Al hilo de la profunda crisis por la que atraviesa Europa, en general, y España muy en particular, en la búsqueda responsabilidades se leen y escuchan estos días múltiples opiniones, muchas de las cuales intentan centrar el debate en el supuesto despilfarro que –dicen- caracteriza al Estado de las Autonomías que consagra la Constitución.

Un análisis que, sin duda alguna, sólo intenta desviar la atención. Una campaña, irresponsable y engañosa, promovida por quienes necesitan distraer a la opinión pública –a los ciudadanos- para generar el espejismo de que el principal problema son las comunidades autónomas y no, como así está ocurriendo, la constatable incapacidad del Gobierno del PP para mostrar la solvencia y capacidad que la situación requiere. El plan del PP está fracasando, no funciona. Y, como no interesa que se hable de esa evidencia, hay quienes cargan a las comunidades autónomas con la responsabilidad primera de la situación.

Afortunadamente, otras voces -más sensatas y con mejor fundamentación- alertan del peligro de trasladar a la opinión pública una cierta ‘demonización’ de las autonomías, cuando éstas, en realidad, son las que afrontan los esfuerzos que requieren los servicios públicos esenciales.

Que el PP imponga a las comunidades autónomas (que realizan un esfuerzo inmenso, insisto, para defender los servicios que tienen los que menos tienen) un ajuste superior en un 40% al que va a realizar el Estado habla bien a las claras de la realidad de las cosas.

Esto, que ya es grave de por sí para cualquier comunidad autónoma, resulta especialmente insolidario –como ya he dicho y no me cansaré de repetir- para una comunidad como la canaria que no sólo soporta la lejanía del continente y su fragmentación geográfica sin que se compense esta enorme desventaja, sino que además se ve gravemente perjudicada por esta política del PP de mantenerla como la comunidad peor financiada de todo el Estado, con un déficit en nuestra contra que supera los 800 millones de euros.

Una comunidad en la que, ahí están los datos, sí hemos hecho los deberes, logrando ser la que más se ha acercado al objetivo del déficit, la de mayor crecimiento económico, la única donde se generó empleo en 2011 o la que, gracias a una política audaz en pos de la competitividad de nuestros aeropuertos, logró un récord histórico para el sector turístico.

Ahora, sin más preocupación que hacerse con un hueco en los titulares y ponerse al frente de esa maniobra de distracción, los mismos dirigentes del PP que mantienen a Canarias en las peores condiciones posibles -e intentan ignorar esas profundas desventajas y esos importantes logros- siembran dudas irresponsablemente sobre la solvencia de Canarias.

Somos la comunidad autónoma que mejor cumple con los objetivos de déficit y la menos endeudada de España.

Siendo así, es inadmisible que en su afán de confundir algunos parezcan empeñados en desprestigiar, atacar y ofender a Canarias. Una dinámica que los está convirtiendo en un problema para Canarias.

Canarias lo que necesita es que el Estado cumpla. El Gobierno del PP debe poner fin al desequilibrio absolutamente injusto en la financiación. Canarias está en inferioridad de condiciones con respecto a los vascos, gallegos, madrileños o cántabros para mantener políticas relacionadas con la sanidad, la educación y las políticas sociales. Pese a ello, esta comunidad autónoma supera la media inversora en estas políticas debido al esfuerzo que hace el Gobierno autónomo.

Canarias no tiene pagos ni urgentes ni imprevistos. Los que debe realizar están contenidos en los Presupuestos e incluidos en el plan anual de tesorería -que se está cumpliendo-. Los vencimientos de deuda previstos, y concentrados en el último trimestre de este año, ascienden a 522 millones de euros, mientras que no existe deuda pendiente alguna con el Estado.

Por lo demás, acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (línea de crédito) no es solicitar un rescate. El rescate de una comunidad autónoma está regulado por ley y está asociado al incumplimiento de déficit, una situación en la que no se encuentra Canarias.

En este orden de cosas, el hecho de que Valencia sea la primera comunidad autónoma que da el paso responde a un fracaso del PP, el partido político que presume de ser ejemplarizante en la gestión de los recursos públicos y viene a Canarias a pontificar, pero sin predicar con el ejemplo.

¿Puede el PP dar lecciones?, ¿puede el Gobierno central seguir asfixiando a Canarias mientras no acomete una serie reestructuración de la Administración estatal? En ambos casos, la respuesta es no.

Canarias cumple. Canarias es modelo de una gestión fiable y ahí están los datos que lo corroboran. Modelo que, sin duda, requiere de mayor profundización y optimización, y en eso continuamos trabajando, pero que a día de hoy la sitúa como la comunidad española más cumplidora. No nos lo ponen fácil. Y no es razonable que se mida mismo rasero a las que cumplen y a las que no.

Canarias sí está en disposición de exigir, de demandar mayor respeto y sensibilidad por parte del Estado, la financiación que por ley le corresponde y la adecuación de las medidas contra la crisis a los buenos resultados derivados del enorme sacrificio que ya hemos hecho los canarios.