El PP aleja a los canarios de la Península. Nos aleja impulsando la entrada de capital privado en los aeropuertos o cruzándose de brazos ante los inaceptables precios que las familias, los estudiantes o los profesionales deben pagar para volar estas semanas.

Somos los canarios los que estamos sufriendo en mayor medida el desorbitado incremento en el coste de los billetes de avión y seremos los canarios los que pagaremos la factura y afrontaremos los mayores perjuicios por la privatización de AENA.

El Gobierno del PP continúa adelante con su plan de privatizar la red de aeropuertos españoles, una decisión absolutamente disparatada en el caso de Canarias, cuyos ciudadanos verían condicionada su libertad de movimiento a criterios exclusivamente economicistas.

El Archipiélago no tiene alternativas como el ferrocarril –precisamente uno de los medios de transporte más pujantes en la actualidad- o las carreteras continentales, siendo nuestros aeropuertos, además de la vía de entrada de los millones de turistas que nos visitan cada año, nuestras estaciones de guagua o de tren interinsulares.

Contamos con magníficos aeropuertos, algunos de ellos a la cabeza del Estado en cuanto a rentabilidad. Sin embargo, no todas estas infraestructuras son rentables en Canarias. Hay aeropuertos pequeños que no lo son pero que prestan un servicio imprescindible a los ciudadanos del Archipiélago y que, precisamente por eso, deben seguir tutelados por el sector público.

La movilidad de los canarios no puede depender de la cuenta de resultados o del balance económico de una empresa, porque sus derechos están por encima de las leyes que dictan los mercados. El Gobierno de Canarias ha considerado siempre que los aeropuertos en el Archipiélago son instrumentos fundamentales para la cohesión social y territorial y, en esa dirección, rechazamos la intención del Gobierno del PP de privatizar AENA.

La semana pasada la ministra de Fomento, Ana Pastor, volvía a insistir en que todo está listo para que el capital privado pueda entrar en AENA y, en su alegato para defender la operación, señalaba que “hemos pasado de números rojos a números en positivo y estamos dando un servicio de excelente calidad”. Ahí radica precisamente el meollo de la cuestión; en Canarias no se puede dar rienda suelta a ese liberalismo aeroportuario porque sería atentar directamente contra el derecho de los canarios a la igualdad de oportunidades.

Mientras la ministra solo parece tener ojos para la privatización de AENA, se nos niega información básica sobre las tarifas aéreas, a pesar de que éstas están bonificadas con dinero público, y se ignora a los canarios cuando pedimos la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para exigir el traspaso de los aeropuertos de interés general.

Es una muestra más de la indiferencia con que el Gobierno del Estado viene actuando con respecto a los intereses de Canarias. Nosotros, en cualquier caso, seguiremos batallando a nivel jurídico para evitar que los aeropuertos canarios caigan en manos privadas –ya hemos recurrido también la no convocatoria de la citada comisión bilateral- y exigimos la declaración de Obligación de Servicio Público ante la escalada de precios en los trayectos entre Canarias y la Península.

Se trata, básicamente, de garantizar el derecho efectivo de los canarios a moverse libremente por todo el territorio del Estado –sin que las coyunturas puedan entorpecerlo de facto- y de luchar por la igualdad de oportunidades. Los canarios no permitiremos que se nos trate como ciudadanos de segunda clase, ni en materia de transporte, ni en ninguna otra.