Si nos atenemos a los datos del referéndum del 78, los vascos tuvieron poca confianza en que la Constitución fuera el instrumento adecuado para encauzar sus peculiaridades -sólo la apoyó un 69%,con una abstención por encima del 55%-. Sin embargo, del amplísimo apoyo con el que contó la consulta en Cataluña podría deducirse que los catalanes confiaron en el nuevo marco normativo para desarrollar sus aspiraciones como pueblo.

¿Qué ha pasado para que en Cataluña hayamos pasado de un apoyo masivo a la Constitución a una situación de ruptura impulsada por las principales instituciones catalanas? ¿Qué es lo que ha fallado para que se produzca un divorcio tan radical entre las principales instituciones del Estado y Cataluña que amenaza seriamente con fracturar la convivencia social? Sin duda, ha fallado la política.

Las aspiraciones de Cataluña de lograr más autogobierno, mejor financiación y más inversiones del Estado han sido una constante a lo largo de estos 40 años de democracia. Ese ha sido el objetivo con gobiernos catalanes presididos por nacionalistas -Pujol, Mas o Puigdemont- o liderados por socialistas -Pasqual Maragall o Montilla-. Los lideres catalanes se habían movido hasta el 2012 conciliando la defensa de los intereses de su tierra con una posición muy comprometida en la estabilidad y gobernabilidad de España. Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Rodriguez Zapatero, desde el diálogo y el respeto a la Constitución, hicieron posible conciliar las aspiraciones catalanas con un compromiso de éstos con la gobernabilidad de España.

En noviembre de 2011 Rajoy consigue en plena crisis económica el mejor resultado del PP, con 186 diputados. El poco margen para hacer concesiones económicas que dejaba la crisis, los desafortunados compromisos incumplidos de Zapatero, la visceralidad del PP en su recurso al Estatut, la gestión prepotente de la mayoría absoluta de Rajoy y el entreguismo de la extinta CiU a la CUP constituyen factores que sumados han desembocado en una ruptura que ha contagiado al resto del entramado social.

En la política que se ha llevado a cabo, por unos y otros, está el problema. Pero es en la política donde debemos encontrar la solución. Las opciones que se pueden plantear en el ámbito político podrían ser, entre otras, las siguientes:

Primera. Puigdemont disuelve el Parlament y convoca elecciones en Cataluña. Es, sin duda, la mejor opción para todos. El PDeCAT -antigua Convergencia i Unió- encontraría una salida al laberinto en el que se ha ido metiendo dejando que sean los ciudadanos los que con su voto marquen el camino a seguir. En esta opción es probable que el nuevo Govern se pueda nuclear entorno a Ezquerra-En Comú o, en otro caso, pivotando sobre un proyecto catalanista -no independentista- con el PSC al frente.

Segunda. Moción de censura a Rajoy liderada por Pedro Sánchez con el apoyo de nacionalistas, Podemos e independentistas. Si llegaran a confluir las propuestas de espacios para el diálogo impulsadas por el PSOE y Podemos esta opción tomaría mucha fuerza.

Tercera. Si las cosas van a peor y el PSOE no fija una posición clara sobre el modelo de Estado -y, en particular, sobre cómo abordar el desafío de Cataluña- estamos en un escenario próximo al de unas elecciones generales.

La posibilidad de que Rajoy haga coincidir un adelanto de las elecciones generales con unas hipotéticas en Cataluña entra en las variantes que están sobre la mesa.

En unos casos por acción y en otros por inacción, la política ha colocado al país en una situación de tensión que no vivíamos desde el 23-F.  El Tribunal Constitucional, la Justicia, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los Mossos y el Tribunal de Cuentas tienen la responsabilidad de hacer respetar el Estado de Derecho que nos hemos dado. Pero sólo la política puede devolver el sosiego a la sociedad catalana, en particular, y a la española en general.