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Chapapote

Hace apenas unos días, destacados miembros de la comunidad científica comparecieron ante el Tribunal Supremo para confirmar su oposición a las prospecciones petrolíferas en aguas canarias, avalando las demandas interpuestas por instituciones canarias (Gobierno y cabildos de Lanzarote y Fuerteventura), en coordinación con una decena de organizaciones ecologistas, científicas y vecinales, contra la autorización del Gobierno de España dada a Repsol.

Tras la comparecencia de los peritos quedó patente la unidad que existe entre la comunidad científica experta, que conoce la realidad y los valores naturales de la zona de las prospecciones, confirmando la carencia absoluta de fundamentos en las justificaciones aportadas por las multinacionales petroleras.

Las apreciaciones y conclusiones de los peritos sirvieron al Tribunal para conocer con detalle la singularidad y los valores del ecosistema marino canario desde todos los puntos de vista posibles: aves migratorias, cetáceos, fondos marinos, consecuencias negativas de sondeos sísmicos, así como el peligro que para el mismo representan los proyectos petrolíferos de las multinacionales Repsol, RWE y Woodside.

Quiero subrayar la importancia del respaldo científico a las tesis canarias, pues supone la confirmación de que hay argumentos jurídicos, económicos, sociales, ambientales y científicos, legitimada por una amplia mayoría democrática, para impedir que se cometa una grave equivocación que pueda lastrar el futuro de Canarias.

Esa oposición a las actividades petrolíferas es compartida, además, por la práctica totalidad de las ONG que en el ámbito estatal trabajan por la protección y preservación del medio ambiente -algunas de ellas, como SEO-BirdLife Internacional, Oceana, WWF-España, autoras incluso de contundentes informes contrarios al desarrollo de los Permisos de Investigación otorgados-, así como por expertos en la afección de la contaminación por hidrocarburos a los procesos de desalación de aguas en Fuerteventura, integrantes del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura (CAAF) y del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

Y, junto con ellos, además, el unánime criterio técnico-científico de entidades y personas especializadas en la protección del medio ambiente marino (profesores y catedráticos de las universidades de La Laguna, Rey Juan Carlos, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona) e integrantes del Grupo Nacional de Expertos en contaminación marina constituido en el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En definitiva, una contundente y argumentada exposición, que deja bien claro quién aporta datos veraces, científicos y fácilmente contrastables, y quién se limita a seguir las directrices emanadas del interés particular de las compañías del sector.

Una demostración más, de las muchas que se han venido ofreciendo desde que se conocieron los planes de Industria y las petroleras en aguas canarias, que anima al Gobierno de Canarias a no cejar en su empeño de evitar esta agresión no ya a los valores naturales, sino al propio desarrollo económico de nuestra tierra.

El petróleo es el pasado. Además de ser caro y contaminante, no aportará nada bueno a Canarias: ni riqueza ni empleo; todo lo contrario, pone en grave riesgo nuestra principal fuente de riqueza, el turismo, que da trabajo a muchos cientos de miles de canarios, y a nuestra rica biodiversidad.

Eso es lo que ha venido a confirmar la comunidad científica.

Desde el Gobierno que presido, en unión con las instituciones locales, los agentes sociales y la inmensa mayoría social, seguiremos echando mano de todos los medios que nos da el Estado democrático de derecho y acudiremos a todas las instancias necesarias para oponernos a las prospecciones.

Sabemos que nos asiste la razón. La razón a todos los niveles: política, jurídica, económica, científica…

Y, sobre todo, porque es un compromiso con el interés general, el bienestar y el futuro de todos los canarios.

Fotografía: Stéphane M. Grueso