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Deuda permitida en CCAA

Canarias no puede recortar más su presupuesto. No podemos ajustar más nuestros escasos recursos públicos. El Gobierno del Estado no nos puede pedir más esfuerzos de los que hemos hecho y seguimos haciendo. Si se nos pide más, de forma injustificada e insolidaria, el Gobierno del PP condenaría a los canarios a cerrar colegios y hospitales.

Estamos moviendo cielo y tierra para mantener y mejorar los servicios públicos, pero si nos siguen ahogando van a condenarnos a medidas que no hemos tomado ni queremos tomar. Suya será la responsabilidad, porque en Canarias estamos cumpliendo y haciendo bien las cosas.

Es así de dramático. Por eso, la última decisión adoptada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre techo de deuda y déficit, que en la práctica nos obliga a un nuevo recorte de 120 millones de euros, es inaceptable.

Desde esa convicción defenderemos con uñas y dientes nuestro derecho a que se corrijan las desigualdades y el tratamiento injusto que estamos recibiendo los canarios por parte del Estado. Cometen un grave error. El PP está alejando a Canarias de España, un error que están tardando en corregir.

Para que no se hable de que las recetas del PP no funcionan, o para que no se diga que con el PP hay menos empleo y más recesión, atacarán e intentarán desacreditar la solvencia y la fiabilidad que los canarios nos hemos ganado a pulso.

Pierden el tiempo. La realidad aplastará sus maniobras de distracción. El PP está ahogando a Canarias. El plan del PP para España no funciona. Lo saben los ciudadanos, y lo saben especialmente los canarios.

Las decisiones que está tomando el Gobierno del PP de manera unilateral y arbitraria atacan directamente a los servicios básicos que presta nuestra Comunidad Autónoma. No estamos ante un debate sobre macroeconomía. Nos encontramos en medio de una discusión que afecta directamente a los ciudadanos, a las prestaciones que reciben y también a sus empleos.

Todos aquellos que aplauden al Gobierno por la supuesta audacia de los recortes –hablan de austeridad, pero no predican con el ejemplo- deben saber que están poniendo en la picota un modelo que ha costado muchos años levantar, que arrastrará a la marginalidad a un gran número de familias y que nos va a retrotraer 30 años.

El castigo que viene recibiendo Canarias –y algunas otras comunidades autónomas- por parte del Estado es intolerable. No podemos admitir que se nos penalice por ser una comunidad autónoma cumplidora. Aun teniendo unos de los niveles de deuda más bajos, se nos fija un techo de deuda inferior al de otras comunidades autónomas que no han hecho los deberes en los últimos años y cuyos números son escandalosos. Dicho de otra manera, podrán endeudarse más las que ya están muy endeudadas, y Canarias no podrá recurrir a ese mecanismo para obtener 120 millones de euros -absolutamente vitales para cuadrar los Presupuestos del próximo año-. En definitiva, estamos pagando justos por pecadores.

Y ante ese estado de cosas no podemos quedarnos de brazos cruzados. No nos estamos cruzando de brazos.

Canarias en conjunto -sus instituciones, sus partidos, sus empresarios, sus trabajadores- deben rebelarse contra esta grave discriminación. Los canarios no podemos permitir que se nos trate como ciudadanos de segunda clase, cuando, por lo demás, hemos demostrado seriedad, rigor y compromiso con la austeridad.

Como presidente del Gobierno, estoy dispuesto a buscar el mayor consenso social posible en Canarias en contra de esta política errática del Estado. Al mismo tiempo, ya he mantenido contactos con presidentes de otras comunidades autónomas para exigir al Estado que corrija las desigualdades existentes y enderece un rumbo totalmente equivocado.

Trabajaré por construir esa mayoría social que fortalezca nuestra reivindicación de justicia y equidad y alce la voz contra los desmanes de un Gobierno que no está haciendo bien las cosas, ya sea porque no puede o porque no sabe.

Gráfico: ‘El País’