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Un plan extraordinario para dedicar unos recursos estatales igualmente extraordinarios -el extinto impuesto general sobre el tráfico de empresas- a acabar con los vertidos incontrolados al mar. La apuesta de las diferentes administraciones debe estar a la altura de la atención que merece la creciente preocupación ciudadana por la contaminación de nuestras aguas, así como por el efecto que pudiera tener en su sostenibilidad y sin duda sobre nuestro principal soporte económico: el turismo.

Dada la repercusión y dimensión que ha adquirido la polémica sobre las causas que originan las manchas marrones en el mar -con versiones contradictorias por parte de los científicos- desde el ámbito político debe ponerse en marcha de forma urgente una batería de acciones, medidas que reconduzcan la situación y el debate que han generado los vertidos incontrolados. No puede seguir creciendo la idea de que en Canarias se producen impunemente agresiones salvajes al medioambiente porque va a repercutir en el número de turistas que nos visitan y, muy especialmente, en la calidad y poder adquisitivo de los mismos. Junto a las carencias de las que hemos partido en las Islas, nuestro déficit en saneamiento, depuración y vertidos tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento territorial, poblacional y económico.

Cuando llegó la democracia, hace cuatro décadas, una parte importante de la población seguía sin luz ni agua corriente. Nuestras calles eran caminos polvorientos de tierra y nuestros niveles de escolarización nos condenaban a unos índices de analfabetismo vergonzante. No nos iba mejor con nuestra sanidad, ni con la vivienda pública ni con las medidas de apoyo social. La mayoría del saneamiento en el Archipiélago se articulaba entorno al “pozo negro” y la taquilla séptica. Canarias era así hace menos de lo que creemos.

La enorme dispersión de la población no favoreció la instalación de redes de saneamiento. Por una parte, las hacía muy costosas; y, por otra, eran inversiones que “no se veían”. Paralelamente, el frenético crecimiento de la construcción, el turismo y la población fueron por delante de la capacidad económica y física que teníamos para crear las infraestructuras básicas que le dieran soporte.

Las carencias en carreteras, instalaciones deportivas, culturales, redes de agua o alumbrado público son reversibles sólo con recursos económicos y una buena planificación. Las carencias en el control de los vertidos de aguas incontroladas al mar nos está llevando a una contaminación del mismo, con las consiguientes repercusiones -negativas- para nuestra vida y para la economía.

El debate político, mediático y científico entorno a la causa-efecto que pudiera haber entre vertidos incontrolados en el mar y las microalgas que afean nuestro mar promete ser largo e intenso. Sin entrar a valorar si la razón está de parte de quienes asocian la contaminación de las aguas del mar con la aparición de las cianobacterias o de aquellos que sostienen que las mismas son producto de otros fenómenos naturales, y sin dar o quitar razones a los que opinan que las microalgas pueden afectar gravemente a nuestra salud y a quienes sostienen que en todo caso la potencial afección no supone gravedad para la misma, hay que ir tomando decisiones sobre aquellos factores y elementos que esfán en nuestras manos.

Controlar los vertidos al mar y evitar la contaminación está en manos de las administraciones públicas. Hagamos, pues, frente a este flanco. Las carencias en los sistemas de saneamiento, depuración, aprovechamiento y vertidos de aguas afecta a todas las islas y a la mayoría de los 88 municipios de Canarias. Todos los partidos políticos gobiernan o cogobiernan en municipios que necesitan mejorar sus sistemas de saneamiento. Todos somos conscientes de la importancia que tiene la apuesta por la sostenibilidad como pilar en el que debe asentarse un turismo de calidad en el Archipiélago, garantizando además un mejor futuro para la nuevas generaciones.

El polvo sahariano, la temperatura del agua  o cualquier otro elemento natural son factores que van más allá de decisiones que estén en nuestras manos a corto plazo. Pero hay elementos que sí pueden y deben abordarse desde el ámbito político. Después de ocho terribles años de sequía económica y asfixia presupuestaria, las cuentas públicas permiten, ahora sí, afrontar inversiones y mejoras en la calidad de los servicios públicos; máxime teniendo en cuenta un ingreso extraordinario de 160 millones de euros al año del extinto impuesto del tráfico de empresas.

Canarias tiene fondos extraordinarios con los que abordar un problema extraordinario. Tenemos un problema y tenemos los recursos. Es hora de dar el paso, ha llegado el momento de que desde lo público se tome una decisión tan extraordinaria como imprescindible.