Según el PP, no hay dinero para los servicios públicos. El Gobierno del PP ha decidido sacrificarlos al recortar gravemente los recursos, incumpliendo así los compromisos adquiridos con quienes acudieron a las urnas el pasado 20 de noviembre. Así las cosas, condenan a las administraciones canarias a tomar medidas que nos ayuden a garantizar las prestaciones que reciben los que menos tienen.
 
Como ya conocen todos los canarios, con los datos en la mano se confirma que los Presupuestos Generales del Estado nos colocan en una situación extremadamente delicada, con una brutal merma de ingresos. La dimensión del recorte del PP hace que la capacidad de maniobra de las administraciones canarias para hacer frente a las obligaciones contraídas sea hoy en día tremendamente limitada.
 
De ahí que en el Gobierno nos hayamos visto obligados a tomar medidas. Los presupuestos del Gobierno del Estado no nos han dejado otra salida.
 
Desde el año 2008 hemos ajustado el gasto de forma muy significativa, reduciendo el número de consejerías, bajando los sueldos a los cargos públicos, disminuyendo el número de asesores, contrayendo el gasto corriente o, entre otras acciones, reorganizando el sector público empresarial. Enormes esfuerzos, ese compromiso con la austeridad, los ajustes y el adelgazamiento de la maquinaria administrativa, que nos han permitido mantener la calidad de los servicios públicos esenciales -la sanidad, la educación y las políticas sociales-, manteniéndolos a salvo de los efectos de una crisis profunda y feroz.

En concreto, Canarias ha contabilizado hasta 2011 un ahorro de unos 2.280 millones de euros, de los que 1.255 millones corresponden al periodo 2008- 2010 y los restantes 1.025 millones al ejercicio de 2011. Además de una reducción en la estructura administrativa a partir de noviembre de 2010, paralelamente se procedió a la disminución del número de altos cargos y se rebajaron las retribuciones de los miembros del Gobierno y directivos, cuyos sueldos siguen en 2012 congelados. De todos estos ahorros, es el gasto corriente el que ha tenido una especial relevancia, siendo la comunidad autónoma que más ha reducido este capítulo, según datos del ministerio de Economía y Hacienda. Se ha logrado disminuir desde los 1.500 millones de euros presupuestados en 2008 hasta los poco más de 1.000 millones previstos para 2012.
 
En estos primeros meses de 2012 está adoptando medidas que generarán una nueva reducción en el gasto corriente por importe de 77 millones de euros; una cantidad que se suma a los importantes ahorros de ejercicios anteriores. Las medidas implementadas son de distinta naturaleza. Entre ellas se encuentra la reducción en arrendamientos, energía eléctrica, agua, comunicaciones, informática, o papelería y consumibles. También destacan la telefonía; combustible y desplazamientos; atenciones protocolarias y de representación; reuniones, conferencias o eventos; publicidad; o estudios y trabajos técnicos.
 
Las restricciones están siendo aplicadas en todos los ámbitos posibles. Es más, esta misma semana se ha planteado a los empleados públicos la necesidad de asumir nuevos sacrificios en forma de reducción salarial para evitar despidos en la Administración.
 
El compromiso del Gobierno de Canarias con la austeridad ha sido total en los últimos cuatro años. Pero ese esfuerzo no ha sido reconocido por el Gobierno del PP, que ha castigado duramente a Canarias –a los canarios- con un tratamiento injusto e injustificable en los Presupuestos Generales del Estado; y todo ello, pesar de haber hecho las cosas bien en materia de contención del gasto, y de presentar unos resultados óptimos en términos de déficit y deuda pública. El Gobierno estatal ha hecho tabla rasa y ha impuesto el mismo objetivo de déficit y límite de deuda a todas las CCAA sin distinguir a las que se han esforzado.
 
Los incumplimientos del PP nos obligan a subir los impuestos en Canarias.
 
Dije, y reitero, que no vamos a cerrar colegios ni hospitales, que tomaremos las medidas recaudatorias que sean necesarias para garantizar esos servicios.
 
Lamentablemente, al retrasar los Presupuestos Generales del Estado por las elecciones andaluzas, el PP ha provocado que estos meses de 2012 los ajustes sean más duros y mayores los sacrificios de los afectados.
 
Incumplimientos, los del PP, que hace que todas las medidas de ahorro, adelgazamiento de la maquinaria administrativa y ajustes deban completarse con esa subida de impuestos.  
 
Desgraciadamente, la capacidad de maniobra de la Comunidad Autónoma para seguir ajustando gastos está al límite. No podemos compensar la pérdida de otros 1.000 millones de euros sólo por esa vía. El Gobierno del PP, sus reformas y ajustes, nos obligan a buscar otras fórmulas, a tomar otros caminos para cuadrar unas cuentas que salvaguarden la prestación de los servicios públicos esenciales y que nos permitan mantener abiertos hospitales y escuelas.
 
Estando la vía de la reducción del gasto prácticamente agotada, no tenemos otra alternativa que actuar por la vía de los ingresos, aunque la medida sea dolorosa.
 
El Estado ha colocado a los canarios en la tesitura de realizar enormes sacrificios para mantener el nivel y la calidad de los servicios que reciben. Y la responsabilidad del Gobierno autónomo es adoptar cuantas medidas sean precisas para cumplir con ese compromiso, que constituye una apuesta por la cohesión social y territorial a la que no vamos a renunciar.
 
Canarias ha podido mantener esos servicios en los últimos años gracias a la ambiciosa política de contención del gasto que hemos realizado, pero los Presupuestos estatales de este año no nos dejan otra opción. Nos han obligado a buscar nuevos ingresos que permitan compensar, en alguna medida, el injustificado recorte que nos han infringido.
 
Las cifras no admiten discusión: el Presupuesto autonómico para 2012 es de 6.700 millones de euros, de los que el 70 por ciento (4.600 millones) se destinan a servicios públicos esenciales. El Gobierno del PP ha asignado a Canarias 3.200 millones de euros por esos conceptos, por lo que tenemos un déficit de 1.400 millones para cubrir la sanidad, la educación y las políticas sociales.
 
Esa es la única razón –obligada- por que el Gobierno aprobó ayer determinadas modificaciones en el mapa fiscal del Archipiélago, que nos permitirán unos ingresos de 200 millones de euros, aproximadamente.  
 
A esta reestructuración tributaria se añadirá también un mayor control del fraude fiscal y nuevas medidas de reorganización del sector público empresarial, sacrificios que afectan a todos sin excepción.
 
Sacrificios que debemos asumir en la convicción de que nos permitirán la continuidad de unas prestaciones sociales que el Gobierno del Estado ha torpedeado gravemente.