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Cataluña seguirá ocupando la centralidad de la escena política -y, en consecuencia, monopolizando la actualidad- lo que resta de año; y, con total probabilidad, los primeros meses de 2018. Las cabeceras de los medios estatales y buena parte de los autonómicos están copadas por una crisis sin precedentes, que también encuentra eco en los informativos internacionales. Las leyes de desconexión, el referéndum, la declaración unilateral de independencia, la aplicación del 155, la convocatoria de elecciones, el encarcelamiento de parte del Govern, la diferente vara de medir entre la Audiencia Nacional y el Supremo, la huída a Bélgica de Puigdemont y cuatro ex-consellers, con la entrega, encarcelamiento y libertad condicional de los huidos son episodios de un relato que lejos de despejar dudas parece incrementar las incertidumbres.

La huella que va dejando el conflicto abierto entre los independentistas catalanes y las instituciones del Estado va mucho más allá. La fractura que se ha producido en la sociedad de Cataluña es tremenda, sea entre independentistas y constitucionalistas, entre partidos e incluso entre familias. La factura de lo que está pasando va más allá. El deterioro que está sufriendo la economía catalana no ha tocado fondo. Más de dos mil empresas  han cambiado su domicilio social y la inquietud inunda a una buena parte del tejido productivo catalán.

El Gobierno de España había estado lento de reflejos y a la defensiva en el tratamiento al proceso de ruptura. Fue el discurso pronunciado por el Rey -el 3 de octubre- el que provoca un cambio en la actitud de los actores principales. Rajoy y su Gobierno se quedaron sin margen para seguir mirando para otro lado. El PSOE se vió obligado a abandonar su calculada ambigüedad. Los principales medios informativos catalanes -privados- percibieron, tomaron nota y se dieron por aludidos ante la firmeza mostrada por el jefe del Estado a la hora de defender la integridad territorial del país. Las empresas reaccionaron ante el nuevo escenario y la sociedad -los no independentistas- perdieron el miedo a expresar públicamente sus sentimientos.

La inesperada calma que se produjo a raíz del simultáneo anuncio del Gobierno de Rajoy de destituir al Govern y convocar elecciones para el 21-D duró a penas 72 horas, el tiempo que separó dicha decisión y el encarcelamieto de buena parte del Govern y la fuga a Bélgica de Puigdemont y el resto.

La carrera electoral del 21-D es y será atípica e insólita. La participación de parte de los candidatos en los habituales actos electorales dependerá de las decisiones judiciales, y los programas electorales se verán sepultados por las noticias que genera la internacionalización de la misma con la presencia en Bruselas de Puigdemont y otros potenciales candidatos. La clave de la cuestión catalana es si el 21 de diciembre se producirá un punto y aparte o un punto y seguido en su conflicto con el Estado. Ellos tienen en sus manos la decisión sobre qué país y qué gobernantes quieren para afrontar su futuro.

De partida, hay dos bloques bien definidos a la hora de captar el voto ciudadano y, a su vez, dentro de cada bloque se pueden encontrar distintas sensibilidades políticas, sociales o económicas: el bloque de los llamados constitucionalista y el de los independentistas. En el bloque constitucionalista nos encontramos fuerzas afines -PP y Ciudadanos- junto a otra que poco tiene que ver con las anteriores: el PSC.

En el otro bloque, la oferta es aún más amplia y va desde lo que representa la CUP a lo que significa la antigua Convergencia, pasando por Ezquerra y En Comú Podem. La presión a la que será sometido el PSC será tremenda si las fuerzas constitucionalistas obtienen  mayoría para gobernar. Aún así -con un hipotético gobierno constitucionalista- la fractura política y social continuará. Igual suerte tendrá un gobierno sustentado en una mayoría independentista; el conflicto con el Estado continuará y la fractura será cada vez más profunda.

Recuperar el gravísimo deterioro al que unos y otros han llevado la relación de parte del pueblo catalán con el resto del Estado requerirá tiempo, trabajo e inteligencia política. Será necesario trabajar para unir a partidos que estén ubicados en diferentes bloques. PSC, Ezquerra y En Comú Podem pueden decir y hacer mucho.