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Los asuntos que en estos momentos ocupan la agenda de las relaciones Canarias-Estado merecen analizarse con detenimiento. Debemos hacerlo, además, partiendo de la normalidad que preside el día a día en las relaciones de los diferentes departamentos de ambos gobiernos.
Basta repasar o recordar las numerosas reuniones que han mantenido ministros, consejeros y altos cargos de ambas administraciones para concluir que, como no puede ser de otra manera, en general se está trabajando con normalidad y voluntad de cooperación.
Sabe el presidente Rajoy, porque así se lo he expresado, que esa es la actitud constructiva desde la que nosotros abordaremos los diferentes asuntos. Colaboración y diálogo. Y firmeza. Firmeza cuando, como ha ocurrido en las últimas semanas, el Gobierno del Estado toma decisiones que son objetiva y demostrablemente contrarias a los intereses de Canarias.
Animo a Rajoy a que las decisiones de su Gobierno se adopten ‘con y no contra Canarias’, con y no contra nuestras instituciones, con y no contra la posición de la sociedad de las Islas.
Dije hace unos días en el Parlamento, y reitero, que tiendo la mano a Rajoy. Ambos creemos en la necesidad de que las relaciones Canarias-Estado tengan en el respeto mutuo su punto de partida. Ambos creemos en el diálogo, y en ese camino se va a mover la relación entre ambos gobiernos.
Partiendo de la normalidad en la que se está desarrollando ese día a día entre ambos gabinetes, y también de la necesidad de afrontar los temas con seriedad y rigor, parece incontestable que las primeras decisiones del Gobierno del PP están generando una creciente preocupación e inquietud en las Islas.
Efectivamente, los canarios estamos siguiendo con mucha preocupación las primeras decisiones que ha tomado el Gobierno de España. Medidas tan perjudiciales para las Islas como la eliminación de la bonificación de las tasas aeroportuarias, la supresión de las primas a las energías renovables o la posición del Gobierno del PP sobre las prospecciones petrolíferas, una posición articulada de espalda a las Islas, desoyendo a los canarios y a nuestras instituciones. Tres decisiones que suponen una zancadilla a Canarias. Por ello, porque deben reconducirse, volvemos a apelar al diálogo y la colaboración leal con el Estado.
Una vez más, y cuantas veces sean necesarias, cabe recordar respecto a la bonificación de las tasas aeroportuarias que Canarias ha levantado una voz unánime pidiendo que no se eliminen y defendiendo los efectos tremendamente positivos de las bonificaciones sobre el turismo y la llegada de visitantes a las Islas. Gobierno y agentes económicos y sociales, con una sola voz, coincidimos en que esa herramienta es fundamental en la recuperación del sector. ¿Por qué, entonces, ese empeño en eliminarlas si, además, no implican una merma de ingresos para el ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea? Desde Canarias no vemos ningún motivo que justifique una decisión tan perjudicial para los intereses del Archipiélago. La unanimidad sobre su conveniencia debe ser atendida y escuchada por el Gobierno del Estado.
Si hablamos de las prospecciones petrolíferas, el Gobierno autónomo quiere igualmente que se escuche la voz de las instituciones canarias. Una medida de ese calado y repercusión no puede adoptarse sin contar con Canarias.
No se entiende que en esta materia el Estado tienda la mano a los valencianos y se la niegue a los canarios. O que con la supresión de las primas para el desarrollo de las energías renovables se tienda la mano a los extremeños y nos la nieguen a los canarios tratando como iguales sistemas energéticos tan diferentes como los insulares y continentales.
Como apunté en las primeras líneas de mi reflexión, en la convicción de que todos debemos poner de nuestra parte para propiciar unas buenas relaciones Canarias-Estado reitero mi apuesta por el diálogo y el entendimiento con el Gobierno central. Ni he perdido ni perderé una milésima de segundo en descalificaciones siempre estériles.
Ahora bien, mi responsabilidad y compromiso como presidente de Canarias pasa por ser firme y claro cuando en los ministerios se adoptan decisiones objetivamente injustas, decisiones que perjudican nuestros intereses generales.
