situaciones con firmeza para que actuaciones individuales reprochables no perjudiquen a todo un colectivo de personas que realmente necesitan una ayuda para vivir.

No vale el argumento, esgrimido por algún portavoz del PP, de que la responsabilidad del Gobierno debe ser promover las condiciones para la creación de empleo y no instalarse en el subsidio. Hay que apostar por sociedades activas, por un modelo emprendedor, pero no se pueden obviar circunstancias extremas como las que padecen decenas de miles de ciudadanos. Entre otras cosas, porque la realidad habla por sí sola y lo que refleja es que, desgraciadamente, esas condiciones no se están promoviendo, antes al contrario, el desempleo sigue creciendo entre la población y cada vez son más las familias que se enfrentan a una situación dramática.

En tanto esas circunstancias no se modifiquen, mientras el paro siga siendo el mayor de nuestros problemas, no es de recibo dar la espalda a las principales víctimas de la crisis. No hay justificación posible para dejar a miles de ciudadanos sin una ayuda en las que le va la vida. Dar la espalda a eso va en contra de la más elemental humanidad, del principio de solidaridad que debe imperar en cualquier sociedad que se tenga por justa y democrática, de la obligación que todo responsable público tiene hacia los que más ayuda necesitan.

Imagen: Lumaxart