Hay dos maneras de enfrentar la crisis económica desde la política. Una es resignarse y esperar a que lo peor de esta dificilísima situación quede atrás. Ese no es el camino y, desde luego, no es la actitud del Gobierno de Canarias. Hay otra forma de hacer y enfrentar las cosas, y es la del trabajo diario y constante para, con el estrecho margen que tenemos las comunidades autónomas, aliviar los durísimos efectos de esta crisis sobre la ciudadanía.

El Gobierno de Canarias ha optado siempre por el trabajo y por plantar cara a pesar de los escasos recursos públicos de los que disponemos. Desde que se advirtieron los primeros síntomas de lo que en principio fue una desaceleración económica, a finales de 2007, tomamos las medidas que estaban a nuestro alcance para proteger, hasta donde es posible, a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Desafortunadamente la profundidad de la crisis ha sido tal que hoy en día, seis años después, decenas de miles de personas la siguen sufriendo muy de cerca. Aun siendo conscientes de las limitaciones de una comunidad autónoma para combatir una crisis de alcance global, siempre hemos mirado –y miramos- el problema de frente, adoptando todas las medidas posibles para mitigar las dificultades de tantas familias; y, con esa dirección, para garantizar la viabilidad de los servicios públicos esenciales, en la convicción de que son estos, en primera instancia, los que contribuyen a mantener la cohesión social de un territorio.

El Gobierno que presido sigue sin cruzarse de brazos ante esta dolorosa realidad y multiplica esfuerzos, si cabe. Plenamente conscientes de la dimensión de los problemas, en el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad avancé un decálogo de medidas para garantizar la cohesión social e impulsar la economía, entre ellas un Plan de Empleo Social en colaboración con la Federación Canaria de Municipios. No es fácil. Son muchas las dificultades, pero si todos estamos comprometidos con los que peor están pasándolo entre todos –Gobierno y corporaciones locales- seremos capaces de salvar obstáculos. Cuando el objetivo es favorecer la contratación de personas pertenecientes a familias con todos sus miembros en paro -por un periodo inicial de seis meses- Gobierno y ayuntamientos debemos estar y vamos a estar todos a una.

Esta iniciativa, en cualquier caso, forma parte de un programa más ambicioso en el que está trabajando no sólo el Gobierno de Canarias, sino también los Cabildos, los ayuntamientos, los agentes sociales y los colegios profesionales en el marco del Consejo General de Servicios Sociales: el Plan Estratégico contra la Pobreza.

La meta es articular un conjunto de medidas que favorezcan el empleo social, que amplíen la cobertura de la prestación canaria de inserción a aquellas personas en riesgo de exclusión social (ahora mismo la perciben personas en situación de exclusión social) o que promuevan un abaratamiento de los alquileres, así como una reactivación económica dirigida al emprendimiento.

En concreto, la Estrategia consta de cinco grandes pilares: el plan de empleo social; el impulso de herramientas contra la exclusión social; el apoyo a la infancia, vivienda y desarrollo humano.

El plan de empleo social contará con financiación de las diferentes administraciones públicas canarias y contempla acciones para la promoción del empleo juvenil, mujeres, personas con discapacidad, y el impulso de una Ley Canaria de Emprendimiento.

Estas acciones contra la exclusión social se sustentarán en dos aspectos básicos. Por un lado, el plan concertado de servicios sociales, dotado de la financiación necesaria para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y la creación de un fondo específico de recursos adicionales para afrontar el extraordinario incremento de los sectores vulnerables. Por otro, la ampliación de la Prestación Canaria de Inserción, para lo que será necesaria la revisión de su actual ley reguladora, adaptándola a la nueva realidad socioeconómica, mejorando sustancialmente su gestión y garantizando la financiación necesaria.

Su vocación es la de constituir una ayuda a la que se acceda siempre que permanezcan las condiciones sociales de los solicitantes, vinculándose con claridad a programas de inserción, tanto por el solicitante como por toda la unidad familiar -que participará y se comprometerá, mediante consentimiento expreso, en programas de inclusión-. Por tanto, el objetivo de la PCI no es la ayuda económica en sí, sino hacer que la persona solicitante, y por extensión su familia, logre ser independiente del sistema y deje de ser un usuario del sistema de servicios sociales.

El apoyo a la infancia, otro pilar de la Estrategia, tiene como objetivo contar con una política coordinada que asegure el aumento de los recursos destinados a infancia -en general- y a combatir la pobreza y la exclusión social -en particular-, mejorando el sistema de apoyos familiares por hijos e hijas a cargo, y tomando en cuenta la presencia de niñas y niños en el hogar en relación con las medidas relacionadas con la renta familiar.

Asimismo, se impulsarán medidas adicionales a las puestas en marcha en los comedores escolares, especialmente en aquellos centros que se determinen como “de atención preferente”.

En materia de vivienda, se promocionarán los alquileres sociales a familias con rentas bajas, mediante el fomento de la vivienda de alquiler social, poniendo a disposición de las familias canarias en riesgo de exclusión el stock de viviendas que permanecen vacías, tanto las gestionadas por el Instituto Canario de la Vivienda como de la empresa pública Visocan –se hará a través de alquileres sociales, adaptados a las posibilidades económicas de los demandantes de vivienda-. En este punto, cabe reseñar que en la actualidad un total de 16.500 familias canarias residen en una vivienda en régimen de alquiler social, por la que pagan entre 2 y 90 euros.

En cuanto a los desahucios, la Estrategia establece la adopción con carácter de urgencia de las decisiones necesarias para paralizar la ejecución de desahucios, en tanto en cuanto se modifica la legislación hipotecaria conforme a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 marzo.

Por último, el apartado de “desarrollo humano” prevé la elaboración de una Ley Canaria de Emprendimiento, en la que se regule y se promocione el trabajo autónomo, así como también ayudas para el inicio y consolidación de la actividad del trabajo autónomo. Además, se establecerán medidas de fomento del emprendimiento especialmente de economía social, de cara a establecer una nueva Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, que apoye la creación de este tipo de entidades. Este apartado incluye asimismo la implantación de medidas para el fomento de la contratación del primer trabajador fijo, bien por contrato indefinido directo o por transformación de contrato temporal, estableciendo una mejor coordinación de los instrumentos públicos dispersos del Gobierno para apoyar a los emprendedores, e impulsando el espíritu emprendedor desde los centros educativos, incorporando a los planes de estudio materias relacionadas con la creación y gestión de empresas.

Esta Estrategia será fruto del trabajo conjunto de las administraciones, agentes sociales y colegios profesionales. No hay otro modo mejor de avanzar en la resolución de los problemas, especialmente si abordamos un asunto tan delicado y urgente como el de la pobreza.

En este sentido, el Gobierno de Canarias, como impulsor del documento, confía en la disposición de todas y cada una de las partes –instituciones, agentes económicos y sociales, partidos políticos y colectivos- para cumplir con los compromisos adquiridos.

Muy por encima de cualquier otra circunstancia, todos estamos obligados a trabajar de la mano en este ámbito, a impulsar entre todos una estrategia que será la de todos.