La lealtad de Canarias con el Estado se traduce por nuestra parte en voluntad de colaboración; la lealtad de mi Gobierno con los canarios se traduce en mostrarnos firmes cuando se toman decisiones contrarias al interés de los canarios o cuando se da la espalda a nuestras instituciones. Las decisiones deben tomarse con Canarias, no contra Canarias.
El dinero de nuestro turismo a Cataluña, el dinero de los puertos y aeropuertos a Madrid, las renovables, mejor ni hablar, el dinero hay que dárselo a Repsol que también quiere su tajada. Y mientras … ¿exactamente que negociamos? Un REA que no repercute en el bolsillo de los canarios pero si en las cuentas de las empresas de importación mientras nuestros agricultores no reciben ayudas y ven sus productos infravalorados. O el REF que solo sirve para que las empresas inviertan sus beneficios en la compra de bienes inmuebles. Exactamente ¿por qué hay que ser leales?
Me hago la misma pregunta, Texcanarias. ¿Cuándo ha sido leal España a Canarias? Nunca. Siempre hemos sido tierra a explotar.
“Soria ignora que el Derecho Internacional no es aplicable en el caso de las prospecciones petrolíferas”
● El Estatuto de Autonomía y la Ley de Aguas Canarias son la base jurídica para que sea Canarias la competente para autorizar las prospecciones
● El actual ministro alentó recursos de inconstitucionalidad de hasta cuatro leyes estatales cuando era vicepresidente del Gobierno de Canarias, incluida una de su actual Ministerio
El comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, aseguró hoy que el Derecho Internacional no es aplicable en el caso de las prospecciones petrolíferas, puesto que éste no interfiere e la forma en la que los estados se reparten internamente sus competencias, “algo que parece ignorar claramente” el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
Ríos explicó que la autorización para realizar prospecciones es “un asunto interno, propio del Estado de las autonomías que consagra la Constitución Española, que nada tiene que ver con el derecho internacional. Tanto da –continuó el comisionado- que las otorgue el Ministerio de Energía que la Consejería del ramo del Gobierno de Canarias”. De acuerdo con este argumento, la discusión en este momento se centra en quién autoriza dentro del propio Estado español.
En este sentido, Ríos considera que “es nuestro Estatuto y la Ley de Aguas Canarias la base jurídica para que sea Canarias la competente para autorizar las prospecciones”.
La Ley de Aguas Canarias vigente establece que el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente, tanto para dichos espacios como para los terrestres.
Además, recordó Ríos, “nuestro Estatuto nos atribuye competencias de desarrollo normativo y ejecución en energía, es decir, en prospecciones petrolíferas, sean en tierra o en el mar, como es este caso”.
En relación con las últimas manifestaciones del ministro de Industria, Energía y Turismo, el comisionado subrayó que “Soria no tiene credibilidad ninguna, porque hay que decir alto y claro que cuando era vicepresidente recurrió con el Gobierno de Canarias hasta cuatro leyes estatales, alguna de su actual Ministerio, porque determinadas competencias, en contra de lo que establece nuestro Estatuto, se las arrogaba el Estado”.
“Fue Soria –insistió Río- quien como vicepresidente lideraba las negociaciones con el Gobierno del Estado y, al no llegar a acuerdos con los distintos ministerios, se recurrieron esas normas al Tribunal Constitucional, las cuales están pendientes de sentencia”.
De la misma manera, Ríos contradijo las declaraciones de Soria sobre el negativo impacto medioambiental de las prospecciones, al considerar que “en absoluto garantizan que no haya riegos para nuestra diversidad marina, para nuestras costas y para el turismo. De hecho, ha retomado las autorizaciones sin siquiera actualizar la información medioambiental desde hace casi 10 años”.
Ahora da marcha atrás y da 10 días más de plazo, pero deja muy claro que el ‘Estado’ es el que tiene la última palabra. No sabía que ahora a Repsol se le llamaba Estado.
Siempre he dicho que los que controlan a los gobiernos son los empresarios,y esta estrtregia tiene que terminar………….aparte ,de que los gobiernos le dan gratificaciones para que contraten encima ellos abusan y coaccionan,es la realidad.,haberia que poner en orden muchas cosas por lo que observo, a los Sindicatos sobre todo,buén dia
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