En los últimos meses se vienen publicando distintos estudios, por parte de organismos públicos e instituciones privadas, en los que se realizan análisis comparativos entre las comunidades autónomas en asuntos tales como el crecimiento económico, el desempleo o la pobreza.

Esos informes vienen a poner de relieve tanto la gravedad de la situación –propiciada por la profunda crisis en la que nos encontramos- como una realidad igualmente constatable, y es la creciente desigualdad entre autonomías.

Este segundo aspecto es de suma importancia porque determina la imposibilidad de avanzar en la convergencia entre los distintos territorios que conforman el Estado -que es, evidentemente, el encargado de velar por su cohesión-.

Uno de estos estudios, el “Informe sobre Desarrollo Humano y Pobreza en España y sus Comunidades Autónomas”, elaborado por Bancaja-Instituto Valenciano de Estudios Económicos, indica que si bien la pobreza en España ha aumentado un 8 por ciento desde el año 2008, en nuestro Archipiélago lo ha hecho en un 21 por ciento, un dato que necesaria y objetivamente no puede explicarse sin recordar que Canarias ha perdido doce puntos porcentuales de convergencia con el resto del Estado entre 1999 y 2012, pasando del 97,6 por ciento al 85,9 por ciento.

Que la pobreza haya aumentado en las Islas en un 21% es un mal dato que tiene mucho que ver con estar doce puntos más lejos de la convergencia con el resto del Estado, doce puntos más lejos de España.

A la vista está, estamos cada vez más lejos de la igualdad de oportunidades que los canarios merecemos; y no por errores de los distintos gobiernos de Canarias, que han multiplicado esfuerzos a pesar del estrecho margen presupuestario, sino por la ausencia de una verdadera política de Estado con el territorio más alejado y frágil.

Lamentablemente las desigualdades entre comunidades autónomas han crecido hasta casi duplicarse, y solo tres comunidades mejoran –son muchas las comunidades con problemas, no solo las Islas, pero nuestro caso es diferente-.

Los datos estadísticos vienen mostrando, efectivamente, esas enormes diferencias entre unas y otras comunidades autónomas sin que el Estado tenga en cuenta ese detalle a la hora de diseñar las políticas económicas y presupuestarias, dándose la circunstancia de que en Canarias confluyen dos elementos que agravan nuestra situación: la evolución del PIB per cápita y el paro.

Estos datos ponen en entredicho la política del Estado en tanto garante de la igualdad entre los distintos territorios que lo conforman.

En cuanto al paro, Canarias lleva diez años despegándose de la media estatal en desempleo, lo que unido a la existencia de una alta tasa de paro estructural incide decididamente en los índices de pobreza recogidos en el estudio citado anteriormente.

Esa situación no ha sido atendida adecuadamente por el Gobierno del Estado, que lejos de preocuparse por la comunidad autónoma con mayores debilidades estructurales económicas -derivadas de nuestros condicionantes geográficos, y reconocidos explícitamente por la Unión Europea- ha caído en los últimos años en el error de no abordar las políticas con Canarias como asunto de Estado.

Es especialmente esclarecedor el análisis de los Presupuestos Generales del Estado de este año. Hoy Canarias tiene la mitad de dotación de la que tuvo en 2010, es decir, 1.500 millones sin contar con la financiación autonómica. Una cantidad, la del año 2010, que ya era claramente insuficiente.

Esa falta de inversiones públicas es solo el síntoma más evidente de la inexistencia de una política de Estado hacia Canarias, de una desatención injustificada hacia el territorio del Estado con mayor necesidad de acciones específicas.

A la falta de políticas de estímulo económico que permitan variar el rumbo en estos momentos tan difíciles, se unen decisiones incomprensibles como la eliminación de la bonificación de las tasas aéreas o situaciones como el incumplimiento de que el Estado invierta en Canarias lo que la media del Estado, según recoge el REF, o la inmovilidad de un sistema de financiación autonómica claramente perjudicial para las Islas.

Las estadísticas son hoy el resultado de una política estatal que ha abandonado a Canarias cuando más lo necesita. Ahora que vivimos una situación socioeconómica preocupante, no se ofrecen soluciones enfocadas a resolver nuestros graves problemas. Antes al contrario, nos enfrentamos al peor Presupuesto General del Estado de toda la andadura autonómica.

La alarmante y continua caída de la financiación autonómica, la extrema reducción de la inversión pública y la retirada de la aplicación de diferentes incentivos económicos del REF nos obligan hoy a exigir con más fuerza y determinación un trato justo con Canarias, una comunidad autónoma que nunca ha fallado al Estado, algo que desgraciadamente ya no podremos decir los canarios respecto a Madrid.