Los últimos datos publicados por el ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea colocan a tres aeropuertos canarios entre los ocho más rentables de España. Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote se sitúan a la cabeza de una red que conforman cuarenta y nueve instalaciones.

Vaya por delante que ese balance contable pone de manifiesto la importancia de los aeropuertos canarios y, sin lugar a dudas, evidencia su peso específico y absolutamente clave en el conjunto de la red. Ahí están los números, ahí están las incontestables cifras –oficiales- publicadas.

Ahora bien. La publicación de estos datos coincide con el debate público en torno a la privatización de Aena y al declarado interés del Gobierno de España de acometer ese proceso “en cuanto se den las condiciones de mercado” -en palabras textuales de la ministra de Fomento, Ana Pastor-.

Es evidente que el Gobierno de España ha venido abonando el terreno para esa privatización limando las pérdidas de los aeropuertos en los últimos ejercicios, aunque para ello haya tenido que incrementar las tasas aéreas o recortar el horario operativo de diecinueve aeropuertos.

Se pretende, en última instancia, ofrecer un paquete de interés para los inversores. La propia ministra, que no ha concretado el calendario de esa privatización, señalaba la semana pasada que “si hoy se está en condiciones de hablar de la entrada de capital privado en Aena es porque puede haber interés, lo que no ocurría antes con la lamentable situación de la empresa pública”. Como se puede apreciar, toda la discusión en torno a este asunto se sustancia en criterios estrictamente económicos, en oportunidades de negocio o en balances de ganancias y pérdidas. A nadie, salvo a los canarios, parece importarle el interés público –interés general que en el caso de nuestras Islas es esencial-.

El Estado no puede silenciar ni desentenderse del carácter estratégico, básico, de los aeropuertos en territorios como Canarias.

Cuando observamos los términos en los que se mueve el interés del Gobierno de España por hacer caja con estas infraestructuras, colocando ese objetivo por encima del interés general, los canarios nos preguntamos dónde queda el servicio público y social de estas instalaciones, dónde su papel como vertebradores de la cohesión territorial.

Está muy bien que tres aeropuertos canarios cierren sus ejercicios con beneficios y sean rentables, pero en las Islas nos preguntamos qué ocurrirá con los otros cinco que existen en el Archipiélago.

¿Garantizará la iniciativa privada su función social si no hay dinero contante y sonante por medio? Mucho me temo que no. ¿Quedarán sometidos a las inflexibles condiciones del mercado? Mucho me temo que sí.

La empresa privada persigue legítimamente un beneficio económico, pero hay ámbitos en los que su participación debe ponerse en cuarentena. Es el caso del transporte aéreo; y, sobre todo, es el caso de Canarias, donde los aeropuertos desempeñan una función social innegable e irrenunciable, por lo que su gestión ha de responder a criterios de interés público más que a criterios economicistas.

Los aeropuertos canarios no pueden competir con otros sistemas de transporte ni los canarios pueden recurrir a otras alternativas que sí se dan en la Península, por lo que la regulación de un servicio esencial para la movilidad y para la economía del Archipiélago no puede quedar en manos de las luces y las sombras del mercado puro y duro.

La sociedad canaria es cada vez más consciente de que un proceso de privatización de los aeropuertos, enterrando la defensa del interés público, puede convertirse a corto y medio plazo en una auténtica pesadilla para las familias y trabajadores de nuestra tierra. Cabe decir que, caso de dejarse su gestión en manos únicamente empresariales, los canarios vamos a pagar la privatización de nuestros aeropuertos; nos va a salir muy cara esa decisión desde el momento en que esas infraestructuras pierdan la garantía que para el interés general supone su control y gestión desde lo público.

He dicho, y reitero, que el Gobierno de Canarias utilizará todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance para rechazar que se abandone al albur de las leyes del mercado un servicio vital para nuestro presente y para nuestro futuro.

Siempre hemos defendido que Canarias asuma las competencias en puertos y aeropuertos, en la convicción de que será la mejor y, visto lo visto, quizás la única manera de garantizar un servicio público esencial en un territorio archipielágico, fragmentado y alejado.

Los aeropuertos canarios, en este caso, son mucho más que un simple negocio. Son instrumentos básicos de cohesión territorial y de desarrollo económico y social, por lo que seguiremos luchando allá donde haga falta para que se defienda y garantice el control público sobre los mismos, y para que Aena deje de utilizar a los tres aeropuertos canarios rentables como anzuelo para posibles inversores.