Precisamente ahora que el Gobierno del PP pone las cosas aún más difíciles a las comunidades autónomas, ahora que va a más una orquestada campaña para desprestigiar el modelo autonómico, es cuando con más fuerza que nunca debemos defender los avances experimentados por el Estado gracias a la descentralización política y administrativa de los últimos treinta años.

Porque las comunidades autónomas hemos impulsado mejoras en educación, sanidad, servicios sociales, infraestructuras, ordenación del territorio, turismo, cultura o deportes, desde los distintos territorios podemos y debemos decir, alto y claro, que en el objetivo de racionalizar y ganar en eficiencia es el Estado el que debe adelgazar de forma importante su estructura administrativa. Para empezar, eliminando buena parte de su Administración periférica. Y, en esa línea, debe predicar con el ejemplo y suprimir estructuras –algún ministerio, en su caso- que carecen de sentido al estar las competencias ya descentralizadas.

Si lo que falla no es el modelo, sino su gestión –y así es-, y si se ha demostrado que los territorios se gestionan mejor cuando las decisiones se adoptan con la cercanía que garantizan las autonomías, es el Estado y no las comunidades autónomas el que debe reducir su estructura. Más autonomía y menos Estado. Mayor compromiso con lo público y con los servicios que garantizan la cohesión social y territorial. Más descentralización y menos capacidad de decisión del Estado en ámbitos que no deben corresponderle.

No se ha demostrado que el Estado sea más eficiente que las comunidades autónomas. Esa idea, lanzada por voces que parecen añorar la España política y económica anterior a la Constitución del 78, es sencillamente falsa.

El Estado de las Autonomías ha funcionado razonablemente bien y ha sido protagonista indiscutible de la vida política española en democracia. Con más aciertos que errores, el proceso descentralizador del Estado ha avanzado con firmeza, fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos, que demandan, por un lado, más y mejores servicios y, por otro, una administración más pegada a una realidad conformada por diferentes territorios y realidades.

En ese sentido, incrementar el autogobierno es una demanda irreversible e irrenunciable. Irreversible porque las autonomías gozan de un bagaje político-administrativo del que es imposible desprenderlas, e irrenunciable porque se ha demostrado que han servido eficazmente a sus administrados, proporcionándoles una cartera de servicios que difícilmente se podrían haber prestado desde una mega-estructura centralista.

La crisis no puede ser la coartada para desmantelar lo público o, en última instancia, no puede ser la excusa para privatizar España. Hay que defender lo público, y esa defensa pasa entre otras cosas por exigir la sostenibilidad financiera de los gobiernos de los distintos territorios que conforman el Estado.

Es cierto que durante estos años se han podido cometer algunos errores, y que la feroz crisis económica que nos ahoga obliga a tomar medidas. Pero ni los unos ni la otra pueden ser tomados como pretextos para aniquilar un sistema válido y de plena vigencia.

El Estado autonómico precisa, efectivamente, de una revisión que actualice sus términos, que ajuste mejor su funcionamiento a las demandas de una sociedad que es hoy distinta a la que había cuando se formuló. Reformas en el fondo y en la forma. En el número de competencias y también en la manera de ejercerlas. La crisis nos obliga a todos a un indiscutible esfuerzo de austeridad, sin duda, pero esa meta pasa también por la reorganización del mapa competencial del Estado.

Aprovechemos estos momentos para avanzar, nunca para retroceder. Entendiendo que se deben evitar duplicidades y dando por bueno el precepto de “una administración, una competencia”, trabajemos en la dirección contraria a los fanáticos del centralismo.

Los canarios necesitamos mayor capacidad de decisión y más herramientas, más elementos que nos ayuden a dinamizar nuestra economía, a generar trabajo. Necesitamos ser menos dependientes, reforzando los pilares de nuestro tejido productivo.

Canarias está claramente alineada con esta tesis, como lo demuestra la puesta en marcha de un estudio para la reorganización política-administrativa que pretende detectar y evitar duplicidades entre comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos.

En ese sentido, insistiremos en demandar competencias en puertos y aeropuertos, costas o comercio exterior, además de trabajar en la reforma del Régimen Económico y Fiscal –esta misma semana hemos aprobado la Comunicación que debatirá el Parlamento de Canarias- y de reclamar un cambio en el modelo de financiación autonómica, que se ha revelado como especialmente dañino para los intereses de los canarios.

Todo ese conjunto de acciones no tiene otro objetivo que profundizar en el autogobierno que, a su vez, no tiene más justificación que ofrecer una mejor atención a los canarios de todas las Islas, proporcionándoles idénticas oportunidades en el acceso a los servicios públicos.

Es así como hemos de avanzar. De la supuesta crisis política de las autonomías se sale con más autonomía. Mucho más en nuestro caso, porque si hay un territorio en el Estado que precise de amplios mecanismos de autogobierno es justamente Canarias. Y no hay vuelta atrás, por mucho que los agoreros de las autonomías y los verdugos de lo público –que casi siempre son los mismos- pretendan lo contrario.

Fotografía: sermarr erGuiri