Rajoy confió en que el tiempo -en otras ocasiones su gran aliado- resolvería por si sólo la tensión entre Cataluña y el Gobierno de España, fractura que comenzó a fraguarse con la discutida sentencia de Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Mientras, el otro partido estatal de mayor implantación, el PSOE, centró sus esfuerzos en sacar tajada del asunto. Identificada la posición y la estrategia de unos y de otros, del PP y del PSOE, Gobierno y Parlamento de Cataluña vieron la oportunidad de hacerse con la iniciativa. El problema lejos de remitir fue a más porque el irresponsable atrevimiento de los independentistas, vulnerando las reglas que nos dimos en la Constitución, encontró durante los últimos años una miope y displicente respuesta por parte de las principales autoridades del Estado. El resultado lo tenemos sobre la mesa estos días. Tanto desatino nos ha llevado a la mayor crisis institucional, política, territorial y social de estos últimas cuatro décadas.

Entre el debate llevado a cabo en el Congreso de los Diputados en abril del 2014 -sobre la Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña para asumir la competencia que permitiera realizar una consulta sobre la independencia- y la celebración del referéndum no autorizado del 1-O han pasado casi cuatro años, y más de siete años desde la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut -declarando insconstitucional una parte del mismo- y los gravísimos incidentes del pasado domingo en Cataluña. Años en lo que el Gobierno de Rajoy minimizó las consecuencias de la creciente tensión que se venía fraguando entre las principales instituciones catalanas y el Estado. La estrategia de Rajoy fue dejar que las cosas se arreglaran por sí mismas. También respecto a Cataluña el presidente confió en que una buena gestión económica ayudara a superar el problema. Quizá pensó que una mejora de la economía sepultaría las reivindicaciones soberanistas.

Muchos hemos venido reclamando desde hace tiempo la necesidad de actualizar nuestro marco de convivencia reformando y actualizando la Constitución del 78. En esa dirección, en el transcurso de los últimos cinco años he publicado decenas de artículos reivindicando la oportunidad de abordar reformas legislativas. Uno de esos análisis -de 14 de abril de 2014- fue a raíz del rechazo en el Congreso de los Diputados a la petición del Parlament de demandar la competencia para Cataluña de poder llevar a cabo consultas. Entre otras cosas señalé lo siguiente:

«Desde hace al menos tres años vengo defendiendo alto y claro la necesidad de una reforma de la Constitución, de introducir cuantos cambios sean necesarios para adaptarla a la realidad del siglo XXI, para mejorar el encaje en la misma de los distintos territorios del Estado. Hay que poner al día la Constitución por la sencilla razón de que, más de tres décadas después de su aprobación, hay que poner al día el Estado. No cabe echarse las manos a la cabeza. Como apuntó días atrás el presidente del TC, hay que desdramatizar. En definitiva, hace falta ponerse manos a la obra.

A las demandas catalanas se unirá en breve otra petición de consulta por parte de los nacionalistas vascos -adelantada por su portavoz en el Congreso durante la sesión plenaria del martes-. Son muchos los territorios que piden cambios -en todos los ámbitos- de su relación con el Estado, y en el caso de Canarias venimos reclamando que se apuntalen constitucionalmente aspectos que son básicos para nuestra comunidad. Es necesario un cambio constitucional, y el camino no puede ser otro que el diálogo, la cooperación y el respeto institucional, esa concordia de la que tanto se habla –especialmente estas semanas, a raíz del fallecimiento de Adolfo Suárez– pero que tan poco se practica para avanzar en asuntos de Estado. Ya la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 25 de marzo -sobre la resolución de soberanía del Parlamento de Cataluña- apuntaba que el derecho a decidir debe plantearse mediante una propuesta de reforma de la Constitución….”

Años después, ahora que el desconcierto provocado por los últimos acontecimientos ha obligado al Jefe del Estado a comparecer, algunos tendrán que rendir cuentas y explicar a la ciudadanía de Cataluña y del resto de España por qué el diálogo, la cooperación y el respeto institucional no fue el camino escogido  para evitar resolver un conflicto que está agrietando los pilares del Estado. La irresponsabilidad de los responsables de ambos Gobiernos ha metido a España en un callejón al que ahora deben encontrarle una salida.