Ochenta y dos días han separado los dos discursos institucionales en los que el Rey se ha referido al gravísimo conflicto político y social que se vive en Cataluña desde hace cinco años. El 3 de octubre, cuarenta y ocho horas después de la celebración del referéndum ilegal que abrió el paso a la declaración unilateral de ruptura con España, Felipe VI se dirigió al país garantizando la restitución del orden constitucional, la defensa de la integridad territorial del Estado y el cumplimiento de la legalidad. Más de ochenta días después, la pasada Nochebuena, el jefe del Estado invitó a los elegidos en las elecciones del 21-D a que respeten la pluralidad de la sociedad catalana. “Que las ideas no separen a las familias y a los amigos, el camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o la exclusión”, señaló el monarca.

Los ya históricos mensajes del Rey a los catalanes y al resto de españoles -en sus intervenciones del 3 de octubre y del 24 de diciembre, respectivamente- tienen poco que ver entre sí. Ni en el espacio físico, ni la ambientación, ni el tono, ni el contenido facilitan encontrar grandes coincidencias de forma o fondo. En esta segunda ocasión se percibió que Felipe VI se ha encontrado mucho más cómodo y relajado en la escenificación conciliadora del mensaje navideño que en el incómodo papel que tuvo que jugar cuando la declaración unilateral de ruptura avanzaba hacia el cataclismo ante la impotencia del Gobierno de Rajoy y la falta de compromiso de Pedro Sanchez y su partido. Es el espacio que le asigna la Constitución, pero áquel fueron una decisión y un momento tremendamente delicados. La enérgica y dura intervención del pasado 3 de octubre reforzó en términos generales el afecto y el respeto que le tiene una gran parte de la ciudadanía, pero en casi la misma proporción que lo perdió en otra parte de la misma, especialmente en Cataluña.

A raíz de ambos discursos llas piezas se movieron. El Gobierno de Rajoy asumió su responsabilidad, el PSOE forzó a Pedro Sánchez a alinearse con el Gobierno, los medios de comunicación privados catalanes se reposicionaron, los empresarios se movieron, la Justicia acaleró sus pasos y los no independentistas perdieron el miedo y tomaron la calle.

Entre las dos intervenciones del Rey los catalanes han hablado en las urnas. El pasado día 21 -con una participación histórica- el resultado de las elecciones nos deja una conclusión inapelable: la sociedad catalana está partida en dos. Si importante es el éxito en escaños de los independentistas, no menos reseñable es el resultado de los que quieren una Cataluña dentro del Estado español.

El mandato que han dado las urnas apunta a la necesidad de hablar, dialogar, conciliar; para empezar, entre los propios catalanes. Es imprescindible buscar unas bases de acuerdo que respeten, en su conjunto, lo que piensa la sociedad catalana. El diálogo y el consenso no deben tener otro límite que el cumplimiento de la legalidad vigente. La misma medicina -diálogo dentro de la legalidad- debe aplicarse a las relaciones de Cataluña con las instituciones del Estado. La sentencia dictada por los catalanes en las urnas no dejan otra alternativa.

La primera intervención del Rey posibilitó que se movieran todas las piezas que participan en el tablero de la política del Estado y de Cataluña. Muchos interpretaron que el mensaje llevaba implícito aislar a los independentistas, pero lo que latía en su hilo argumental fue una defensa a capa y espada del orden constitucional. En su segunda intervención, en nochebuena, la apelación al respeto a las ideas de cada cual fue su principal objetivo e intención, animando además a evitar el enfrentamiento o la exclusión y pidiendo a los diferentes partidos que respeten la pluralidad de la sociedad.

En el transcurso de las próximas semanas y meses sabremos si la nueva invitación formulada en el mensaje del Rey es seguida o no por todos los actores que intervienen en este gran laberinto en que se ha convertido el llamado ´procés´. En semanas o meses sabremos si el discurso navideño del Jefe del Estado logra movilizar a los agentes económicos, sociales y políticos, e incluso informativos, como así ocurrió el pasado 3 de octubre.