En apenas unos días, el próximo 13 de febrero, me reuniré con la ministra de Fomento.

Con el descuento por residencia en lo más alto de la agenda, este encuentro es objetivamente necesario, porque necesario es dejar atrás la incertidumbre de los últimos meses y garantizar, con rotundidad, que en los viajes por barco o avión se mantendrá el 50% de subvención sin máximos bonificables.

En los últimos días he hablado varias veces con la ministra, y me consta que está trabajando en la dirección que hemos demandado.

Conozco a la ministra hace muchos años, y sé de su seriedad cuando aborda los asuntos. Sé que entiende las enormes cautelas, e incluso los recelos, que en Canarias han suscitado algunos anuncios del Ministerio -a veces firmes, pero contradictorios-.

De ahí nuestra preocupación. De ahí la necesidad de mantener esa reunión. Para despejar dudas. Para generar confianza. Para, entre ambos gobiernos, garantizar el 50% de subvención y hacer ver a las compañías que es inaplazable moderar los precios de los billetes.

En las conversaciones que hemos mantenido, y hace unos días públicamente, la ministra ha apuntado argumentos que invitan a un moderado optimismo. De una parte, garantizando que el descuento se mantendrá en las mismas condiciones que en estos momentos; y, de otra, haciéndose eco de los datos del Observatorio de Precios –con muchísimos ciudadanos denunciando incrementos abusivos de los precios -. Con todo, y dado que estas afirmaciones entran en contradicción con pronunciamientos y comunicados anteriores en los que se llegó a apuntar que estaban estudiándose otras alternativas, considero necesario aclarar las cosas y zanjar dudas y temores.

Los canarios necesitamos tener, negro sobre blanco, los planes del Ministerio. Cualquier solución que no pase por el mantenimiento del descuento en su porcentaje actual nos alejaría aún más de la Península, con el desafecto que ese distanciamiento arrastra consigo. Esas otras alternativas que han asomado a la luz en los últimos meses y semanas supondrían una injusticia, y lejos de acercarnos nos aislarían aún más. Sin duda, se estaría dando la espalda a un derecho de todos los canarios.

Esas otras alternativas debilitarían, de forma más que significativa, a las economías familiares –y, en consecuencia, al conjunto de la economía canaria-. Por lo demás, la cohesión territorial del Estado se vería afectada notablemente.

Estoy convencido de que la ministra de Fomento es consciente de la responsabilidad que requiere cualquier decisión sobre este particular y, por la parte que toca al Gobierno que presido, estamos llevando a cabo un ejercicio constante de pedagogía para que en la Península se entienda la relevancia del descuento por residencia en sus términos actuales.

Especialmente en estos momentos, las Islas necesitan ser tratadas con justicia y equidad, en función de sus necesidades -objetivamente diferentes a las de otras comunidades autónomas-. En ese sentido, la conectividad es una pieza clave para el desarrollo del Archipiélago; primero, para el buen desarrollo del sector turístico y, segundo, para garantizar la cohesión. En ese sentido, en términos generales el Gobierno de España debe impulsar un abaratamiento de los costes del transporte entre Canarias y el resto del Estado.

En la reunión que tendré en Madrid insistiré en la oportunidad de activar la declaración de obligaciones de servicio público. De este modo, podrían fijarse unas tarifas máximas en los trayectos -que las compañías estarían obligadas a respetar- y se mantendría el 50 por ciento de descuento.

Esta sería una buena solución en un asunto que para los canarios es –insisto- un derecho irrenunciable. De ahí las gestiones de mi Gobierno, y también de ahí la iniciativa presentada por el Grupo Nacionalista Canario y por el Grupo Socialista para que el Parlamento de Canarias acuerde la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional Décimo-tercera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que contempla un posible límite a la subvención al transporte de pasajeros.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, aquella medida que abrió la puerta al cambio de régimen se aprobó «sin el preceptivo informe a que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la Constitución y el artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y sin que ni siquiera se haya requerido la audiencia de la Cámara que se refiere el texto estatutario» -la Constitución establece que la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y el cambio en las subvenciones lo implica, requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma-.

Además, el Estatuto de Autonomía de Canarias también establece que el REF sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la Constitución, previo informe del Parlamento canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros.

Todos estos elementos han de ser muy tenidos en cuenta por el Ministerio de Fomento.

Por lo demás, esta misma semana hemos conocido la decisión de ese departamento de abaratar los billetes de los trenes de alta velocidad para mejorar la conectividad entre distintas ciudades peninsulares.

Esta iniciativa es muy interesante a la hora de mejorar las comunicaciones, pero en justicia debe utilizarse el mismo mecanismo con Canarias.

Reclamamos igualdad de oportunidades, necesitamos más vuelos y mejores precios. Me consta que la ministra es sensible a estos planteamientos, y espero que dicha reunión sirva para dejar atrás las dudas y obtener garantías firmes.