El pasado miércoles el Parlamento de Canarias aprobó la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, que será enviada al Congreso de los Diputados para su consideración. El documento busca reforzar la capacidad de decisión de nuestro pueblo en asuntos de especial importancia para el desarrollo económico y social, así como profundizar en el autogobierno para ser, cada vez, menos dependientes.

Somos un pueblo maduro, indudablemente capaces de decidir cómo nos gobernamos, definir nuestros objetivos y protagonizar las decisiones que marcan nuestro presente y nuestro futuro.

Lejos de dar pasos atrás, debemos dar pasos al frente para que se escuchen, entiendan y atiendan demandas históricas; pasos hacia un modelo de relación Canarias-Estado que nos permita acercar a las instituciones y a la sociedad de las Islas las decisiones que ahora se toman a 1.800 kilómetros de distancia.

Debe mejorarse nuestra financiación autonómica, hay que anclar el Régimen Económico y Fiscal en el Estatuto –también en la Constitución española-, tenemos que obtener espacios de decisión sobre costas, comercio exterior o aeropuertos.

Para plantar cara al afán recentralizador del PP, y en la oportunidad de ir a más Canarias no caben discursos tibios, no cabe instalarse políticamente en una zona de confort que conduce a tierra de nadie; como tampoco cabe utilizar la coartada de que otras son las prioridades –el empleo, las políticas sociales o los servicios públicos han estado y deben seguir estando en lo alto de la agenda de trabajo- para negar importancia al Estatuto y aparcar así la necesidad de incrementar nuestro espacio de decisión.

Frente a esas tendencias recentralizadoras, hemos de anteponer nuestra visión de la realidad, nuestra posición en el mundo, nuestra capacidad para decidir sobre nuestros asuntos.

Es una verdad incontestable que la Constitución española del 78 y el desarrollo del Estado de las Autonomías ha marcado el período más fructífero de nuestra historia; nunca antes, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, se habían producido mayores avances en lo económico y en lo social.

Desde que hemos tenido la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, el progreso del Archipiélago ha sido exponencial. Y si ése es un hecho que no admite discusiones, también lo es que Canarias es el territorio más singular de todo el Estado, con especificidades y singularidades reconocidas por la propia Unión Europea; en consecuencia necesitamos, más que ningún otro, un mayor margen de maniobra para atender nuestras necesidades objetivas.

El Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado el año 82 no responde ya plenamente a las necesidades de nuestra gente; desde entonces se han producido hechos especialmente relevantes que necesitan acomodo en un nuevo texto estatutario. Por ejemplo, la Unión Europea reconoció en el año 1997 la condición ultraperiférica del Archipiélago, cuya transposición a la Constitución española y al propio Estatuto de Autonomía aún no se ha producido.

El concepto de ultraperificidad es especialmente importante a nivel europeo porque permite la aplicación en Canarias de políticas específicas y la modulación de otras de carácter general.

Durante estos años también se han conocido dos sentencias del Tribunal Constitucional muy relevantes. Por un lado, en el año 2003 el Alto Tribunal sentenció que para garantizar al cien por ciento las determinaciones del REF, éste debía estar incorporado al Estatuto de Autonomía. Más recientemente, en 2013, el mismo Tribunal reconoció que el cumplimiento de la Ley de Aguas Canarias será plenamente efectivo cuando esta competencia se incluya en el Estatuto de Autonomía. De igual manera, en los últimos años la evolución del sistema de financiación autonómica (a través del cual las comunidades autónomas reciben el dinero para sufragar los servicios públicos esenciales) ha sido anómala y ha producido grandes perjuicios a Canarias.

La Canarias de hoy no es la que vio alumbrar su Estatuto de Autonomía. Estamos en un mundo diferente, con la aparición de nuevos actores en el escenario político internacional, países emergentes que llaman a la puerta del primer mundo y en cuyo desarrollo también debemos implicarnos.

Es el caso, por ejemplo, de los países del África Occidental, que vienen creciendo de manera sostenida hace años. Canarias tiene en su entorno regional una magnífica oportunidad para apuntalar el crecimiento y diversificar su economía. Aspectos que deben quedar amparados también en ese nuevo Estatuto de Autonomía. La transformación del sistema económico de Canarias para ser más competitivos, la reforma y el ajuste de la administración pública y de los servicios que se presta al ciudadano también justifican la necesidad de actualizar nuestro fuero.

Todas esas circunstancias justifican la reforma. Frente a aquellos que discuten la oportunidad de acometer un proceso como éste, estoy convencido de que es el momento de afrontarla. No podemos esperar a que se produzcan cambios en la Constitución Española, entre otras cosas porque este tiempo político no está en nuestras manos. Sí lo está, en cambio, el proponer a las Cortes un nuevo texto que coloque a Canarias en la posición que le corresponde, con un Estatuto de nueva generación que dé respuesta a nuestras necesidades.

Las demandas de mayor autogobierno no son fuegos artificiales ni deben obedecer a juegos de poder, son la expresión de una necesidad objetiva cuya satisfacción va a beneficiar, en última instancia, a nuestro pueblo. Hemos madurado lo suficiente para afrontar este proceso con las máximas garantías y tenemos derecho a tutelar nuestro propio futuro.

Hay que impulsar, desde la lealtad institucional que nos caracteriza como pueblo, unas reglas del juego que atiendan a una realidad cambiante; y en ese empeño hay que girar, aunque moleste a algunos, hacia más Canarias.